Tensa vigilia por la protesta en la plaza

Un millar de efectivos de seguridad rodeará hoy el microcentro. En los piquetes se hicieron ollas populares y se armaron carpas. El Gobierno y los manifestantes acordaron anoche una tregua, en un tenso clima social.

EN EL MICROCENTRO. Un escuadrón de Gendarmería, que llegó ayer desde Santiago del Estero, alteró la tranquilidad de los transeúntes.
EN EL MICROCENTRO. Un escuadrón de Gendarmería, que llegó ayer desde Santiago del Estero, alteró la tranquilidad de los transeúntes.
Por Redacción Política 27 Septiembre 2002
La férrea decisión de los manifestantes de continuar con la protesta y el impresionante dispositivo montado por el Gobierno para preservar el orden público generaron un clima de tensión social en Tucumán. La marcha "Por pan y trabajo y para que se vayan todos", que se inició el miércoles pasado en el sur, desembocará hoy en la plaza Independencia. El acto central se efectuará a las 11.
Los manifestantes reclaman al Estado fondos para los comedores escolares, 1.000 puestos laborales y 10.000 tickets alimentarios para mitigar la crisis en el interior tucumano. Anoche, en la sede del PE, representantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de la CTA y del Frente de Sindicatos Municipales acordaron con los funcionarios una tregua hasta hoy a las 9. El Gobierno sólo garantizó anoche una asistencia de $ 30.000 a los comedores comunitarios. Ese monto es similar a los viáticos que pagará el Estado por los servicios que prestarán los 400 gendarmes que llegaron ayer a Tucumán desde Santiago del Estero, equipados con pertrechos antimotines, unidades especiales y la sección perros.
Esa dotación de uniformados se sumará a los 600 policías provinciales que desde las primeras horas de hoy prácticamente sitiarán la ciudad.

Un día agitado
La caravana de manifestantes partió ayer por la mañana desde Famaillá. Por la tarde llegó a esta ciudad y cortó los accesos por ruta 301 (Ojo de Agua), por San Cayetano, en el puente Bailey (Banda del Río Salí) y en la autopista que conduce al aeropuerto Benjamín Matienzo.
Los piquetes desbloquearon los caminos minutos antes de las 20, cuando se cumplía el plazo dado por el ministro de Gobierno, Fernando Juri. Las fuerzas de seguridad estaban listas para desalojar las rutas.
Anoche había una tensa vigilia. En la Casa de Gobierno miembros del gabinete analizaba los planteos de los manifestantes, resguardados por una treintena de gendarmes que se apostaron en el interior del edificio. "Esperamos que la marcha se haga en paz. Garantizamos el derecho a protestar", dijo el secretario general de la Gobernación, Fernando Juri Debo. El PE solicitó a los comerciantes que tomen recaudos a la hora de la movilización. "Si es posible que atiendan con las persianas bajadas", sugirió Juri Debo.
En los piquetes, en tanto, se hicieron ollas populares (guisos) y se instalaron carpas para que los niños y las mujeres pasen la noche. "La intimidación de los uniformados generó bronca en la gente", reflexionó Antonio Suárez, dirigente de la CCC. "Esto ha sido un esfuerzo tremendo que hizo la gente para luchar por su dignidad", acotó.

