El juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Manuel Pérez, continúa investigando si los 27 legisladores que votaron la ley que habilitó la reforma constitucional cobraron coimas. Lo hace más allá de que la Corte Suprema de Justicia no accedió a su planteo de convalidar la controvertida declaración de la esposa del legislador Mariano Poliche, Alejandra Ducca. Esta reveló que el gobernador Julio Miranda autorizó el pago de $ 2 millones en sobornos, según consta en el expediente.
Los dichos de Ducca fueron anulados por el juez Alfonso Zottoli en un fallo que fue cuestionado por Pérez. Este pidió que la Corte lo revise a través de un per saltum (salto de las instancias procesales), pero el alto tribunal consideró que el magistrado no podía apelar y desestimó la presentación. Ahora hay dos jueces que opinan diferente sobre un mismo hecho: según Zottoli, la declaración es nula; Pérez sostiene que es válida y que puede ser utilizada como prueba en las dos investigaciones que lleva adelante: contra los 10 legisladores que pidieron su propio desafuero, y contra Miranda (esta, por dos meses).
Uno por día
Pérez citó para mañana al legislador Jorge de Faveri (ex FR); será el primero de los desaforados que deberá declarar como imputado. El juez convocó para la semana próxima al peronista Gerónimo Vargas Aignasse, y seguirá con las declaraciones a razón de uno por día.
De Faveri fue mencionado especialmente por el diputado nacional Ricardo Bussi (FR), porque le habría dicho que "el oficialismo estaba ofreciendo plata para aprobar la reforma", según consta en la denuncia original. La conversación habría tenido lugar en octubre del año pasado, en un bar, con la presencia del también legislador Diego Nieva (fue citado para el próximo 25), y del senador Pablo Walter (FR), entre otros.
Los peronistas Edgardo Rocha y Rosa Augier de Rojas; los miembros del Movimiento Independiente Julio Topa, Adriana Neske de Gutiérrez y Nancy Albero; el ex bussista Gustavo Rojas Alcorta, y el radical Juan Vildoza también fueron citados.
Algunos imputados estudian reclamarle a Pérez que les impute la presunta comisión de un delito concreto, para poder elaborar sus estrategias defensivas. Además, se sumarían a la presentación de Augier de Rojas. Esta impugnó ante la Corte la incorporación de la declaración de Ducca como material probatorio.
Los dichos de Ducca fueron anulados por el juez Alfonso Zottoli en un fallo que fue cuestionado por Pérez. Este pidió que la Corte lo revise a través de un per saltum (salto de las instancias procesales), pero el alto tribunal consideró que el magistrado no podía apelar y desestimó la presentación. Ahora hay dos jueces que opinan diferente sobre un mismo hecho: según Zottoli, la declaración es nula; Pérez sostiene que es válida y que puede ser utilizada como prueba en las dos investigaciones que lleva adelante: contra los 10 legisladores que pidieron su propio desafuero, y contra Miranda (esta, por dos meses).
Uno por día
Pérez citó para mañana al legislador Jorge de Faveri (ex FR); será el primero de los desaforados que deberá declarar como imputado. El juez convocó para la semana próxima al peronista Gerónimo Vargas Aignasse, y seguirá con las declaraciones a razón de uno por día.
De Faveri fue mencionado especialmente por el diputado nacional Ricardo Bussi (FR), porque le habría dicho que "el oficialismo estaba ofreciendo plata para aprobar la reforma", según consta en la denuncia original. La conversación habría tenido lugar en octubre del año pasado, en un bar, con la presencia del también legislador Diego Nieva (fue citado para el próximo 25), y del senador Pablo Walter (FR), entre otros.
Los peronistas Edgardo Rocha y Rosa Augier de Rojas; los miembros del Movimiento Independiente Julio Topa, Adriana Neske de Gutiérrez y Nancy Albero; el ex bussista Gustavo Rojas Alcorta, y el radical Juan Vildoza también fueron citados.
Algunos imputados estudian reclamarle a Pérez que les impute la presunta comisión de un delito concreto, para poder elaborar sus estrategias defensivas. Además, se sumarían a la presentación de Augier de Rojas. Esta impugnó ante la Corte la incorporación de la declaración de Ducca como material probatorio.
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