Finalmente ayer se reveló la incógnita. El juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Manuel Pérez, resolvió abrir una investigación jurisdiccional sumaria por dos meses contra el gobernador Julio Miranda, por el presunto pago de coimas a los 27 legisladores que el 19 de febrero pasado sancionaron la ley que habilitó la reforma de la Constitución de la provincia.
La apertura se hizo a requerimiento del fiscal anticorrupción, Esteban Jerez. El magistrado tendrá ahora dos meses para recabar información. Si al término de ese período considera que no hay elementos suficientes que comprometan al titular del Poder Ejecutivo, archivará la causa. En caso contrario, pedirá a la Legislatura la destitución de Miranda a través de un juicio político, para citarlo a declarar como imputado.
La Corte Suprema no será ajena a este importante episodio de la vida institucional de Tucumán. El magistrado le solicitó también al alto tribunal que, a través de un per saltum (salto de instancia), se expida sobre el fallo por el cual el juez de Instrucción de la I Nominación, Alfonso Zottoli, anuló la semana pasada la declaración de la esposa del legislador Mariano Poliche, Alejandra Ducca, sobre un supuesto pago de sobornos a los legisladores reformistas.
Pérez investigará si Miranda participó en el pago de coimas
Se acabó el misterio. El juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Manuel Pérez, resolvió ayer iniciar una investigación jurisdiccional sumaria por 60 días contra el gobernador, Julio Miranda. El objetivo será determinar si el mandatario participó en el supuesto pago de coimas a los 27 legisladores que el 19 de febrero pasado sancionaron la ley que habilitó la reforma de la Constitución provincial, por la que bregó el titular del Poder Ejecutivo prácticamente desde el inicio de su mandato.
El magistrado hizo la apertura a requerimiento del fiscal anticorrupción, Esteban Jerez. Este, el 15 de agosto, solicitó que se investigue al mandatario a raíz de las declaraciones del 25 de junio de la esposa del legislador Mariano Poliche, Alejandra Ducca, sobre un presunto pago de sobornos a los parlamentarios. En el acta que levantó Jerez y que giró al juez, se menciona que Miranda autorizó la distribución de $ 2 millones en Lecop a los 27 legisladores reformistas, incluido el propio Poliche. El 30 de julio, ante el propio Pérez, la mujer negó haber hablado de un reparto de dinero, razón por la que la fiscal Teresita Marnero le inició una investigación por presunto falso testimonio.
La resolución fue notificada al filo de la jornada judicial a la Corte Suprema de Justicia, puesto que Pérez le solicitó a ese tribunal que, a través de un per saltum (salto de instancia), se pronuncie sobre el fallo del juez de Instrucción de la I Nominación, Alfonso Zottoli. Este, la semana pasada, anuló los dichos de Ducca por considerar que el Código Procesal Penal local prohíbe que una persona declare contra su cónyuge.
El magistrado tendrá dos meses para recabar información, pero sin vulnerar los privilegios constitucionales de que goza el titular del Poder Ejecutivo. Si al término de ese período considera que no hay elementos suficientes que involucren al gobernador, archivará la causa. En caso contrario, deberá solicitar a la Legislatura la destitución de Miranda a través de un juicio político, para poder citarlo a declarar como imputado en la causa. Anteriormente, Pérez solicitó la destitución del vicegobernador, Sisto Terán, y de los 27 legisladores reformistas. Sin embargo, actualmente sólo investiga a los 10 legisladores que pidieron su propio desafuero.
El abogado del Ejecutivo
Ayer, antes de la resolución de Pérez, el abogado de la Fiscalía de Estado Fernando Poviña se presentó en el juzgado, en representación del Poder Ejecutivo, y solicitó que se le dé la intervención de ley ante la inminencia de una decisión sobre la apertura de la investigación sumaria.
Solicitan a la Corte que intervenga y opine sobre la declaración de Ducca
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia no será ajena del importante capítulo de la historia institucional de Tucumán que ayer se abrió por 60 días. El juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Manuel Pérez, inició una investigación jurisdiccional sumaria por dos meses contra el gobernador Julio Miranda, por su presunta participación en el pago de supuestas coimas a los 27 legisladores que habilitaron la reforma constitucional.
El magistrado consideró que reviste gravedad institucional -esto es, que trasciende el interés particular- el fallo de la semana pasada del juez de Instrucción de la I Nominación, Alfonso Zottoli. Este anuló la declaración del 25 de junio de la esposa del legislador Mariano Poliche, Alejandra Ducca, ante la Fiscalía Anticorrupción, sobre un presunto pago de sobornos a los parlamentarios.
Por ello, en el marco del artículo 107 del Código Procesal Constitucional, Pérez solicitó al alto tribunal que saltee las instancias procesales previstas (per saltum) y se avoque a estudiar la resolución cuestionada (la de Zottoli).
El fallo de Zottoli entró en juego en la causa de las supuestas coimas -fue dictado en la investigación por presunto falso de testimonio de Ducca- a raíz de la presentación de la legisladora peronista Rosa Augier de Rojas. Esta solicitó a Pérez que haga lo que Zottoli: que excluya la declaración de Ducca como material probatorio o bien que la declare nula.
Aunque no trascendió el contenido del planteo de Pérez, este consideraría que Zottoli se extralimitó. De allí su convicción de que el fallo reviste tal gravedad institucional que amerita la intervención de la Corte. La extralimitación, según Pérez, no sólo debería ser atacada jurisdiccionalmente a través del per saltum, sino también por vía administrativa. Esta es la razón por la cual el escrito fue girado primero a la Secretaría de Superintendencia de la Corte, para las eventuales medidas correctivas que correspondieran.