El PE reclamó la intervención de la Justicia
El fiscal de Estado, Benito Garzón, solicitó ayer medidas de prevención de alteración del orden público ante el juez federal Jorge Parache y el fiscal en lo penal de Instrucción de turno, Horacio Villalba, a raíz de a marcha "Por pan, trabajo y para que se vayan todos". "Es una decisión inédita en la Provincia; estamos tratando de anticiparnos a los hechos", dijo ayer a LA GACETA.
Justificó el planteo ante la Justicia Federal y provincial diciendo que se tiene conocimiento de que se pretende la toma de paseos y establecimientos públicos para alterar el orden. "La marcha contiene exigencias y demandas que son desmedidas y que, por ser de imposible cumplimiento, pueden generar una manifestación no pacífica", señaló.
Garzón entiende que deben tomarse medidas preventivas para evitar que una protesta pacífica se pueda transformar en represión, violencia y daños a los protagonistas y a terceros. Es por eso que reclamó a las autoridades judiciales que doten a las fuerzas del orden de "la cobertura jurídica necesaria en caso de que la protesta deje de ser pacífica y se transforme en una manifestación que no pueda ser controlada por sus dirigentes ni por las fuerzas de seguridad".
Tras apuntar que el Gobierno respeta el derecho de peticionar, indicó que la responsabilidad jurídica del Estado, en una situación de crisis, consiste en buscar acciones que eviten la confrontación y que se agudice la protesta social. "La situación de emergencia autoriza a extremar medidas para neutralizar los factores distorsivos y las provocaciones que, inevitablemente, se infiltran en las expresiones masivas", acotó.

Observando los hechos
Garzón pidió a la Fiscalía en lo Penal de Instrucción que tenga en cuenta la necesidad del ejercicio de la disuasión "en su máxima expresión". Sugirió a las autoridades judiciales que impidan el ingreso a la ciudad de personas con armas de fuego o elementos contundentes y pidió el control de los acontecimientos por parte de los magistrados, "para que tomen medidas acordes con la gravedad de los acontecimientos".
A tal efecto, Garzón solicitó algo inusual a Parache y a Villalba: que se instalen en el lugar de los hechos durante la mañana.

Planteo de Terán a Duhalde
"En conocimiento de que existen infiltrados y agentes de perturbación, se requirió la intervención de la Justicia para garantizar que la protesta sea pacífica, en el marco de la ley, con respeto del orden público". Así lo expresó ayer el vicegobernador Sisto Terán, en ejercicio del Poder Ejecutivo, en una nota que envió al presidente Eduardo Duhalde, en alusión a la marcha "Por pan, trabajo y porque se vayan todos", que se realizará hoy.
En la ocasión pidió a Duhalde la colaboración de las fuerzas de seguridad que dependan de la presidencia de la Nación. Misivas del mismo tenor fueron enviadas por Terán a los ministros del Interior, Jorge Matzkin, y de Seguridad, Juan José Alvarez.
Junto con los documentos, el vicegobernador remitió a las autoridades nacionales copias de las presentaciones judiciales realizadas por la Provincia en la Justicia local y Federal, pidiendo medidas de carácter preventivo para asegurar el control de la movilización de protesta organizada por la CTA, la CCC y desocupados del sur.
"El Estado, no sólo a través de las fuerzas de seguridad, tiene el deber de prevención y de disuasión para evitar que se produzcan incidentes y daños a terceros y restricciones a los derechos de la sociedad que deben ser garantizados", finalizó el presidente de la Legislatura.

El Ejecutivo decretó asueto
La posibilidad de que en la protesta de hoy participen "infiltrados activistas de la violencia" que podrían empañar la marcha "por pan y trabajo", llevó al Poder Ejecutivo a decretar asueto sólo en la capital. La Municipalidad de esta ciudad se adhirió a esa disposición.
La medida, firmada por el vicegobernador en ejercicio del PE, Sisto Terán, abarca a todas las reparticiones de la administración pública y a las escuelas públicas y privadas de San Miguel de Tucumán, según precisó el secretario general de la Gobernación, Fernando Juri Debo. El funcionario añadió que en los hospitales públicos de esta ciudad sólo atenderán las guardias de emergencia, al igual que en la Asistencia Pública Municipal.

En Economía
En el artículo 2 del decreto 2.044 se establece, además, que los ministros ordenarán las guardias con el personal de los servicios administrativos que consideren suficiente. En este sentido, se puso énfasis en la tarea que se desempeña en la Contaduría y en la Tesorería General de la Provincia, ya que el Gobierno quiere continuar con el pago de los sueldos de agosto a los empleados estatales.
"Con el asueto se trata de preservar la integridad física y los bienes del Estado", se adujo a través del decreto.

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