El secretario de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Neme, deberá concurrir a Tribunales para dar explicaciones. El fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, lo citó a declarar como imputado el próximo viernes, por la presunta compra de un terreno sobrevaluado para la construcción del complejo habitacional Lomas de Tafí, en Los Pocitos (Tafí Viejo), cuando fue director del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU).
Jerez realizó la citación en el marco de la investigación que inició a partir de la denuncia que, en julio pasado, efectuó Andrés Elías Cabral, padre del actual director del IPVDU, Hugo Cabral.
"En cuanto a la compra del terreno, que se deberá pagar durante cuatro años, surge otra situación irregular. La operación realizada por $ 12,8 millones se podría decir que es demasiado onerosa, teniendo en cuenta que en su oportunidad la comisión de Tasación de la Provincia, mediante expediente de la Secretaría de Obras Públicas, tasó esos terrenos en $ 8 millones", aseguró el denunciante.
En diciembre de 1999, se firmó el contrato por el cual el Poder Ejecutivo adquirió al Banco Empresario el predio de 400 hectáreas, donde se proyectó la construcción de 7.500 viviendas mediante una inversión de $ 300 millones.
Numerosos oficios
"Como único argumento para justificar el precio pagado, Neme declaró que ?ya había empresas constructoras que estaban ofreciendo más que lo que el Gobierno había pagado?", precisó Cabral.
Antes de citar al funcionario, Jerez solicitó el informe sobre impacto ambiental a la Dirección de Medio Ambiente. También libró oficios al Registro Inmobiliario, a la Dirección de Catastro (sobre la valuación del terreno) y al Banco Empresario, para que le remita una copia certificada del instrumento por medio del cual el gobierno de Julio Miranda adquirió el inmueble.
Jerez realizó la citación en el marco de la investigación que inició a partir de la denuncia que, en julio pasado, efectuó Andrés Elías Cabral, padre del actual director del IPVDU, Hugo Cabral.
"En cuanto a la compra del terreno, que se deberá pagar durante cuatro años, surge otra situación irregular. La operación realizada por $ 12,8 millones se podría decir que es demasiado onerosa, teniendo en cuenta que en su oportunidad la comisión de Tasación de la Provincia, mediante expediente de la Secretaría de Obras Públicas, tasó esos terrenos en $ 8 millones", aseguró el denunciante.
En diciembre de 1999, se firmó el contrato por el cual el Poder Ejecutivo adquirió al Banco Empresario el predio de 400 hectáreas, donde se proyectó la construcción de 7.500 viviendas mediante una inversión de $ 300 millones.
Numerosos oficios
"Como único argumento para justificar el precio pagado, Neme declaró que ?ya había empresas constructoras que estaban ofreciendo más que lo que el Gobierno había pagado?", precisó Cabral.
Antes de citar al funcionario, Jerez solicitó el informe sobre impacto ambiental a la Dirección de Medio Ambiente. También libró oficios al Registro Inmobiliario, a la Dirección de Catastro (sobre la valuación del terreno) y al Banco Empresario, para que le remita una copia certificada del instrumento por medio del cual el gobierno de Julio Miranda adquirió el inmueble.
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