La apertura se hizo a requerimiento del fiscal anticorrupción, Esteban Jerez. El magistrado tendrá ahora dos meses para recabar información. Si al término de ese período considera que no hay elementos suficientes que comprometan al titular del Poder Ejecutivo, archivará la causa. En caso contrario, pedirá a la Legislatura la destitución de Miranda a través de un juicio político, para citarlo a declarar como imputado.
La Corte Suprema no será ajena a este importante episodio de la vida institucional de Tucumán. El magistrado le solicitó también al alto tribunal que, a través de un per saltum (salto de instancia), se expida sobre el fallo por el cual el juez de Instrucción de la I Nominación, Alfonso Zottoli, anuló la semana pasada la declaración de la esposa del legislador Mariano Poliche, Alejandra Ducca, sobre un supuesto pago de sobornos a los legisladores reformistas.
Pérez investigará si Miranda participó en el pago de coimas
Se acabó el misterio. El juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Manuel Pérez, resolvió ayer iniciar una investigación jurisdiccional sumaria por 60 días contra el gobernador, Julio Miranda. El objetivo será determinar si el mandatario participó en el supuesto pago de coimas a los 27 legisladores que el 19 de febrero pasado sancionaron la ley que habilitó la reforma de la Constitución provincial, por la que bregó el titular del Poder Ejecutivo prácticamente desde el inicio de su mandato.
El magistrado hizo la apertura a requerimiento del fiscal anticorrupción, Esteban Jerez. Este, el 15 de agosto, solicitó que se investigue al mandatario a raíz de las declaraciones del 25 de junio de la esposa del legislador Mariano Poliche, Alejandra Ducca, sobre un presunto pago de sobornos a los parlamentarios. En el acta que levantó Jerez y que giró al juez, se menciona que Miranda autorizó la distribución de $ 2 millones en Lecop a los 27 legisladores reformistas, incluido el propio Poliche. El 30 de julio, ante el propio Pérez, la mujer negó haber hablado de un reparto de dinero, razón por la que la fiscal Teresita Marnero le inició una investigación por presunto falso testimonio.
La resolución fue notificada al filo de la jornada judicial a la Corte Suprema de Justicia, puesto que Pérez le solicitó a ese tribunal que, a través de un per saltum (salto de instancia), se pronuncie sobre el fallo del juez de Instrucción de la I Nominación, Alfonso Zottoli. Este, la semana pasada, anuló los dichos de Ducca por considerar que el Código Procesal Penal local prohíbe que una persona declare contra su cónyuge.
El magistrado tendrá dos meses para recabar información, pero sin vulnerar los privilegios constitucionales de que goza el titular del Poder Ejecutivo. Si al término de ese período considera que no hay elementos suficientes que involucren al gobernador, archivará la causa. En caso contrario, deberá solicitar a la Legislatura la destitución de Miranda a través de un juicio político, para poder citarlo a declarar como imputado en la causa. Anteriormente, Pérez solicitó la destitución del vicegobernador, Sisto Terán, y de los 27 legisladores reformistas. Sin embargo, actualmente sólo investiga a los 10 legisladores que pidieron su propio desafuero.
El abogado del Ejecutivo
Ayer, antes de la resolución de Pérez, el abogado de la Fiscalía de Estado Fernando Poviña se presentó en el juzgado, en representación del Poder Ejecutivo, y solicitó que se le dé la intervención de ley ante la inminencia de una decisión sobre la apertura de la investigación sumaria.
Solicitan a la Corte que intervenga y opine sobre la declaración de Ducca
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia no será ajena del importante capítulo de la historia institucional de Tucumán que ayer se abrió por 60 días. El juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Manuel Pérez, inició una investigación jurisdiccional sumaria por dos meses contra el gobernador Julio Miranda, por su presunta participación en el pago de supuestas coimas a los 27 legisladores que habilitaron la reforma constitucional.
El magistrado consideró que reviste gravedad institucional -esto es, que trasciende el interés particular- el fallo de la semana pasada del juez de Instrucción de la I Nominación, Alfonso Zottoli. Este anuló la declaración del 25 de junio de la esposa del legislador Mariano Poliche, Alejandra Ducca, ante la Fiscalía Anticorrupción, sobre un presunto pago de sobornos a los parlamentarios.
Por ello, en el marco del artículo 107 del Código Procesal Constitucional, Pérez solicitó al alto tribunal que saltee las instancias procesales previstas (per saltum) y se avoque a estudiar la resolución cuestionada (la de Zottoli).
El fallo de Zottoli entró en juego en la causa de las supuestas coimas -fue dictado en la investigación por presunto falso de testimonio de Ducca- a raíz de la presentación de la legisladora peronista Rosa Augier de Rojas. Esta solicitó a Pérez que haga lo que Zottoli: que excluya la declaración de Ducca como material probatorio o bien que la declare nula.
Aunque no trascendió el contenido del planteo de Pérez, este consideraría que Zottoli se extralimitó. De allí su convicción de que el fallo reviste tal gravedad institucional que amerita la intervención de la Corte. La extralimitación, según Pérez, no sólo debería ser atacada jurisdiccionalmente a través del per saltum, sino también por vía administrativa. Esta es la razón por la cual el escrito fue girado primero a la Secretaría de Superintendencia de la Corte, para las eventuales medidas correctivas que correspondieran.
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