La Compañía de Aguas del Aconquija (CAA) consiguió un importante fallo de la Justicia. Una magistrada declaró inconstitucional la Ley 7.196, por la que en marzo pasado la Legislatura suspendió por 180 días todas las ejecuciones promovidas por la empresa contra los usuarios por facturas impagas o deudas correspondientes al período en que la CAA fue la concesionaria del servicio de agua potable y cloacas.
La jueza de Documentos y Locaciones de la VI Nominación, Ana C. Pizzicanella Blasi, hizo lugar al recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el abogado de la CAA, Ignacio Colombres Garmendia. Este impugnó una resolución del 27 de marzo que, al invocar la Ley 7.196, suspendió el juicio por cobro ejecutivo que la empresa sigue contra el empresario de la construcción Pedro Omodeo.
El fallo, al declarar inconstitucional la suspensión de los juicios dispuesta por la Ley 7.196, no sólo reactiva el proceso concreto en que la resolución fue dictada, sino que sienta un importante precedente. En efecto, luego de que la provincia le rescindió a la CAA la concesión por 30 años de los servicios, la empresa inició unos 1.200 cobros ejecutivos por facturas o deudas impagas.
La magistrada fue contundente y lapidaria contra la Ley 7.196, que fue sancionada el 8 de marzo de este año y publicada diez días después en el Boletín Oficial.
"El derecho a la jurisdicción (recurrir a un órgano de Justicia) no es susceptible de suspensión toda vez que, en los términos del artículo 18 de la Constitución nacional, afecta directamente la defensa en juicio de los derechos", sostiene el fallo.
Criterios similares
Pizzicanella Blasi admitió que la jurisprudencia permite suspender los efectos de los contratos o de las sentencias firmes ante desastres o perturbaciones físicas o económicas, a fin de proteger el interés público. "Pero la Ley 7.196 no se sustenta en una situación de emergencia o de fuerza mayor o en la persecución de un fin público que consulte los superiores y generales intereses de la provincia, que justifique la restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos", aclaró.
"La Ley 7.196, al suspender temporariamente las ejecuciones judiciales que hubiere promovido la CAA, viola el derecho de peticionar a las autoridades, la defensa en juicio y la igualdad ante la ley; en definitiva: la garantía en cabeza de todos los habitantes que habilita el acceso a la Justicia", afirmó la magistrada. Un criterio similar sostuvo la agente fiscal, Emma R. García de Sáins.
A Omodeo le queda todavía la posibilidad de apelar el fallo.
La jueza de Documentos y Locaciones de la VI Nominación, Ana C. Pizzicanella Blasi, hizo lugar al recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el abogado de la CAA, Ignacio Colombres Garmendia. Este impugnó una resolución del 27 de marzo que, al invocar la Ley 7.196, suspendió el juicio por cobro ejecutivo que la empresa sigue contra el empresario de la construcción Pedro Omodeo.
El fallo, al declarar inconstitucional la suspensión de los juicios dispuesta por la Ley 7.196, no sólo reactiva el proceso concreto en que la resolución fue dictada, sino que sienta un importante precedente. En efecto, luego de que la provincia le rescindió a la CAA la concesión por 30 años de los servicios, la empresa inició unos 1.200 cobros ejecutivos por facturas o deudas impagas.
La magistrada fue contundente y lapidaria contra la Ley 7.196, que fue sancionada el 8 de marzo de este año y publicada diez días después en el Boletín Oficial.
"El derecho a la jurisdicción (recurrir a un órgano de Justicia) no es susceptible de suspensión toda vez que, en los términos del artículo 18 de la Constitución nacional, afecta directamente la defensa en juicio de los derechos", sostiene el fallo.
Criterios similares
Pizzicanella Blasi admitió que la jurisprudencia permite suspender los efectos de los contratos o de las sentencias firmes ante desastres o perturbaciones físicas o económicas, a fin de proteger el interés público. "Pero la Ley 7.196 no se sustenta en una situación de emergencia o de fuerza mayor o en la persecución de un fin público que consulte los superiores y generales intereses de la provincia, que justifique la restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos", aclaró.
"La Ley 7.196, al suspender temporariamente las ejecuciones judiciales que hubiere promovido la CAA, viola el derecho de peticionar a las autoridades, la defensa en juicio y la igualdad ante la ley; en definitiva: la garantía en cabeza de todos los habitantes que habilita el acceso a la Justicia", afirmó la magistrada. Un criterio similar sostuvo la agente fiscal, Emma R. García de Sáins.
A Omodeo le queda todavía la posibilidad de apelar el fallo.
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