Si hubiera que hacer un balance de lo vivido en los últimos días en la Municipalidad de esta ciudad todo podría resumirse a un juego del desconfío. La posibilidad de que el Poder Ejecutivo intervenga el municipio conducido por Antonio Alvarez no se disipó. Por el contrario, habrá un compás de espera hasta mediados de esta semana.
Alvarez tiene que llevar a la Casa de Gobierno resultados sobre la política de ajuste fiscal y proyectos para restablecer los servicios a la comunidad. A su vez, en el Ejecutivo consideran que existe una anarquía gremial que se comprueba con las gestiones por separado que hacen distintos grupos sindicales en oficinas ministeriales. Además, según confiaron a LA GACETA algunos colaboradores del gobernador Julio Miranda, las manifestaciones ponen en vilo la paz social de la provincia.
Sigue la protesta
Los municipales (los adheridos al gremio y los autoconvocados) continuarán mañana con las protestas. Sospechan que el Ejecutivo no girará fondos para pagar los sueldos de agosto a las categorías más bajas del escalafón.
El Gobierno sólo estima que el martes habrá una respuesta al reclamo salarial, pero supeditan ese anuncio a que la Nación gire recursos. En estas condiciones, el pacto de gobernabilidad sería sólo una muestra de voluntad, pero el PE espera soluciones de fondo a la crisis capitalina.
En el oficialismo legislativo piden reglas de juego claras
"Quiero reglas de juego claras". Tajantemente, el titular del bloque del Frente Fundacional, José Gutiérrez, reveló ayer a LA GACETA que recibió llamadas telefónicas desde el Poder Ejecutivo para avanzar con el proyecto de intervención al municipio capitalino.
Gutiérrez preside la comisión parlamentaria de Interior, donde se encuentran el proyecto intervencionista del PE y el de su autoría, que promueve la modificación de la cantidad de votos necesarios para aplicar el remedio en los municipios (de los 27 sufragios actuales a los 21).
Antes de tomar una decisión, el ex comisionado rural de Garmendia quiere reunirse con funcionarios del Ejecutivo para saber cuál será la estrategia. En realidad, lo que reclama el oficialista son actitudes públicas de la Casa de Gobierno frente al espinoso tema de la intervención y definiciones sobre si habrá acompañamiento del PE en caso de que el bloque justicialista motorice la iniciativa. "No quiero que ocurra como cuando renunció (Raúl) Topa, que propuse una cosa y después quedé como el malo de la película", puntualizó.
En el PE, el secretario general de la Gobernación, Fernando Juri Debo, había sugerido días pasados que si no cambia la situación municipal el desenlace era previsible. Como un modo de poner paños fríos, su primo, el ministro de Gobierno, Fernando Juri, descartó por ahora intervención alguna.
Alvarez tiene que llevar a la Casa de Gobierno resultados sobre la política de ajuste fiscal y proyectos para restablecer los servicios a la comunidad. A su vez, en el Ejecutivo consideran que existe una anarquía gremial que se comprueba con las gestiones por separado que hacen distintos grupos sindicales en oficinas ministeriales. Además, según confiaron a LA GACETA algunos colaboradores del gobernador Julio Miranda, las manifestaciones ponen en vilo la paz social de la provincia.
Sigue la protesta
Los municipales (los adheridos al gremio y los autoconvocados) continuarán mañana con las protestas. Sospechan que el Ejecutivo no girará fondos para pagar los sueldos de agosto a las categorías más bajas del escalafón.
El Gobierno sólo estima que el martes habrá una respuesta al reclamo salarial, pero supeditan ese anuncio a que la Nación gire recursos. En estas condiciones, el pacto de gobernabilidad sería sólo una muestra de voluntad, pero el PE espera soluciones de fondo a la crisis capitalina.
"Quiero reglas de juego claras". Tajantemente, el titular del bloque del Frente Fundacional, José Gutiérrez, reveló ayer a LA GACETA que recibió llamadas telefónicas desde el Poder Ejecutivo para avanzar con el proyecto de intervención al municipio capitalino.
Gutiérrez preside la comisión parlamentaria de Interior, donde se encuentran el proyecto intervencionista del PE y el de su autoría, que promueve la modificación de la cantidad de votos necesarios para aplicar el remedio en los municipios (de los 27 sufragios actuales a los 21).
Antes de tomar una decisión, el ex comisionado rural de Garmendia quiere reunirse con funcionarios del Ejecutivo para saber cuál será la estrategia. En realidad, lo que reclama el oficialista son actitudes públicas de la Casa de Gobierno frente al espinoso tema de la intervención y definiciones sobre si habrá acompañamiento del PE en caso de que el bloque justicialista motorice la iniciativa. "No quiero que ocurra como cuando renunció (Raúl) Topa, que propuse una cosa y después quedé como el malo de la película", puntualizó.
En el PE, el secretario general de la Gobernación, Fernando Juri Debo, había sugerido días pasados que si no cambia la situación municipal el desenlace era previsible. Como un modo de poner paños fríos, su primo, el ministro de Gobierno, Fernando Juri, descartó por ahora intervención alguna.
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