La Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (Fentos), a través de Rubén Pereyra, y el Sindicato Tucumán del Personal de Obras Sanitarias (Sitpos), con la firma de Marcelo Romano, reclamaron precisiones al gobernador Julio Miranda sobre el destino del servicio de agua potable y cloacas. También plantearon inquietudes respecto del acta suscripta entre el Poder Ejecutivo y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa).
Las organizaciones precisaron su preocupación por un punto del acuerdo firmado este semana. "El punto C pauta que una vez constituida la Sapem (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), esta iniciará el proceso de licitación del gerenciamiento. Luego, sorpresivamente, establece la siguiente reserva: o lo contratará bajo otra modalidad, según estime conveniente", señalaron.
Fentos y el Sitpos se preguntan qué interpretación deben dar a la última parte del texto. "Pareciera que podría no licitarse el aludido gerenciamiento privado", advierten.
Además, le recuerdan a Miranda el estado crítico de los servicios de la empresa por desinversión, la deuda con proveedores, "y ante el permanente riesgo de colapso". Tras apuntar que la situación resulta insostenible, apelaron a la responsabilidad política de Miranda para que tome decisiones que preserven el servicio.Finalmente, piden precisiones sobre si se modificará el cuadro tarifario del servicio.
Las organizaciones precisaron su preocupación por un punto del acuerdo firmado este semana. "El punto C pauta que una vez constituida la Sapem (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), esta iniciará el proceso de licitación del gerenciamiento. Luego, sorpresivamente, establece la siguiente reserva: o lo contratará bajo otra modalidad, según estime conveniente", señalaron.
Fentos y el Sitpos se preguntan qué interpretación deben dar a la última parte del texto. "Pareciera que podría no licitarse el aludido gerenciamiento privado", advierten.
Además, le recuerdan a Miranda el estado crítico de los servicios de la empresa por desinversión, la deuda con proveedores, "y ante el permanente riesgo de colapso". Tras apuntar que la situación resulta insostenible, apelaron a la responsabilidad política de Miranda para que tome decisiones que preserven el servicio.Finalmente, piden precisiones sobre si se modificará el cuadro tarifario del servicio.
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