La Sociedad Rural de Tucumán (SRT) obtuvo un importante fallo de la Justicia. La sala III de la Cámara Contenciosa Administrativa la relevó de pagar a la Municipalidad de Yerba Buena las Contribuciones que Inciden sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios (CIACIS) por todo lo desarrollado en el predio de la SRT durante la celebración de la Expo Tucumán 2000. Enrique José Guibert y Ebe López Piossek declararon inconstitucionales el artículo 162 del Código Tributario Municipal y los artículos 1 y 3 del decreto 363 del 1 de agosto de 2000. Estos imponían a la SRT la obligación de abonar al municipio por CIACIS el 3% del importe abonado por los expositores en concepto de alquiler de los stands o de la superficie ocupada.
El fallo es importante por el precedente que sienta de plantearse una controversia similar en torno del cobro del CIACIS durante la celebración de la tradicional muestra rural, que en su actual edición se inauguró ayer.
Los camaristas concluyeron que, en el caso, el cobro del CIACIS viola el principio de la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas.
Recordaron que, tal como está redactado el artículo 162 del Código Tributario Municipal, el CIACIS se cobra como contraprestación por un servicio. Este consiste "en inspecciones que tienen por objeto el control tendiente a resguardar lo atinente a la seguridad, salubridad, higiene y moralidad". "Como se ve, el CIACIS tiende a beneficiar colectivamente a los habitantes del municipio... La carga tributaria recae sobre un determinado sector, no obstante beneficiar -el servicio o los medios empleados- a la totalidad de la población. Por tanto afecta el principio constitucional del artículo 17 (inviolabilidad de la propiedad)", dijeron. Lo que la Cámara rechazó, en cambio, fue la pretensión de la SRT de que se declare inconstitucional el decreto 364, también del 1 de agosto de 2000. La norma designaba agentes de retención tributaria municipal a los martilleros que actuaron en los remates que se realizaron durante la "Expo" del año 2000.
El fallo es importante por el precedente que sienta de plantearse una controversia similar en torno del cobro del CIACIS durante la celebración de la tradicional muestra rural, que en su actual edición se inauguró ayer.
Los camaristas concluyeron que, en el caso, el cobro del CIACIS viola el principio de la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas.
Recordaron que, tal como está redactado el artículo 162 del Código Tributario Municipal, el CIACIS se cobra como contraprestación por un servicio. Este consiste "en inspecciones que tienen por objeto el control tendiente a resguardar lo atinente a la seguridad, salubridad, higiene y moralidad". "Como se ve, el CIACIS tiende a beneficiar colectivamente a los habitantes del municipio... La carga tributaria recae sobre un determinado sector, no obstante beneficiar -el servicio o los medios empleados- a la totalidad de la población. Por tanto afecta el principio constitucional del artículo 17 (inviolabilidad de la propiedad)", dijeron. Lo que la Cámara rechazó, en cambio, fue la pretensión de la SRT de que se declare inconstitucional el decreto 364, también del 1 de agosto de 2000. La norma designaba agentes de retención tributaria municipal a los martilleros que actuaron en los remates que se realizaron durante la "Expo" del año 2000.
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