El fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, considera que el secretario de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, Reyes Severiano Pérez, admitió ante el fiscal Carlos Albaca haber ordenado que a sus empleados se les impida el acceso al anexo de Tribunales de La Madrid 420, el sábado 20 de abril.
"Sus palabras son un verdadero y formal reconocimiento de que dio la orden. No importa lo que piense con respecto a los colaboradores de la Fiscalía, quienes tienen rango de peritos de la Corte Suprema, por una acordada del máximo tribunal", dijo Jerez. El superintendente afirmó que sólo una persona de las que figuran en las actas levantadas por el secretario de Jerez, Carlos López, es empleada de Tribunales.
La polémica se desató por el incidente que se produjo el 20 de abril. El día antes se había promulgado la Ley 7.204, posteriormente vetada, por la que se desdoblaba en tres la Fiscalía Anticorrupción. Ese sábado, a fin de preparar los expedientes que se girarían a las flamantes fiscalías especiales, Jerez y sus ayudantes intentaron ingresar en el anexo. Pero la guardia policial les informó que -"por órdenes de Pérez"- sólo podía hacerlo el fiscal. Esto sostuvo Jerez en la denuncia por abuso de autoridad que interpuso contra Pérez ante Albaca.
"Pérez no tiene autoridad para dar una orden de esa naturaleza; pasó por encima del ministro fiscal, Luis de Mitri, y se dirigió directamente a la Policía. El fiscal Pedro Gallo me dijo que él no dispuso ninguna medida, y estoy seguro de que lo va a afirmar cuando se le pida un informe", señaló.
Citación como imputado
Jerez amplió la denuncia contra Pérez, y le solicitó a Albaca que lo cite a declarar ya como imputado. También pidió el secuestro de los libros de guardia y de novedades de los edificios judiciales, y que se oficie a Telecom y a Telefónica para que informen sobre las llamadas que recibieron y que efectuaron desde su domicilios particulares Gallo, Pérez y el secretario Fernando Valladares, en el día del conflicto.
Además, requirió que se cite a Gallo y pidió un careo entre este y el superintendente de la Corte si hay contradicciones en el relato de ambos (Pérez sostiene que la orden la dio Gallo). También ofreció como testigos al personal de guardia en los edificios de Tribunales y a sus empleados: José María Ronanduano, Carmen López y Sergio Casavieja.
"Las causas no podían ser remitidas a otros despachos, como era la intención de Pérez, de manera confiscatoria y coactiva. Si lo que pretendía era proteger con su accionar delictual los elementos de trabajo de la Fiscalía, se inmiscuyó en facultades propias del ministro fiscal", aseguró.
"Sus palabras son un verdadero y formal reconocimiento de que dio la orden. No importa lo que piense con respecto a los colaboradores de la Fiscalía, quienes tienen rango de peritos de la Corte Suprema, por una acordada del máximo tribunal", dijo Jerez. El superintendente afirmó que sólo una persona de las que figuran en las actas levantadas por el secretario de Jerez, Carlos López, es empleada de Tribunales.
La polémica se desató por el incidente que se produjo el 20 de abril. El día antes se había promulgado la Ley 7.204, posteriormente vetada, por la que se desdoblaba en tres la Fiscalía Anticorrupción. Ese sábado, a fin de preparar los expedientes que se girarían a las flamantes fiscalías especiales, Jerez y sus ayudantes intentaron ingresar en el anexo. Pero la guardia policial les informó que -"por órdenes de Pérez"- sólo podía hacerlo el fiscal. Esto sostuvo Jerez en la denuncia por abuso de autoridad que interpuso contra Pérez ante Albaca.
"Pérez no tiene autoridad para dar una orden de esa naturaleza; pasó por encima del ministro fiscal, Luis de Mitri, y se dirigió directamente a la Policía. El fiscal Pedro Gallo me dijo que él no dispuso ninguna medida, y estoy seguro de que lo va a afirmar cuando se le pida un informe", señaló.
Citación como imputado
Jerez amplió la denuncia contra Pérez, y le solicitó a Albaca que lo cite a declarar ya como imputado. También pidió el secuestro de los libros de guardia y de novedades de los edificios judiciales, y que se oficie a Telecom y a Telefónica para que informen sobre las llamadas que recibieron y que efectuaron desde su domicilios particulares Gallo, Pérez y el secretario Fernando Valladares, en el día del conflicto.
Además, requirió que se cite a Gallo y pidió un careo entre este y el superintendente de la Corte si hay contradicciones en el relato de ambos (Pérez sostiene que la orden la dio Gallo). También ofreció como testigos al personal de guardia en los edificios de Tribunales y a sus empleados: José María Ronanduano, Carmen López y Sergio Casavieja.
"Las causas no podían ser remitidas a otros despachos, como era la intención de Pérez, de manera confiscatoria y coactiva. Si lo que pretendía era proteger con su accionar delictual los elementos de trabajo de la Fiscalía, se inmiscuyó en facultades propias del ministro fiscal", aseguró.
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