Un 30% de lo recaudado sería para los sueldos

Los concejales de la capital buscan alternativas para saldar deudas con las categorías altas. El cuerpo puso en aprietos al intendente Antonio Alvarez.

Por Redacción Política 11 Octubre 2002
Ayer, mediante una ordenanza, el Concejo Deliberante de la capital puso en aprietos al intendente Antonio Alvarez. El cuerpo dispuso que un 30% de la recaudación diaria que ingresa a las rentas del municipio se destine al pago de los sueldos de los empleados de las categorías 20 en adelante y fuera de escala, mientras dure la asistencia financiera otorgada por el Gobierno provincial a la capital.
La iniciativa fue propuesta por el concejal Jorge Mendía. Este se quejó de que "muchos créditos del municipio se paguen en tiempo y forma a costa del atraso salarial de cinco meses de los empleados de las categorías altas y hasta de un año del personal contratado".
Alvarez puede vetar la ordenanza. Pero, en caso de promulgarla, tendrá que redistribuir los recursos para poder cumplir.
Durante la sesión, los ediles también aprobaron para el corriente año un presupuesto de $ 117,6 millones. "Comparado con el de 2001 hay un recorte de 11,8 millones (9,14%)", aseguró el peronista Héctor Vides. De acuerdo con lo aprobado, hay 4.849 empleados de planta permanente y 221 temporarios. Estos números pueden ser modificados, pero sin incrementar los créditos asignados al rubro personal.

Importantes licitaciones
El Concejo autorizó el llamado a dos importantes licitaciones. En el primer caso sancionó el pliego de bases y condiciones para la concesión del servicio de la línea 3 de ómnibus, actualmente en manos de una UTE. En el segundo caso, los ediles autorizaron al Departamento Ejecutivo para que en 30 días remita el marco jurídico para licitar el sistema de distribución y venta de cospeles, que hoy lo tiene la empresa Trapasa (el 18 del corriente se le prorrogaría por dos meses).
"En el caso de los ómnibus será la primera licitación en 11 años", dijo Osvaldo Nieva (Pueblo Unido).
También se estableció un plazo de 120 días para que las empresas telefónicas retiren los cables que cruzan las calles, en forma oblicua o perpendicular a los tendidos municipales. Podrían ser multadas con hasta $ 10.000 por cuadra.

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