El fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, insistió ayer en que tiene facultades para citar a declarar como imputado al diputado nacional Roque Alvarez (PJ). A este lo quiere investigar porque, el 25 de junio, la esposa del legislador Mariano Poliche, Alejandra Ducca, denunció que el parlamentario recibió en "tres oportunidades $20.000 en bonos, envueltos en papel de diario, en pago por la aprobación de leyes que el Poder Ejecutivo necesitaba", según se lee en el expediente.
Jerez rechazó los argumentos esgrimidos por Alvarez, quien solicitó la nulidad de la citación para que declare como imputado ante el fiscal. El planteo ahora será resuelto por el juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Pérez. Este investiga si en la Legislatura se pagaron coimas para que se habilite la reforma de la Constitución provincial.
Alvarez sostiene que, aunque la Ley 25.320 autoriza a que un parlamentario nacional sea citado sin necesidad de ser desaforado previamente, el requerimiento debe efectuarlo un juez -y no un fiscal- en el marco de una investigación jurisdiccional sumaria.
Jerez retrucó que, del juego del articulado del Código Procesal Penal local y de la Constitución, surge que la investigación jurisdiccional (la practica un juez) sólo corre para quienes tienen fueros o privilegios provinciales. "El resto se tiene que someter a quien tiene la facultad de investigar en la Justicia ordinaria: el fiscal", concluyó.
Jerez rechazó los argumentos esgrimidos por Alvarez, quien solicitó la nulidad de la citación para que declare como imputado ante el fiscal. El planteo ahora será resuelto por el juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Pérez. Este investiga si en la Legislatura se pagaron coimas para que se habilite la reforma de la Constitución provincial.
Alvarez sostiene que, aunque la Ley 25.320 autoriza a que un parlamentario nacional sea citado sin necesidad de ser desaforado previamente, el requerimiento debe efectuarlo un juez -y no un fiscal- en el marco de una investigación jurisdiccional sumaria.
Jerez retrucó que, del juego del articulado del Código Procesal Penal local y de la Constitución, surge que la investigación jurisdiccional (la practica un juez) sólo corre para quienes tienen fueros o privilegios provinciales. "El resto se tiene que someter a quien tiene la facultad de investigar en la Justicia ordinaria: el fiscal", concluyó.
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