El próximo martes, el gobernador Julio Miranda y el ministro de Economía, Joaquín Ferre, plantearán en Buenos Aires al presidente Eduardo Duhalde una suerte de salvataje federal para sostener la circulación de los $169 millones de Bocade.
El propio Ferre admitió ayer a LA GACETA que la idea del PE es que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial contribuya con un auxilio inicial (sería de $20 millones) para pagar a las empresas lo antes posible. Para ello, el ministro llevará a la reunión cuatro alternativas que no reveló.
Hasta el mismo martes, el Gobierno tendrá también que tapar otro agujero financiero: la acreditación del efectivo para la nueva operatoria FET a 35 días. Durante los últimos cinco días hábiles, el PE no abonó depósitos vencidos en ese período que suman $7 millones. Al ser consultado por LA GACETA, Ferre indicó que desde mañana parte de los fondos estarán en las cuentas de los depositantes.
La indisponibilidad de bonos (la Provincia no puede utilizar el canje paralelo) y la impaciencia de los estatales ante la mora salarial llevó al Gobierno a abonar los haberes con Lecop y con pesos.
En las primeras horas de ayer, todo fue ansiedad. Unos 3.000 empleados públicos -según los cálculos policiales- se agolparon en la puerta de ingreso de la sucursal del Banco del Tucumán (BT) en Maipú 70 de esta ciudad. Los estatales querían cobrar sus sueldos de julio el último día de agosto.
Las 40 cajas que se habilitaron en esa entidad bancaria no dieron abasto al abrir sus puertas, a las 7.30. Sus directivos ordenaron que se agilizara la atención al público y por eso se establecieron otras bocas de cobro por ventanilla, incluso para los docentes que debían retirar pesos de los cajeros automáticos. Muchos estatales, como pudo constatar LA GACETA, recibieron las Lecop y fueron hacia las casas de cambio a canjearlas por bonos. Con la conversión, esa franja de empleados públicos pudo incrementar un 10% su salario. Cerca del mediodía de ayer, en el BT el movimiento era casi normal, en un sábado atípico para la actividad bancaria.
El ministro de Economía reiteró que mañana podrán cobrar salarios aquellos agentes públicos que ayer no pudieron acudir al banco. Además, se depositarán fondos para que el próximo martes termine el cronograma con el resto de las reparticiones docentes y para que los intendentes del interior abonen remuneraciones a su personal (se necesitan $2,5 millones).
Quedarán pendientes los maestros privados y los empleados municipales de esta ciudad. Ferre estimó que en el transcurso de esta semana se acreditarán recursos para esos sectores.
Por otro lado, Ferre indicó que la Nación no giró en agosto fondos para los planes sociales Posoco y Prosonu.
Rentas recaudó, en agosto, $15,5 millones
El Ministerio de Economía decidió prorrogar hasta el 30 de este mes el plazo para la regularización de las deudas vencidas al 30 de junio del año pasado, de todos los impuestos provinciales. Los contribuyentes morosos tendrán otra oportunidad para saldar sus obligaciones con títulos públicos, cheques diferidos, efectivo y bonos. El Estado no avanzará con las ejecuciones judiciales ni tomará medidas contra aquellos deudores que estén dentro del régimen de alícuota cero o del bloqueo fiscal.
Pese a esa decisión, la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP) inició la semana pasada la intimación a contribuyentes que declararon bienes entre 2000 y este año. El titular de esa área, Oscar Fiorito, indicó a LA GACETA que, en un primer muestreo realizado por los técnicos de la Dirección de Rentas, se constataron 1.500 casos de contribuyentes que, en ese período, adquirieron automóviles o viviendas, pagaron sólo una boleta y luego incumplieron con el fisco.
"Creemos que estamos frente a una franja de personas con mediano y alto poder adquisitivo que, según sus ingresos, están en condiciones de abonar los impuestos", dijo Fiorito. Rentas reclamará esta semana el pago a ese sector. Además, continuará realizando el cruce de datos para establecer si hay más contribuyentes en esas condiciones.
