24 Octubre 2006 Seguir en 
RESPONSABILIDAD POLICIAL
El periodismo se refiere al homicidio de César Navarro Murhell como si fuera una derivación de la violencia juvenil, lo cual es incorrecto. César fue víctima del obrar criminal de un policía que empleó su arma sin respetar las reglas de subsidiariedad, proporcionalidad y última razón contenidas en los Principios Básicos sobre Empleo de Armas de Fuego de Naciones Unidas que el Ministerio de Seguridad incorporó en diciembre de 2003. La Policía conserva un marco organizacional anacrónico y principios delineados por leyes de facto, que favorecen las intervenciones violentas. No es bueno que la máxima autoridad policial hable de “mano dura”, para referirse a la detención de supuestos líderes de patotas juveniles, pues transmite a sus subordinados un mensaje confuso, en lugar de exhortarlos a actuar en forma moderada, prudente y respetuosa de la vida y dignidad de las personas. Tampoco hay autocrítica de los funcionarios del área de seguridad.
Carlos Federico Diaz Lannes
diazlannes@arnet.com.ar
COLEGIO PERJUDICADO
Nadie desconoce y a nadie despreocupa la violencia expresada en un sector de la juventud y también en muchos adultos. Debemos felicitar a LA GACETA por el trato que le dio a la cuestión en la sección Actualidad del domingo. Lo que no compartimos son las declaraciones de un joven de 14 años, cuya identidad obviamente se protege, que dice que a muchas bandas las integran alumnos de los colegios San Miguel, Sagrado Corazón y San Javier. Tal vez no discutimos las declaraciones del menor, pero sí discutimos las realizadas por un adulto, que lanza nombres de prestigiosos colegios y, como en el caso del San Miguel, está involucrando a todo un personal que a diario se esfuerza para mejorar la calidad de la enseñanza y la calidad humana de sus alumnos. Nunca trascendió el nombre de nuestro colegio en hechos de violencia. Se está perjudicando a una institución próxima a cumplir 50 años de existencia; creemos que este tema merece mesura y respeto. Por último podríamos señalar en la cuestión un aspecto ridículo y aún no contemplado: mientras preocupa enormemente el accionar de las patotas, mientras se discuten los años para la imputación de delitos, el poder político, responsable directo de muchos de estos actos, está tratando de otorgar los derechos cívicos a los 16 años.
Profesoras Marta Ezcurra y María Teresa Sarrulle
Inst. San Miguel
El periodismo se refiere al homicidio de César Navarro Murhell como si fuera una derivación de la violencia juvenil, lo cual es incorrecto. César fue víctima del obrar criminal de un policía que empleó su arma sin respetar las reglas de subsidiariedad, proporcionalidad y última razón contenidas en los Principios Básicos sobre Empleo de Armas de Fuego de Naciones Unidas que el Ministerio de Seguridad incorporó en diciembre de 2003. La Policía conserva un marco organizacional anacrónico y principios delineados por leyes de facto, que favorecen las intervenciones violentas. No es bueno que la máxima autoridad policial hable de “mano dura”, para referirse a la detención de supuestos líderes de patotas juveniles, pues transmite a sus subordinados un mensaje confuso, en lugar de exhortarlos a actuar en forma moderada, prudente y respetuosa de la vida y dignidad de las personas. Tampoco hay autocrítica de los funcionarios del área de seguridad.
Carlos Federico Diaz Lannes
diazlannes@arnet.com.ar
COLEGIO PERJUDICADO
Nadie desconoce y a nadie despreocupa la violencia expresada en un sector de la juventud y también en muchos adultos. Debemos felicitar a LA GACETA por el trato que le dio a la cuestión en la sección Actualidad del domingo. Lo que no compartimos son las declaraciones de un joven de 14 años, cuya identidad obviamente se protege, que dice que a muchas bandas las integran alumnos de los colegios San Miguel, Sagrado Corazón y San Javier. Tal vez no discutimos las declaraciones del menor, pero sí discutimos las realizadas por un adulto, que lanza nombres de prestigiosos colegios y, como en el caso del San Miguel, está involucrando a todo un personal que a diario se esfuerza para mejorar la calidad de la enseñanza y la calidad humana de sus alumnos. Nunca trascendió el nombre de nuestro colegio en hechos de violencia. Se está perjudicando a una institución próxima a cumplir 50 años de existencia; creemos que este tema merece mesura y respeto. Por último podríamos señalar en la cuestión un aspecto ridículo y aún no contemplado: mientras preocupa enormemente el accionar de las patotas, mientras se discuten los años para la imputación de delitos, el poder político, responsable directo de muchos de estos actos, está tratando de otorgar los derechos cívicos a los 16 años.
Profesoras Marta Ezcurra y María Teresa Sarrulle
Inst. San Miguel
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