La Corte Suprema de Justicia efectuó un fuerte llamado de atención al Poder Ejecutivo. Le requirió la inmediata cancelación de los haberes impagos (de agosto) a los empleados judiciales, y le pidió que, en lo sucesivo, "se establezcan las medidas pertinentes para evitar el retardo".
La acordada fue firmada por Héctor Eduardo Area Maidana, René Goane, Alberto Brito, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur. Estos reconocieron que saben de las dificultades por las que pasa la provincia. Sin embargo, advirtieron que el atraso salarial "afecta severamente el normal desenvolvimiento de la administración de Justicia y configura un extremo de gravedad institucional que no puede ser legítimamente pasado por alto ni por la Corte, en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, ni tampoco por la conducción política del Estado".
La Corte le recordó al PE que "el cumplimiento de las disposiciones constitucionales resulta insoslayable", sobre todo para que la Justicia tucumana continúe "ininterrumpidamente las tareas específicas, funcionales y de actualización tecnológica que la convierten en una de las más avanzadas del país".
Más quejas
El pronunciamiento de la Corte fue precedido por el del Colegio de Abogados y por el de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ), quienes, por separado, se quejaron del atraso salarial. Los abogados consideraron que la mora afecta el funcionamiento del Poder Judicial, según una nota firmada por el titular del colegio, Carlos Parajón Canteli.
La titular de AGEJ, Ada Altuve, pidió el pronunciamiento de la Corte, por considerar que la reincidencia y la acumulación de los atrasos en los sueldos ocasiona daños y perjuicios. "Queremos que el PE cumpla con la Constitución y con las normas laborales, por el carácter eminentemente alimentario de los salarios reclamados", concluyó.
La acordada fue firmada por Héctor Eduardo Area Maidana, René Goane, Alberto Brito, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur. Estos reconocieron que saben de las dificultades por las que pasa la provincia. Sin embargo, advirtieron que el atraso salarial "afecta severamente el normal desenvolvimiento de la administración de Justicia y configura un extremo de gravedad institucional que no puede ser legítimamente pasado por alto ni por la Corte, en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, ni tampoco por la conducción política del Estado".
La Corte le recordó al PE que "el cumplimiento de las disposiciones constitucionales resulta insoslayable", sobre todo para que la Justicia tucumana continúe "ininterrumpidamente las tareas específicas, funcionales y de actualización tecnológica que la convierten en una de las más avanzadas del país".
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El pronunciamiento de la Corte fue precedido por el del Colegio de Abogados y por el de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ), quienes, por separado, se quejaron del atraso salarial. Los abogados consideraron que la mora afecta el funcionamiento del Poder Judicial, según una nota firmada por el titular del colegio, Carlos Parajón Canteli.
La titular de AGEJ, Ada Altuve, pidió el pronunciamiento de la Corte, por considerar que la reincidencia y la acumulación de los atrasos en los sueldos ocasiona daños y perjuicios. "Queremos que el PE cumpla con la Constitución y con las normas laborales, por el carácter eminentemente alimentario de los salarios reclamados", concluyó.
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