La decisión del Ente Regulador Provincial de Energía en Tucumán (Epret) de aumentar el 8,1% las tarifas de la luz para el período mayo, julio y julio, provocó un generalizado rechazo por parte de entidades de usuarios, la Federación Económica de Tucumán (FET), los pequeños y medios empresarios y distintos partidos políticos de la oposición. Todos coincidieron en calificar el ajuste como " ilegítimo, arbitrario y aberrante".
Mientras tanto, aguardan con suma expectativa la resolución del recurso amparo que se presentó en la Cámara Contencioso Administrativo donde se solicitó que declare nula la controvertida audiencia pública convocada por el Epret. Un fallo favorable echaría por tierra el ajuste tarifario.
Los argumentos
El titular de la FET, Eduardo El Eter tomó una actitud prudente. "Confiamos en la Justicia ya que allí presentamos, junto al Defensor del Pueblo, todas las pruebas de que un aumento es injustificado", dijo. "La audiencia fue ilegítima y no se puede aceptar una suma retroactiva", agregó. "Además es irrisorio que el Epret diga que el aumento es pequeño ya que opina por el bolsillo ajeno de manera muy especial", sostuvo. El empresario adelantó en que esta semana podría haber novedades en los tribunales.
Silvia Temkin de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) insistió que el ajuste es ilegitimo. "Nadie está en condiciones de pagar un impuestazo aberrante ", aseveró.
Los representantes de Pueblo Unido, el Partido Socialista Popular, la Unión Cívica Radical, la Democracia Cristiana y el Movimiento de Integración y Desarrollo, también salieron con los tapones de punta a rechazar esta suba. "Repudiamos esta actitud del gobierno que perjudica a los usuarios", explicó Gumersindo Parajón. "Y en el supuesto caso que se concrete este aumento, ya que falta que se expida la justicia, pediremos que sea el Estado el que se haga cargo del ajuste", agregó. El legislador Rodolfo Succar resaltó que el gobierno está obligado a remitir a la Legislatura cualquier ajuste tarifario.
El radical José Ricardo Ascárate sugirió que hubo arreglos de trastienda para el aumento. "Las reuniones entre Roberto Carro (Epret), el gerente de Edet, Mario Donoso, un asesor del PE y el gobernador en un cuarto de hotel demuestra la desfachatez con que se sigue actuando y una afirmación más de la indecencia política que destruye a la provincia", criticó. José Paéz (DC) y Juan Carlos Bertrand (Mid) remarcaron que ante este nuevo escenario la desobediencia civil con el no pago del servicio, es la herramienta que tienen los usuarios para contrarrestar el ajuste.
"El aumento no es representativo"
Sólo el ente regulador defendió el incremento para las boletas de Edet. Ernesto Saboya, integrante del directorio del organismo, resaltó que el aumento en las categorías que consumen menos energía, como por ejemplo $ 20 por bimestre, sólo pagarán $ 1,60 más. " El aumento no es representativo, ya que $ 0,80 por mes es poco", aclaró ayer a LA GACETA. "Y si el usuario paga un consumo de $ 60, el ajuste será de casi $ 5", añadió.
Consultado sobre la no implementación de una tarifa social, como se había admitido en un principio por pedido expreso del gobernador Julio Miranda, el funcionario destacó: "no la descartamos para un futuro, pero necesitamos otros elementos para ponerla en práctica ahora".
Por primera vez, el ente regulador remitió una resolución al Poder Ejecutivo para que determine a partir desde cuándo se aplicará el nuevo cuadro tarifario y si se reconocerá la retroactividad a mayo pasado, tal como lo pidió la empresa distribuidora de energía.
"El período que revisamos las tarifas fue mayo, junio y julio, pero no decimos que sea retroactivo; para ello el PE cuenta con herramientas jurídicas como un decreto y decidir que el ajuste del 8,1% puede ser a partir de octubre o no, porque eso excede a nuestra misión", insistió. "La empresa podrá aceptar la decisión o presentar un recurso de rechazo", agregó.
"A nadie le gusta que le toquen el bolsillo -reconoció el funcionario-, pero tenemos que darle sustentabilidad al servicio eléctrico ya que hace a nuestra calidad de vida".
