La Legislatura corrigió fallas de la ley 7.196, que había sido declarada inconstitucional por la jueza de Documentos y Locaciones de la VI Nominación, Ana Pizzicanella Blasi. Ese fallo señaló -en una demanda que promovió la empresa Aguas del Aconquija- que "el derecho a la jurisdicción (recurrir a la Justicia) no es susceptible de suspensión toda vez que afecta la defensa de los derechos en juicio".
La ex concesionaria quiere cobrar deudas del período en que administró el servicio en Tucumán.
Ante ese hecho y, ante el vencimiento del plazo de vigencia de la ley 7.196, el radical Osvaldo Morelli propuso la sanción de una nueva norma, finalmente aprobada por la Cámara. También se tuvo en cuenta la indefinición de la Fiscalía de Estado respecto de la elaboración de una disposición que proteja a la población.
El texto de referencia ordena la suspensión de las sentencias dictadas o que se dicten en los juicios promovidos por Aguas del Aconquija, por el plazo de 180 días. Morelli, al fundamentar el proyecto sustitutivo de la ley 7.196, remarcó que se no se vulnera el derecho de acudir a las autoridades y peticionar ante estas, sino que sólo se establece la ejecución de la sentencia.
Precisó que la jurisprudencia nacional reconoce restricciones en el ejercicio de los derechos -conforme al artículo 28 de la Constitución Nacional-, que pueden ser mayores en épocas de emergencia. En sentido concordante, el legislador citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que declaró constitucionales las leyes de emergencia.
Además, rescató que "la injusticia de la cual es víctima el pueblo tucumano sigue pendiente, puesto que la empresa sigue en su claro intento de recuperar sus supuestas acreencias".
La ex concesionaria quiere cobrar deudas del período en que administró el servicio en Tucumán.
Ante ese hecho y, ante el vencimiento del plazo de vigencia de la ley 7.196, el radical Osvaldo Morelli propuso la sanción de una nueva norma, finalmente aprobada por la Cámara. También se tuvo en cuenta la indefinición de la Fiscalía de Estado respecto de la elaboración de una disposición que proteja a la población.
El texto de referencia ordena la suspensión de las sentencias dictadas o que se dicten en los juicios promovidos por Aguas del Aconquija, por el plazo de 180 días. Morelli, al fundamentar el proyecto sustitutivo de la ley 7.196, remarcó que se no se vulnera el derecho de acudir a las autoridades y peticionar ante estas, sino que sólo se establece la ejecución de la sentencia.
Precisó que la jurisprudencia nacional reconoce restricciones en el ejercicio de los derechos -conforme al artículo 28 de la Constitución Nacional-, que pueden ser mayores en épocas de emergencia. En sentido concordante, el legislador citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que declaró constitucionales las leyes de emergencia.
Además, rescató que "la injusticia de la cual es víctima el pueblo tucumano sigue pendiente, puesto que la empresa sigue en su claro intento de recuperar sus supuestas acreencias".
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