Ayer, durante tres horas, el secretario de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia provincial, Reyes Severiano Pérez, negó ante el fiscal Carlos Albaca los hechos denunciados por el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez. Este le imputó la presunta comisión del delito de abuso de autoridad y lo responsabilizó de los incidentes que él y su personal sufrieron el sábado 20 de abril, en el anexo del palacio de Tribunales ubicado en La Madrid 420.
Si bien al importante funcionario se lo citó a declarar a tenor de lo dispuesto por el artículo 306, último párrafo, del Código Procesal Penal de Tucumán (lleva el título: "Declaración del imputado"), él se limitó a dar un informe detallado de los hechos denunciados por Jerez y no se le hicieron preguntas, salvo la relacionada con los datos personales, según consta en el acta. Luego, a las 16.30, presentó una nota complementaria.
Dura disputa
La polémica se centra en torno del sábado 20 de abril, al otro día de la promulgación de la Ley 7.204, posteriormente vetada, por la que se desdoblaba en tres la actual Fiscalía Anticorrupción. Ese día, a fin de preparar los expedientes que se girarían a las flamantes fiscalías, Jerez y algunos de sus ayudantes intentaron ingresar al anexo. Pero la guardia policial -según la denuncia- les informó que "por órdenes de Pérez", sólo podía hacerlo el fiscal.
La versión de Pérez es otra. Dijo que el día anterior, a las 20.30, el fiscal de Instrucción de la I Nominación, Pedro Gallo, le ordenó al encargado de la guardia, Marcelo Rojas, que "hasta nueva orden" se restringía el acceso al anexo y que se lo debía consultar a él o al secretario Fernando Valladares.
Luego agregó que, ante la preocupación por la orden recibida, el jefe de guardia le consultó. "Le manifesté que bajo mi responsabilidad Jerez podía ingresar, por cuanto interpretaba que por la urgencia de las medidas adoptadas el 19 de abril, probablemente no advirtieron que la prohibición comprendía a Jerez. Y que por cualquier cosa, si llegaban a reclamar Gallo o Valladares por la violación de la orden, se pusieran en contacto telefónico conmigo", expresó Pérez.
Según el acta levantada el día de la polémica por el secretario de Jerez, Carlos López, el fiscal se comunicó con Gallo y este le manifestó que él "no había dado instrucción alguna". Pérez objetó esta y otras actas de López, por considerar que "carecen de eficacia jurídica como instrumento público contra terceros o actos judiciales, ya que no fueron hechas en causa alguna ni por orden superior".
Si bien al importante funcionario se lo citó a declarar a tenor de lo dispuesto por el artículo 306, último párrafo, del Código Procesal Penal de Tucumán (lleva el título: "Declaración del imputado"), él se limitó a dar un informe detallado de los hechos denunciados por Jerez y no se le hicieron preguntas, salvo la relacionada con los datos personales, según consta en el acta. Luego, a las 16.30, presentó una nota complementaria.
Dura disputa
La polémica se centra en torno del sábado 20 de abril, al otro día de la promulgación de la Ley 7.204, posteriormente vetada, por la que se desdoblaba en tres la actual Fiscalía Anticorrupción. Ese día, a fin de preparar los expedientes que se girarían a las flamantes fiscalías, Jerez y algunos de sus ayudantes intentaron ingresar al anexo. Pero la guardia policial -según la denuncia- les informó que "por órdenes de Pérez", sólo podía hacerlo el fiscal.
La versión de Pérez es otra. Dijo que el día anterior, a las 20.30, el fiscal de Instrucción de la I Nominación, Pedro Gallo, le ordenó al encargado de la guardia, Marcelo Rojas, que "hasta nueva orden" se restringía el acceso al anexo y que se lo debía consultar a él o al secretario Fernando Valladares.
Luego agregó que, ante la preocupación por la orden recibida, el jefe de guardia le consultó. "Le manifesté que bajo mi responsabilidad Jerez podía ingresar, por cuanto interpretaba que por la urgencia de las medidas adoptadas el 19 de abril, probablemente no advirtieron que la prohibición comprendía a Jerez. Y que por cualquier cosa, si llegaban a reclamar Gallo o Valladares por la violación de la orden, se pusieran en contacto telefónico conmigo", expresó Pérez.
Según el acta levantada el día de la polémica por el secretario de Jerez, Carlos López, el fiscal se comunicó con Gallo y este le manifestó que él "no había dado instrucción alguna". Pérez objetó esta y otras actas de López, por considerar que "carecen de eficacia jurídica como instrumento público contra terceros o actos judiciales, ya que no fueron hechas en causa alguna ni por orden superior".
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