Al finalizar el balance del mes, Fiorito indicó que la recaudación de agosto llegó a $15,5 millones, es decir, un 20% inferior a los niveles de julio pasado.
Sin embargo, el titular de la AGIP resaltó que el 90% de esos ingresos responde al pago de impuestos con bonos y con efectivo. Sólo el 9% de la recaudación correspondió a los títulos públicos provinciales.
"El Gobierno no hará nuevas emisiones"
La tentación existe. Los incumplimientos de la Nación sobre el financiamiento para reducir este año hasta un 50% del déficit, lleva a las provincias a pensar en nuevas emisiones de bonos. Esa posibilidad se fortalece por los contratiempos que tiene la firma del acuerdo entre la Nación y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La emisión de moneda espuria está vedada. Los gobernadores que suscribieron el pacto fiscal (Tucumán lo hizo el 2 de julio pasado) no pueden apelar a ese crédito barato que le brinda la sociedad en general.
Por las dudas, el ministro de Economía, Joaquín Ferre, dijo a LA GACETA que el Poder Ejecutivo no pensó ni tiene previsto recurrir a la máquina de fabricar papeles pintados para cumplir sus obligaciones esenciales, tal como el pago de los sueldos a los 64.000 empleados públicos. "Con el esquema financiero que tiene la provincia, no podemos seguir haciéndolo. No habrá más emisiones", enfatizó.
En la provincia circulan $169 millones en Bocade, casi el 62% de la masa circulante de monedas y otros instrumentos de pago también emitidos por el Estado.
La gestión de Julio Miranda tiene otra preocupación no compartida por varios mandatarios provinciales: el canje obligatorio de esos bonos por efectivo. Además, el rescate de $16 millones de Bocade fue diferido por el Gobierno. En los primeros días del mes pasado, se destruyeron $4 millones, pero el viernes pasado, el PE no pudo cumplir con la ley que lo obliga a inutilizar una partida de similar monto. Por esa razón, se habría dictado un decreto de necesidad y urgencia, liberando al Ejecutivo de tal obligación, pero estableciendo que el rescate total se hará hasta fines de noviembre.
Legisladores exigirán recursos a la Nación
Los legisladores exigirán al Gobierno nacional que remita en forma urgente los fondos adeudados a la Provincia, en un proyecto de resolución que ingresará mañana a la Cámara y que será aprobado en la sesión prevista para el próximo jueves o viernes."Hay que plantear con contundencia que la Nación pague los compromisos incumplidos con la Provincia, porque mantiene una deuda por 120 millones de pesos, sin incluir el nuevo pacto fiscal que tampoco es respetado", se quejó el presidente subrogante de la Cámara, el menemista Osvaldo Jaldo. Remarcó que el Poder Ejecutivo Nacional no envía a Tucumán "las diferencias por la base de coparticipación desde marzo, los 3 puntos del IVA y una parte del impuesto al cheque, que debe coparticipar con todas las provincias". Esta situación se repite con otros distritos del país.
"La Provincia no tiene que pedir más; debe ir a exigir la cancelación de la deuda, en todas las instancias administrativas y judiciales que correspondan, porque son fondos nuestros. En el mismo proyecto de resolución, pediremos a los legisladores nacionales que nos acompañen", adelantó.
Por su parte, el Ministerio de Economía informó que, en agosto, el Gobierno central no giró $15 millones de la coparticipación prevista para ese mes. Los ingresos brutos del mes llegaron a $39,5 millones, según un informe nacional.
Jaldo confirmó que mañana, al mediodía, se reunirán los presidentes de bloque para definir la convocatoria a sesión. En el recinto, se tratará el nuevo decreto de necesidad y urgencia que modifica el régimen de retiro de los bonos, ante la imposibilidad de retirar los $4 millones en esos papeles, como debía haberlo hecho el viernes pasado.







