¿Hacia la privatización de las estadísticas?

BUENOS AIRES.- El desembarco del poder político en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) marcó el inicio de un proceso de degradación institucional de uno de los pocos organismos del Estado nacional que podía exhibir servicios de primerísima calidad.
Los cuestionamientos que desde el Gobierno se formularon hacia la funcionaria desplazada Graciela Bevacqua (ex directora de Indice de Precios al Consumo), por haber sido supuestamente designada en su momento "a dedo", no hacen más que agregar nuevos elementos para la crítica por la forma en que se impuso el nombramiento de su reemplazante, Beatriz Paglieri (designada por la ministra de Economía, Felisa Miceli). ¿O acaso hay algunos dedos más válidos que otros? Al respecto, el diputado nacional Claudio Lozano -que, a su condición de economista, le agrega su conocimiento del sector público por su vinculación con la Asociación de Trabajadores del Estado- sostuvo que el Gobierno "siguió la lógica dominante".
Como administrador de la cosa pública, el Gobierno cuenta con las facultades para remover funcionarios de los organismos públicos, pero con la condición de respetar la idoneidad de los postulantes y recurriendo a concursos de oposición públicos y transparentes. De lo contrario, el "dedo" y la "lógica dominante" seguirán gozando de buena salud.

Efecto en cadena
No habían transcurrido 24 horas del anuncio del índice de precios al consumidor (IPC) de enero cuando a las críticas y cuestionamientos desde el terreno profesional y la oposición política, se le sumó lo que amenaza convertirse en una suerte de inflación paralela.
Más allá del dudoso sentido de la oportunidad que tuvo el dirigente del PRO Mauricio Macri para dar a conocer un 2,1% tan cuestionable como el 1,1% oficial, la desprolijidad con la que actuó el Gobierno en su virtual intervención del Indec le sirvió al dirigente opositor los argumentos en bandeja. Al PRO y al resto de los partidos políticos, además de la cantidad de organizaciones no gubernamentales y fundaciones siempre prestas a dar sus propios "números".
Ante el riesgo de contar a partir de meses venideros con una proliferación de índices paralelos, conviene no olvidar que -aun a pesar de las recientes manipulaciones- no existe en la Argentina entidad que pueda compararse al Indec en cuanto a cantidad y capacidad de su personal. Y que, en consecuencia, las sospechas acerca de los índices oficiales no habilitan en modo alguno a la serie de estimaciones y mediciones privadas como confiables.

Los escenarios
Una situación, entonces, por el momento incomparable con otros "abandonos" cometidos por el Estado en las últimas décadas. Porque si en alguna medida parte de la sociedad pudo valerse de educación, salud o seguridad prestadas por empresas privadas, no hay organismo particular en condiciones de reemplazar al Indec, en cuya estructura los índices de precios son apenas una parte de su actividad. Esto incluye una gama que va desde la cantidad de kilómetros asfaltados de la red vial nacional hasta la toneladas de brótolas capturadas en el mar argentino, por citar sólo dos ejemplos.
Claro está que la historia reciente del Estado argentino da lugar a cualquier clase de conjeturas. Sin ir más lejos, los mencionados servicios privados de educación, salud y seguridad surgieron como modestos complementos de sus respectivas funciones estatales, sin que a nadie se le hubiera ocurrido en su momento que algún día llegarían a suplantarlas. Quizás ese temor hay sido el que tuvo Alejandro Rodríguez, asesor del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, cuando declaró que, con los cambios en el Indec, "el gobierno está privatizando la medición del costo de vida". Una posibilidad que hoy suena ridícula.
Tan ridícula como sonaba hace algunas décadas la privatización de la educación, la salud y la seguridad. (DyN)