Pide tiempo para estudiar el caso

El legislador De Faveri se abstuvo de declarar en el caso por el presunto pago de coimas a parlamentarios que habilitaron la reforma constitucional.

Por Redacción Política 05 Octubre 2002
El ex republicano Jorge de Faveri fue el primero de los 10 legisladores desaforados citado a declarar por el juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Pérez, en el marco del presunto pago de coimas a los parlamentarios que habilitaron la reforma de la Constitución provincial. Sin embargo, De Faveri se abstuvo de declarar (ni siquiera negó en forma genérica las acusaciones en su contra) y pidió un nuevo plazo para presentarse luego de estudiar la imputación.
La audiencia, de la que también participó el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, duró menos de 90 minutos, y trascendió que se desarrolló en un clima cordial pero tenso. No hubo momentos para chistes ni para comentarios en voz baja.
Los ejes de la acusación son la denuncia de Ricardo Bussi (afirmó que De Faveri le dijo en octubre de 2001 que el oficialismo estaba ofreciendo plata para sancionar la ley) e informes bancarios y de registros de bienes sobre incremento patrimonial.

Tres supuestos delitos
Pese al estricto secreto de sumario, LA GACETA pudo determinar que Pérez imputó a De Faveri: 1) No haber denunciado un hecho delictual en tiempo y forma (en referencia a la propuesta de coimas del año pasado) como era su obligación legal. 2) Haber aceptado o no haber rechazado la presunta dádiva. 3) Presunto enriquecimiento ilícito.
El juez aportó como prueba los testimonios de Bussi (h), del senador Pablo Walter (efectuado por escrito), de Javier Morof y de Federico Martínez, quienes habrían estado con De Faveri en octubre de 2001, cuando habría hablado de los ofrecimientos.
Pérez no incorporó en la fundamentación de su imputación las polémicas declaraciones de Alejandra Ducca (esposa del legislador Mariano Poliche). Esto fue entendido como una estrategia para evitar cuestionamientos judiciales a los discutidos dichos. De Faveri asistió con el abogado Manuel Andreozzi, quien no se especializa en Derecho Penal.

La compra directa de cinco camionetas
Continúa la disputa entre la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Esteban Jerez, y el director de Comercio Interior y Transporte de la Provincia, Enrique Romero, en torno de la causa por la cual la primera investiga la compra directa, sin licitación pública, de cinco camionetas.
Romero anticipó que solicitará a la Corte Suprema de Justicia la formación de un jury de enjuiciamiento a fin de que se remueva al secretario de Jerez, Carlos López, luego de que la jueza de Instrucción de la II Nominación, Emma de Nucci, anuló una prueba en la causa en la que se investiga una presunta malversación de fondos públicos. Sin embargo, ayer Jerez interpuso un recurso de apelación y de nulidad en contra de la resolución de la magistrada.
En el fallo, la jueza consideró que la respuesta del oficio 2.147, por parte del apoderado de la empresa Grúas San Blas de la Capital Federal, Juan Cortés Funes, fue dirigido a López y no a Jerez. "Habiéndose omitido las formas sustanciales del debido proceso, el acto carece de los requisitos indispensables para conseguir su finalidad", sostuvo De Nucci. Esta anuló la prueba sobre la participación de la firma como oferente en una licitación pública realizada el año pasado.
Nucci también dijo que el informe "fue solicitado telefónicamente por el secretario y no, como correspondía, por el fiscal, que es quien practica todos los actos necesarios para el esclarecimiento del ilícito que se investiga".
En su presentación, Jerez sostuvo que no entiende por qué De Nucci tomó esta determinación cuando el 26 de junio había resuelto todo lo contrario, no hacer lugar a la nulidad interpuesta por Romero. "Dichos fundamentos expresaban que la medida practicada por el fiscal, como así también la diligencia realizada por López, se encuadran dentro de lo normado por el Código Procesal Penal", manifestó Jerez.
Romero dice que la Fiscalía Anticorrupción fabricó pruebas. Jerez contestó que el pedir que se adelante un oficio por fax sólo imprime "mayor celeridad a las causas, pero de ninguna manera implica una forma de inventar pruebas".

El PE requirió informes al ministro fiscal
El Poder Ejecutivo está preocupado por la dispersión de causas penales que rozan a funcionarios de la administración pública. Por ello, el fiscal de Estado, Benito Garzón, solicitó ayer al ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, que le brinde un listado y la situación de los diferentes procesos. El pedido apunta a las causas que instruye el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez. "Si bien la responsabilidad penal es individual, queremos conocer todos los procesos en los que esté involucrado el Estado. Antes no había una dirección estratégica en ese sentido", aseguró Garzón.
El funcionario creó la semana pasada una división penal dentro de la Fiscalía de Estado, que integran Fernando Poviña, Sebastián Herrera Prieto y Carlos Avila.

Nueva polémica
El nuevo perfil que Garzón le imprimió a la Fiscalía de Estado ya suscitó polémica, sobre todo por las presentaciones que efectuó en la investigación sumaria abierta contra el gobernador Julio Miranda por el supuesto pago de coimas a 27 legisladores.
"El principal objeto del proceso penal es la búsqueda de la verdad en los hechos denunciados, donde la Provincia sería la perjudicada. Por ello, los abogados del Gobierno deberían procurar el total esclarecimiento de lo ocurrido y no trabar o pretender impedir la investigación", aseguraron Mario López Herrera, Carmen García y Ramón García Zavalía, del grupo Compromiso por Tucumán.
Los dirigentes del movimiento cívico recordaron que la investigación es contra una persona física concreta, la de Miranda. "Siendo imputado el gobernador en forma personal, y no el Gobierno, la función de los abogados del Estado es procurar por todos los medios que se efectúe una profunda investigación y asumir la defensa de los patrimonios de la comunidad. El imputado debe defenderse con letrados particulares", concluyeron.

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