"No nos dan la plata por razones económicas, sino por problemas políticos". Así lo expresó ayer a LA GACETA el intendente de la capital, Antonio Alvarez, al cuestionar la actitud de funcionarios del Poder Ejecutivo con respecto a la intendencia. "Hay discriminación política", acotó al referirse a los $ 2,1 millones que la Provincia no le transfiere a la Municipalidad.
Además, denunció que desde la Casa de Gobierno se fomenta la teoría de la falta de gobernabilidad para justificar la intervención del municipio. La crítica estuvo dirigida especialmente al secretario general de la Gobernación, Fernando Juri Debo.
Alvarez recordó que cuando el PE firmó el pacto social, o de gobernabilidad, con los municipios, "reconoció que todos estaban quebrados". "A su vez, las municipalidades admitían que no podían funcionar sin la ayuda del Gobierno", acotó. "Pero, mientras a todos los municipios del interior les giraron los fondos de agosto, a la capital aún no le envían los $ 2,1 millones; eso es discriminación", añadió.
Gobiernos conservadores
El jefe municipal cargó contra su antecesor, Raúl Topa. "Con la ayuda de la Provincia hundió aún más al municipio; yo digo que con los $ 2,1 millones se puede funcionar bien. Pero a mí, con 30 días de gestión, me quieren hacer responsable de 16 años de gobiernos conservadores en la intendencia", señaló.
Alvarez sostiene que desde el PE no le enviaron los recursos en término, "a la espera de que me cayese en 15 días para intervenir", dijo. "Pero conseguí un crédito de $ 3,5 millones, cuya segunda remesa, de $ 800.000, llega esta semana", apuntó.
También mencionó que algunos sectores gremiales reciben alicientes desde el propio gabinete. Señaló que desde el PE se mantienen contactos con el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Héctor Modesto Suárez, "para generar el caos y justificar la teoría de que no hay gobernabilidad y que es necesaria la intervención".
Alvarez dejó a salvo de sus acusaciones al gobernador Julio Miranda. "Sólo a un sector del Gobierno le endilgo las culpas", dijo. El intendente mencionó que le pedirá una definición al PE sobre este tema. "Si su intención no es intervenir el municipio, entonces le pediré que cumpla con el pacto de gobernabilidad y envíe los $ 2,1 millones a la capital", destacó. Además, se preguntó: "si para el interventor habrá $ 2,1 millones, ¿por qué no me los dan a mí?". Sostuvo que se habla de intervención con premisas falsas.
"No permitiré que me maten por ahogamiento lento; sólo les reclamaré el mismo trato que le dieron a Topa. No soy responsable de la crisis y pelearé la representatividad de los vecinos de la capital y de sus intereses", manifestó.
Entre otras cosas, anunció que está próximo un acuerdo con el Banco del Tucumán para refinanciar la deuda municipal. "Con lo que podríamos disponer de hasta $ 800.000 mensuales", dijo. También anticipó que negociará con la empresa 9 de Julio un contrato mensual de hasta $ 700.000, "si no se tendrá que ir", y que llegará a un acuerdo con los vendedores ambulantes.
Nuevas protestas
Por su parte, los municipales, tanto del sector de autoconvocados como desde el Sindicato, adelantaron que proseguirán hoy las medidas de fuerza y las movilizaciones callejeras en demanda del pago de los sueldos de agosto.
Además, denunció que desde la Casa de Gobierno se fomenta la teoría de la falta de gobernabilidad para justificar la intervención del municipio. La crítica estuvo dirigida especialmente al secretario general de la Gobernación, Fernando Juri Debo.
Alvarez recordó que cuando el PE firmó el pacto social, o de gobernabilidad, con los municipios, "reconoció que todos estaban quebrados". "A su vez, las municipalidades admitían que no podían funcionar sin la ayuda del Gobierno", acotó. "Pero, mientras a todos los municipios del interior les giraron los fondos de agosto, a la capital aún no le envían los $ 2,1 millones; eso es discriminación", añadió.
Gobiernos conservadores
El jefe municipal cargó contra su antecesor, Raúl Topa. "Con la ayuda de la Provincia hundió aún más al municipio; yo digo que con los $ 2,1 millones se puede funcionar bien. Pero a mí, con 30 días de gestión, me quieren hacer responsable de 16 años de gobiernos conservadores en la intendencia", señaló.
Alvarez sostiene que desde el PE no le enviaron los recursos en término, "a la espera de que me cayese en 15 días para intervenir", dijo. "Pero conseguí un crédito de $ 3,5 millones, cuya segunda remesa, de $ 800.000, llega esta semana", apuntó.
También mencionó que algunos sectores gremiales reciben alicientes desde el propio gabinete. Señaló que desde el PE se mantienen contactos con el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Héctor Modesto Suárez, "para generar el caos y justificar la teoría de que no hay gobernabilidad y que es necesaria la intervención".
Alvarez dejó a salvo de sus acusaciones al gobernador Julio Miranda. "Sólo a un sector del Gobierno le endilgo las culpas", dijo. El intendente mencionó que le pedirá una definición al PE sobre este tema. "Si su intención no es intervenir el municipio, entonces le pediré que cumpla con el pacto de gobernabilidad y envíe los $ 2,1 millones a la capital", destacó. Además, se preguntó: "si para el interventor habrá $ 2,1 millones, ¿por qué no me los dan a mí?". Sostuvo que se habla de intervención con premisas falsas.
"No permitiré que me maten por ahogamiento lento; sólo les reclamaré el mismo trato que le dieron a Topa. No soy responsable de la crisis y pelearé la representatividad de los vecinos de la capital y de sus intereses", manifestó.
Entre otras cosas, anunció que está próximo un acuerdo con el Banco del Tucumán para refinanciar la deuda municipal. "Con lo que podríamos disponer de hasta $ 800.000 mensuales", dijo. También anticipó que negociará con la empresa 9 de Julio un contrato mensual de hasta $ 700.000, "si no se tendrá que ir", y que llegará a un acuerdo con los vendedores ambulantes.
Nuevas protestas
Por su parte, los municipales, tanto del sector de autoconvocados como desde el Sindicato, adelantaron que proseguirán hoy las medidas de fuerza y las movilizaciones callejeras en demanda del pago de los sueldos de agosto.
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