El secretario de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos López, le solicitó al Colegio de Abogados que determine si corresponde que el tribunal de ética y disciplina de esa institución intervenga en relación con una presentación que él efectuó ante el ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, en contra del letrado Ezequiel José Avila Gallo (h).
En la nota elevada a De Mitri, López recordó que el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, investiga dos causas en las que Avila Gallo (h) se desempeña como abogado defensor de personas imputadas. El primer expediente corresponde al presunto fraude en perjuicio de la administración pública por la compra directa, por parte de la Dirección de Comercio Interior y Transporte -que encabeza Enrique Romero-, de cinco camionetas. El segundo es por la supuesta defraudación en contra del Estado durante la subconcesión del tren Jardín de la República (ex El Tucumano) a la empresa NOA Ferrocarriles.
López sostiene que Avila Gallo (h) defiende imputados de perjudicar al Estado, no obstante ser o haber sido en el momento de la sustanciación de las investigaciones "empleado de la administración pública". "Puede observarse que existiría una incompatibilidad manifiesta de intervenir en toda causa en la cual sea damnificada la administración pública, con lo que se podría configurar la figura normada por el artículo 271 del Código Penal", dijo el secretario de Jerez. Este adjuntó dos decretos del Poder Ejecutivo, de marzo y abril de 2000, sobre la designación y la oficina en la que Avila Gallo (h) se desempeñaría.El artículo 271 del Código Penal prevé una multa y una inhabilitación especial de uno a seis años para el abogado o mandatario judicial que defienda o represente a partes contrarias en el mismo juicio. López también le pidió al presidente del Colegio de Abogados, Carlos Parajón Canteli, que analice si la conducta de Avila Gallo (h) se encuadra en ese tipo.
Agria disputa
De Mitri podría archivar la comunicación de López o bien pedirle que, si considera que está en presencia de un delito, concrete la denuncie penal correspondiente.
La nueva presentación se inscribe en la dura polémica que Romero mantiene con la Fiscalía Anticorrupción por las dos investigaciones que esta lleva en su contra. El funcionario advirtió que pedirá a la Corte Suprema de Justicia de la provincia que remueva a López.
En la nota elevada a De Mitri, López recordó que el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, investiga dos causas en las que Avila Gallo (h) se desempeña como abogado defensor de personas imputadas. El primer expediente corresponde al presunto fraude en perjuicio de la administración pública por la compra directa, por parte de la Dirección de Comercio Interior y Transporte -que encabeza Enrique Romero-, de cinco camionetas. El segundo es por la supuesta defraudación en contra del Estado durante la subconcesión del tren Jardín de la República (ex El Tucumano) a la empresa NOA Ferrocarriles.
López sostiene que Avila Gallo (h) defiende imputados de perjudicar al Estado, no obstante ser o haber sido en el momento de la sustanciación de las investigaciones "empleado de la administración pública". "Puede observarse que existiría una incompatibilidad manifiesta de intervenir en toda causa en la cual sea damnificada la administración pública, con lo que se podría configurar la figura normada por el artículo 271 del Código Penal", dijo el secretario de Jerez. Este adjuntó dos decretos del Poder Ejecutivo, de marzo y abril de 2000, sobre la designación y la oficina en la que Avila Gallo (h) se desempeñaría.El artículo 271 del Código Penal prevé una multa y una inhabilitación especial de uno a seis años para el abogado o mandatario judicial que defienda o represente a partes contrarias en el mismo juicio. López también le pidió al presidente del Colegio de Abogados, Carlos Parajón Canteli, que analice si la conducta de Avila Gallo (h) se encuadra en ese tipo.
Agria disputa
De Mitri podría archivar la comunicación de López o bien pedirle que, si considera que está en presencia de un delito, concrete la denuncie penal correspondiente.
La nueva presentación se inscribe en la dura polémica que Romero mantiene con la Fiscalía Anticorrupción por las dos investigaciones que esta lleva en su contra. El funcionario advirtió que pedirá a la Corte Suprema de Justicia de la provincia que remueva a López.
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