El legislador Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) se mostró ayer orgulloso de la Legislatura y defendió a los parlamentarios que, a diferencia de él, no pidieron el desafuero para poder declarar como imputados ante el juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Pérez. Este investiga el supuesto pago de coimas a quienes votaron la ley que habilitó la reforma de la Constitución provincial.
"Tienen una justificada desconfianza y temor de concurrir a Tribunales. Le temen a un proceso que presenta irregularidades y puede tener parcialidad, pero no porque haya algo que esconder", aseguró Vargas Aignasse tras salir del despacho de Pérez.
El justicialista recordó que en junio, cuando Pérez solicitó el desafuero de los 27 parlamentarios reformistas, en el requerimiento "aparecieron legisladores con sexo indefinido, de nacionalidad boliviana, o con patrimonio a nombre de hijos fallecidos".
Pérez le imputó a Vargas Aignasse presunto cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito. Guillermo Vargas Aignasse, hermano y abogado del legislador, anticipó que pedirá el sobreseimiento.
El justicialista aportó sus declaraciones juradas, que incluían los bienes de su madre, adquiridos a principios de la década de 1990. Esto caldeó la audiencia, ya que Vargas Aignasse cuestionó que se la haya mencionado en la imputación por enriquecimiento ilícito. Pidió que se oficie a las escribanías para determinar sus bienes y recordó que cobró U$S 230.000 por la desaparición de su padre, Guillermo Vargas Aignasse, durante el Proceso Militar.
Jerez planteó una dura recusación
El fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, recusó en duros términos a la jueza penal Emma de Nucci, por anular una prueba en la causa por presunta malversación de fondos contra el director de Transporte, Enrique Romero. A este Jerez lo investiga por la compra directa, sin licitación, de cinco camionetas.
Jerez, quien ya apeló ante la Cámara Penal la resolución de la magistrada, aseguró que sobre el mismo tema emitió dos decisiones diferentes. El 26 de junio dispuso no hacer lugar a la nulidad interpuesta por Romero contra la respuesta de un oficio (de una empresa a la que se le rechazó una propuesta) y el 3 del corriente declaró nulo ese acto. "Esto lleva a considerar que el principio de independencia del juez no se encuentra resguardado", dijo. El fiscal también afirmó que, "en otra causa de Romero, De Nucci autorizó a empleados de su juzgado a que tramiten exhortos solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, es decir, que efectúen diligencias propias del Ministerio Público". Por esto, la Corte Suprema le solicitó un informe a la jueza.
Jerez hizo reserva para plantear una casación ante la Corte local y para llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación.
"Tienen una justificada desconfianza y temor de concurrir a Tribunales. Le temen a un proceso que presenta irregularidades y puede tener parcialidad, pero no porque haya algo que esconder", aseguró Vargas Aignasse tras salir del despacho de Pérez.
El justicialista recordó que en junio, cuando Pérez solicitó el desafuero de los 27 parlamentarios reformistas, en el requerimiento "aparecieron legisladores con sexo indefinido, de nacionalidad boliviana, o con patrimonio a nombre de hijos fallecidos".
Pérez le imputó a Vargas Aignasse presunto cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito. Guillermo Vargas Aignasse, hermano y abogado del legislador, anticipó que pedirá el sobreseimiento.
El justicialista aportó sus declaraciones juradas, que incluían los bienes de su madre, adquiridos a principios de la década de 1990. Esto caldeó la audiencia, ya que Vargas Aignasse cuestionó que se la haya mencionado en la imputación por enriquecimiento ilícito. Pidió que se oficie a las escribanías para determinar sus bienes y recordó que cobró U$S 230.000 por la desaparición de su padre, Guillermo Vargas Aignasse, durante el Proceso Militar.
El fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, recusó en duros términos a la jueza penal Emma de Nucci, por anular una prueba en la causa por presunta malversación de fondos contra el director de Transporte, Enrique Romero. A este Jerez lo investiga por la compra directa, sin licitación, de cinco camionetas.
Jerez, quien ya apeló ante la Cámara Penal la resolución de la magistrada, aseguró que sobre el mismo tema emitió dos decisiones diferentes. El 26 de junio dispuso no hacer lugar a la nulidad interpuesta por Romero contra la respuesta de un oficio (de una empresa a la que se le rechazó una propuesta) y el 3 del corriente declaró nulo ese acto. "Esto lleva a considerar que el principio de independencia del juez no se encuentra resguardado", dijo. El fiscal también afirmó que, "en otra causa de Romero, De Nucci autorizó a empleados de su juzgado a que tramiten exhortos solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, es decir, que efectúen diligencias propias del Ministerio Público". Por esto, la Corte Suprema le solicitó un informe a la jueza.
Jerez hizo reserva para plantear una casación ante la Corte local y para llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación.
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