La Provincia está en mora con la sanción del Presupuesto 2002

Jaldo aseguró que remitirá el proyecto esta semana. En 2001 el gobierno retiró la propuesta en diciembre ante la situación financiera de fines del año pasado.

Por Redacción Política 22 Septiembre 2002
La Provincia funciona con un presupuesto prorrogado. La pauta legal de recursos y egresos que corresponde a este año todavía no fue aprobada en la Legislatura, y el Poder Ejecutivo ya entró en mora constitucional por no haber remitido a la Cámara el proyecto general en esta materia que tiene previsto aplicar en 2003.
La Carta Magna provincial establece en su artículo 87, inciso 7 (Atribuciones del Poder Ejecutivo), que una de las obligaciones del gobernador es "presentar a la Legislatura el presupuesto en los 15 primeros días de setiembre". El plazo venció el domingo pasado, a las pocas horas de que Osvaldo Jaldo juró como ministro de Economía. El flamante funcionario reconoció que este tema es uno de los más urgentes, y anticipó a LA GACETA que en esta semana remitirá la pauta 2002 y hasta principios de octubre la del próximo ejercicio.
En setiembre de 2001, el PE presentó su propuesta para el actual ejercicio, pero la retiró en diciembre, ante las alteraciones y zozobras en las economías nacional y provincial. Desde ese momento, no hubo novedades. Con frecuencia, la comisión de Hacienda de la Legislatura, que presidía Jaldo, se quejó por la mora.
La tardanza en enviar los proyectos afecta el normal trabajo del Estado. El presupuesto es considerado la "ley de leyes", porque consiste en la aplicación concreta de los objetivos políticos de un gobierno. En ese sentido, define en cuáles áreas realizará inversiones, el plan de obras públicas, y la cantidad de recursos destinados a educación y seguridad, entre muchos otros aspectos. Se determinan las prioridades reales de una gestión, así como la existencia y el volumen de las partidas reservadas en los 3 poderes del Estado.
El presupuesto de 2001 rondó los 1.100 millones de pesos. Ese monto y la distribución decidida para ese ejercicio, es lo que se debe aplicar en este año porque (hasta tanto se sancione la nueva norma) se reitera la pauta presupuestaria prevista para el ejercicio anterior.
El Gobierno puede cambiar el destino de los recursos previstos en el presupuesto, mediante las compensaciones de partidas. Así, fondos otorgados a salud pueden ser derivados a educación, por ejemplo, siempre que no se gaste más de lo que está aprobado.La Cámara aún no sabe cómo se gastaron los recursos en 2001. El PE tiene la obligación de informar a los legisladores y al Tribunal de Cuentas sobre la llamada "cuenta de inversión", lo que no hizo hasta ahora. Conocer la ejecución presupuestaria es clave para que la ley no sea una letra muerta.

Sin informes sobre lo gastado en 2001
El Tribunal de Cuentas reclamó al Poder Ejecutivo la remisión de la cuenta de inversión correspondiente al presupuesto 2001. En el acuerdo 513, firmado por unanimidad el 18 de junio de 2002, el ente de contralor solicitó al Gobierno la inmediata presentación de los papeles. Sin embargo, hasta ahora no se concretó este pedido, según fue reconocido incluso por el Ministerio de Economía.
Las normas vigentes determinan que la Secretaría de Hacienda debe remitir al Tribunal de Cuentas toda la información sobre la ejecución presupuestaria que se realizó en el año anterior, hasta el 31 de mayo. El organismo tiene hasta el 30 de setiembre para emitir un pronunciamiento sobre la legalidad de lo consumado o pedir rectificaciones. Sus conclusiones son notificadas al PE y a la Legislatura, que debe aprobar o rechazar, en definitiva, la cuenta de inversión.
"Este pronunciamiento es el acto institucional más importante del Tribunal de Cuentas", afirmó a LA GACETA Sergio Díaz Ricci, quien firmó la acordada junto con Miguel Chaibén Terraf y con Darío Domingo de Prada.
El 3 de junio pasado, el entonces secretario de Hacienda, Roberto Sollazi, solicitó una prórroga para presentar los papeles reclamados al alegar que "la Contaduría General se encuentra abocada a la tramitación de la refinanciación de la deuda".
La explicación no convenció al Tribunal, que rechazó de plano el pedido del PE. "Los plazos o términos establecidos son improrrogables, y es una imposición legal. De hecho, el lapso transcurrido desde la fecha de la petición ha operado como prórroga", dice el acuerdo suscripto 15 días después de que Sollazi presentó la nota.

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