No obstante, aseveró que el aumento de la luz que dieron es mucho menor que el que sufrieron la carne, la leche o el combustible desde diciembre a la fecha.
El Ejecutivo analizará durante los primeros días de la semana la decisión que le trasladó el Epret.
Mientras tanto, aguardan con suma expectativa la resolución del recurso amparo que se presentó en la Cámara Contencioso Administrativo donde se solicitó que declare nula la controvertida audiencia pública convocada por el Epret. Un fallo favorable echaría por tierra el ajuste tarifario.
Los argumentos
El titular de la FET, Eduardo El Eter tomó una actitud prudente. "Confiamos en la Justicia ya que allí presentamos, junto al Defensor del Pueblo, todas las pruebas de que un aumento es injustificado", dijo. "La audiencia fue ilegítima y no se puede aceptar una suma retroactiva", agregó. "Además es irrisorio que el Epret diga que el aumento es pequeño ya que opina por el bolsillo ajeno de manera muy especial", sostuvo. El empresario adelantó en que esta semana podría haber novedades en los tribunales.
Silvia Temkin de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) insistió que el ajuste es ilegitimo. "Nadie está en condiciones de pagar un impuestazo aberrante ", aseveró.
Los representantes de Pueblo Unido, el Partido Socialista Popular, la Unión Cívica Radical, la Democracia Cristiana y el Movimiento de Integración y Desarrollo, también salieron con los tapones de punta a rechazar esta suba. "Repudiamos esta actitud del gobierno que perjudica a los usuarios", explicó Gumersindo Parajón. "Y en el supuesto caso que se concrete este aumento, ya que falta que se expida la justicia, pediremos que sea el Estado el que se haga cargo del ajuste", agregó. El legislador Rodolfo Succar resaltó que el gobierno está obligado a remitir a la Legislatura cualquier ajuste tarifario.
El radical José Ricardo Ascárate sugirió que hubo arreglos de trastienda para el aumento. "Las reuniones entre Roberto Carro (Epret), el gerente de Edet, Mario Donoso, un asesor del PE y el gobernador en un cuarto de hotel demuestra la desfachatez con que se sigue actuando y una afirmación más de la indecencia política que destruye a la provincia", criticó. José Paéz (DC) y Juan Carlos Bertrand (Mid) remarcaron que ante este nuevo escenario la desobediencia civil con el no pago del servicio, es la herramienta que tienen los usuarios para contrarrestar el ajuste.
Sólo el ente regulador defendió el incremento para las boletas de Edet. Ernesto Saboya, integrante del directorio del organismo, resaltó que el aumento en las categorías que consumen menos energía, como por ejemplo $ 20 por bimestre, sólo pagarán $ 1,60 más. " El aumento no es representativo, ya que $ 0,80 por mes es poco", aclaró ayer a LA GACETA. "Y si el usuario paga un consumo de $ 60, el ajuste será de casi $ 5", añadió.
Consultado sobre la no implementación de una tarifa social, como se había admitido en un principio por pedido expreso del gobernador Julio Miranda, el funcionario destacó: "no la descartamos para un futuro, pero necesitamos otros elementos para ponerla en práctica ahora".
Por primera vez, el ente regulador remitió una resolución al Poder Ejecutivo para que determine a partir desde cuándo se aplicará el nuevo cuadro tarifario y si se reconocerá la retroactividad a mayo pasado, tal como lo pidió la empresa distribuidora de energía.
"El período que revisamos las tarifas fue mayo, junio y julio, pero no decimos que sea retroactivo; para ello el PE cuenta con herramientas jurídicas como un decreto y decidir que el ajuste del 8,1% puede ser a partir de octubre o no, porque eso excede a nuestra misión", insistió. "La empresa podrá aceptar la decisión o presentar un recurso de rechazo", agregó.
"A nadie le gusta que le toquen el bolsillo -reconoció el funcionario-, pero tenemos que darle sustentabilidad al servicio eléctrico ya que hace a nuestra calidad de vida".
No obstante, aseveró que el aumento de la luz que dieron es mucho menor que el que sufrieron la carne, la leche o el combustible desde diciembre a la fecha.
El Ejecutivo analizará durante los primeros días de la semana la decisión que le trasladó el Epret.
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