El Tribunal de Cuentas de la Provincia amplió a tres ex funcionarios de la gobernación de Antonio Bussi el juicio de responsabilidad iniciado contra el ex mandatario por los gastos de publicidad efectuados en el primer semestre de 1998, cuando fue sometido a un juicio político.
El organismo de control abrió la investigación para determinar si las erogaciones efectuadas por el Estado para cancelar solicitadas en medios de prensa respondieron a la obligación constitucional de publicitar un acto de Gobierno o a una actitud individual de defensa de Bussi en el proceso legislativo, con carácter privado, aspecto que no corresponde que sea cubierto por el erario.
El ente accedió al pedido expreso de Bussi y amplió el expediente al ex secretario de Información Pública, Enrique Artigas; a la ex secretaria general de la Gobernación, Silvia Bollea de De la Orden; y al también ex secretario general de la Gobernación, el legislador Gustavo Rojas Alcorta. El ex gobernador solicitó que la investigación involucre a todos aquellos que hubieren tenido intervención en referencia a los hechos que son materia de instrucción.
Vinculaciones
El presidente de Fuerza Republicana vinculó a Artigas, al mencionarlo como quien ordenó la publicación de las solicitadas en los distintos medios. Bollea de De la Orden autorizó las contrataciones y aprobó los gastos "para efectuar la devolución al gobernador", lo mismo que Rojas Alcorta. El monto ascendió a aproximadamente $40.000.
El Tribunal recordó que su criterio fue que "el beneficiario directo y único ha sido Bussi, por las características de una defensa personal que no constituye Gastos de Publicidad".
"Ha quedado suficientemente acreditada la directa participación e intervención de distintos ex funcionarios de la anterior gestión gubernamental, a quienes, en aras de la búsqueda de la verdad material que debe impregnar en todo procedimiento administrativo, consideramos conveniente ampliar el trámite", concluyeron Darío Domingo de Prada, Sergio Díaz Ricci y Miguel Chaibén Terraf.
El organismo de control abrió la investigación para determinar si las erogaciones efectuadas por el Estado para cancelar solicitadas en medios de prensa respondieron a la obligación constitucional de publicitar un acto de Gobierno o a una actitud individual de defensa de Bussi en el proceso legislativo, con carácter privado, aspecto que no corresponde que sea cubierto por el erario.
El ente accedió al pedido expreso de Bussi y amplió el expediente al ex secretario de Información Pública, Enrique Artigas; a la ex secretaria general de la Gobernación, Silvia Bollea de De la Orden; y al también ex secretario general de la Gobernación, el legislador Gustavo Rojas Alcorta. El ex gobernador solicitó que la investigación involucre a todos aquellos que hubieren tenido intervención en referencia a los hechos que son materia de instrucción.
Vinculaciones
El presidente de Fuerza Republicana vinculó a Artigas, al mencionarlo como quien ordenó la publicación de las solicitadas en los distintos medios. Bollea de De la Orden autorizó las contrataciones y aprobó los gastos "para efectuar la devolución al gobernador", lo mismo que Rojas Alcorta. El monto ascendió a aproximadamente $40.000.
El Tribunal recordó que su criterio fue que "el beneficiario directo y único ha sido Bussi, por las características de una defensa personal que no constituye Gastos de Publicidad".
"Ha quedado suficientemente acreditada la directa participación e intervención de distintos ex funcionarios de la anterior gestión gubernamental, a quienes, en aras de la búsqueda de la verdad material que debe impregnar en todo procedimiento administrativo, consideramos conveniente ampliar el trámite", concluyeron Darío Domingo de Prada, Sergio Díaz Ricci y Miguel Chaibén Terraf.
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