La derogación del beneficio de la "alícuota cero" (no paga ingresos brutos) es el próximo objetivo del Ministerio de Salud Pública, en el marco de su embestida para que se declare la emergencia sanitaria en Tucumán.
Para ello, el ministro Alejandro Sangenis elevó al gobernador Julio Miranda el borrador de un decreto, en el que se fija que "podrán gozar de la ?alícuota cero? exclusivamente las actividades productiva, industrial, comercial y de servicios cuyo nivel económico quede comprendido en el concepto de pequeña empresa".
Este beneficio está ampliamente aplicado en la provincia. Precisamente, a partir de la restricción que contempla el decreto proyectado, en Salud Pública esperan que se obtengan ingresos por $15,6 millones anuales, lo que equivale a $1,3 millón por mes. De obtenerse el dictado de la norma, los recursos que se obtuvieran, se destinarían a la partida de gastos de funcionamiento de los hospitales, la cual se vería holgadamente duplicada.
Actualmente, el presupuesto para la salud pública tucumana ronda los $110 millones, de los cuales el 70% se destina a sueldos de personal y sólo $12 millones a las erogaciones funcionales de los 36 nosocomios públicos.
Las empresas que queden fuera de este régimen deberán tributar con las alícuotas de ingresos brutos que fije el Poder Ejecutivo. Paralelamente, la Secretaría de la Producción deberá resolver el concepto de "pequeña empresa".
La restricción del beneficio tendrá vigencia mientras dure la emergencia sanitaria. En el proyecto presentado la semana pasada en la Legislatura, con la firma de Sangenis y del gobernador Julio Antonio Miranda, se prevé que se extienda hasta el 31 de diciembre de 2003, pero otorga al Poder Ejecutivo la facultad para prorrogarla un año más.
Para ello, el ministro Alejandro Sangenis elevó al gobernador Julio Miranda el borrador de un decreto, en el que se fija que "podrán gozar de la ?alícuota cero? exclusivamente las actividades productiva, industrial, comercial y de servicios cuyo nivel económico quede comprendido en el concepto de pequeña empresa".
Este beneficio está ampliamente aplicado en la provincia. Precisamente, a partir de la restricción que contempla el decreto proyectado, en Salud Pública esperan que se obtengan ingresos por $15,6 millones anuales, lo que equivale a $1,3 millón por mes. De obtenerse el dictado de la norma, los recursos que se obtuvieran, se destinarían a la partida de gastos de funcionamiento de los hospitales, la cual se vería holgadamente duplicada.
Actualmente, el presupuesto para la salud pública tucumana ronda los $110 millones, de los cuales el 70% se destina a sueldos de personal y sólo $12 millones a las erogaciones funcionales de los 36 nosocomios públicos.
Las empresas que queden fuera de este régimen deberán tributar con las alícuotas de ingresos brutos que fije el Poder Ejecutivo. Paralelamente, la Secretaría de la Producción deberá resolver el concepto de "pequeña empresa".
La restricción del beneficio tendrá vigencia mientras dure la emergencia sanitaria. En el proyecto presentado la semana pasada en la Legislatura, con la firma de Sangenis y del gobernador Julio Antonio Miranda, se prevé que se extienda hasta el 31 de diciembre de 2003, pero otorga al Poder Ejecutivo la facultad para prorrogarla un año más.
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