Un perito avaló que los menores sean medicados

"Se ha medicado necesaria y correctamente a los internos con medicación recomendada en libros de la especialidad". Esta es una de las conclusiones a las que arribó un perito que, a pedido de la Justicia, evaluó el polémico tratamiento que recibían los menores que estaban alojados en el Instituto Roca y que tenían severos problemas de adicción. En medio de la polémica desatada por esta situación, quien era directora de la Institución, Susana Viale, se alejó del cargo y fue reemplazada por Carlos Acevedo.
El titular de la Fiscalía V de Instrucción, Alejandro Noguera, y la secretaria María Verónica López González recibieron un informe elaborado por el psiquiatra Enrique Bernabé Pino, que se desempeña en la Universidad Nacional de Tucumán. En las conclusiones, el especialista indicó además que "no medicar a los internos hubiera sido tomar una actitud de negligencia".
Hace más de un año y por orden de la Suprema Corte de Justicia, después de que algunos padres denunciaron que sus hijos recibían medicación para tratar su adicción, Noguera comenzó a investigar el caso.
En noviembre, el fiscal entendió que era posible que se estuviera ante un delito federal, y que se debía investigar si los estupefacientes que recibían los menores como parte del tratamiento (Citalopran y Cloxapina) eran administrados en el instituto Roca fuera de los casos que indica la terapéutica o en dosis mayores que las necesarias. El juez III de Instrucción, Víctor Manuel Pérez, le dio la razón y remitió todas las actuaciones a la Justicia Federal.
Sin embargo, en el juzgado federal se declararon incompetentes, sobre la base de un informe realizado por un perito de la Policía Federal, según el cual los medicamentos que se les daban a los internos no eran psicotrópicos, conclusión opuesta a la que manejó Noguera en la investigación.

Otras cuestiones
Por ese motivo, Noguera pidió que un especialista revisara el caso, para tratar de definir varios de los puntos oscuros de la investigación; ello derivó en el informe de Pino.
Con todos estos datos el fiscal elaboró un cuestionario que deberá responder el perito. Fundamentalmente, pretende saber detalles sobre los medicamentos y otros puntos del tratamiento. Las preguntas, según trascendió, están siendo elaboradas por el cuerpo de médicos forenses de la Justicia, que el año pasado cuestionó duramente el tratamiento. También quedó confirmado que, por pedido de Noguera, los peritos de Gendarmería Nacional estudiarán el caso para analizar si es correcta la administración de los medicamentos.
Más allá de las cuestiones científicas, la Justicia debe determinar si efectivamente los jueces de Menores y los padres de los internos habían autorizado que los jóvenes fueran medicados, tal como lo ordena una norma del Siprosa.

Un caso enigmático
Mientras se define toda esta situación, el fiscal I de Instrucción, Pedro Gallo, y su secretario, Fernando Valladares, esperan los resultados de las pericias realizadas en el cuerpo de un menor que estaba internado en el Roca y que falleció por una infección generalizada. Se sospecha que el chico, de 17 años, que estaba detenido por robo, sufrió una baja en las defensas como consecuencia de los medicamentos que se le suministraban. A los pocos días de que murió este interno, Viale, impulsora del tratamiento, renunció a su cargo, aunque adujo cuestiones personales.