Por el juicio que el Ejército Argentino trabó contra el Poder Ejecutivo en 1995 por el dominio del predio del ex Regimiento 19 (R-19), llega a $ 3 millones el monto que se le ha retenido al Gobierno. El miércoles a causa de este conflicto, la Justicia le trabó un embargo por $1 millón a la Provincia.
La historia es bastante complicada, especialmente en el plano judicial, donde hay planteos desde ambas partes, y se arguye la titularidad del R-19. En el 95, el Ejército inició un juicio por desalojo contra la Provincia y otra demanda judicial por un acuerdo no concretado de construcción de 40 viviendas para militares, firmado por Ramón Ortega.
En este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en favor de la fuerza militar y condenó a la Provincia a pagar una multa diaria de $ 10.000 en concepto de uso de los terrenos del R-19. Esa suma se viene incrementando desde el 2 de octubre de 2001. Actualmente supera los $ 3,5 millones, pero esos dineros están retenidos en el Banco Nación.
Por su parte, el PE, en mayo de 2000 hizo un planteo ante el alto tribunal pidiendo que se haga lugar a la revocación de la donación de los terrenos al Ejército. La estrategia era básica: no se podía desalojar a quien se erigía como dueño de la propiedad. Sobre este recurso aún no se pronunció la Corte Suprema.En síntesis, son tres los juicios que están en marcha, pero las autoridades de la Provincia confían en un arreglo extrajudicial. "Por el momento queremos destrabar esta multa", dijo ayer a LA GACETA el fiscal de Estado, Benito Garzón, quien el martes se entrevistará con José Sandaza, auditor del Ejército Argentino.
Garzón admitió que el planteo de fondo es recuperar las tierras, "porque el Ejército no cumplió con la donación con cargo". Pero sostuvo que puede haber un arreglo extrajudicial "porque son meras cuestiones de intereses". "No está enfrentada la Provincia con el Ejército; no hay nada institucional; no son intereses económicos enfrentados", acotó.Entre las posibles salidas, para destrabar el conflicto por el R-19 se menciona la compra de los terrenos del Ejército con los fondos retenidos por decisión de la Justicia. Los predios en cuestión fueron tasados oficialmente en $ 5,2 millones.
La historia es bastante complicada, especialmente en el plano judicial, donde hay planteos desde ambas partes, y se arguye la titularidad del R-19. En el 95, el Ejército inició un juicio por desalojo contra la Provincia y otra demanda judicial por un acuerdo no concretado de construcción de 40 viviendas para militares, firmado por Ramón Ortega.
En este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en favor de la fuerza militar y condenó a la Provincia a pagar una multa diaria de $ 10.000 en concepto de uso de los terrenos del R-19. Esa suma se viene incrementando desde el 2 de octubre de 2001. Actualmente supera los $ 3,5 millones, pero esos dineros están retenidos en el Banco Nación.
Por su parte, el PE, en mayo de 2000 hizo un planteo ante el alto tribunal pidiendo que se haga lugar a la revocación de la donación de los terrenos al Ejército. La estrategia era básica: no se podía desalojar a quien se erigía como dueño de la propiedad. Sobre este recurso aún no se pronunció la Corte Suprema.En síntesis, son tres los juicios que están en marcha, pero las autoridades de la Provincia confían en un arreglo extrajudicial. "Por el momento queremos destrabar esta multa", dijo ayer a LA GACETA el fiscal de Estado, Benito Garzón, quien el martes se entrevistará con José Sandaza, auditor del Ejército Argentino.
Garzón admitió que el planteo de fondo es recuperar las tierras, "porque el Ejército no cumplió con la donación con cargo". Pero sostuvo que puede haber un arreglo extrajudicial "porque son meras cuestiones de intereses". "No está enfrentada la Provincia con el Ejército; no hay nada institucional; no son intereses económicos enfrentados", acotó.Entre las posibles salidas, para destrabar el conflicto por el R-19 se menciona la compra de los terrenos del Ejército con los fondos retenidos por decisión de la Justicia. Los predios en cuestión fueron tasados oficialmente en $ 5,2 millones.
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