30 Abril 2006 Seguir en 
Mayo será el mes de la convención constituyente. Y como pinta, también será clave para el Gobierno, que exhibe tempranos síntomas de fatiga. El barullo público por otras cuestiones quemantes para el poder político mantuvo las tareas preparatorias de la asamblea reformista fuera de foco. Sin embargo, la reserva que impuso el ministro de Salud, Juan Manzur, a todo el proceso, impide conocer si hay gato encerrado dentro de los 520 proyectos ingresados.
La única precisión que dio Manzur trasunta la inquietud del poder político por evitar la caída de la reforma constitucional. "Sí". De ese modo, contestó a una pregunta de LA GACETA sobre si se habían extremado las precauciones para bloquear eventuales demandas judiciales. El cuidado que se tendrá aun con la colocación de las comas en la redacción de los artículos, como dijo el prusiano conductor de la convención, revela el espanto que genera la sola referencia a una hipotética intervención de la Corte Suprema de Justicia en el asunto. Manzur es, en ese sentido, un obediente ejecutor de las instrucciones de la Casa de Gobierno. Sin embargo, existen indicios de que el oficialismo aceptará más de una propuesta del proyecto preparado por el alperovichista partido Participación Cívica, donde recalaron conspicuos radicales seducidos por el kirchnerismo.
Temperatura en ascenso
De lo que se filtró, hay un aspecto que le llamó la atención al obispo de Concepción, monseñor José María Rossi. Se trata del atinente a la reelección consecutiva por dos períodos que se habilitará para Alperovich. Con el período en marcha, el gobernador administraría durante 12 años la provincia. En cambio, quien lo suceda en 2015, sólo podría aspirar a un período más, o sea ocho años en total. ¿Por qué es así? , les preguntó a un grupo de convencionales que lo entrevistó. Uno de los alperovichistas sólo atinó a decir que esto era sólo en beneficio del Gobierno. Al dignatario le pareció, entonces, que se dará un trato desigual a los partidos en el esquema de alternancia en el poder. Alperovich está en la línea reeleccionista sin término, que impera en otros distritos y tras las huellas de Carlos Menem.
La polémica que signa a la revisión de la Carta del 90 subió otro escalón en las últimas horas. El jurista Daniel Sabsay se despegó de la paternidad que le adjudicaban respecto del plan alperovichista. "No participé de ninguna forma en la elaboración del proyecto oficial de reforma", aseveró. Gregorio Badeni, el otro experto al que se relacionó cierta vez con la autoría intelectual de la agenda reformista, también terminó peleado con el gobernador José Alperovich. La trifulca estalló a propósito de las divergencias entre ambos sobre la implantación del derecho de réplica en el nuevo cuerpo constitucional. Badeni tachó la inclusión de ese instituto, que apadrina Alperovich, por comportar una censura a las críticas contra los funcionarios políticos.
Sabsay alertó a un selecto auditorio en la Facultad de Derecho de la UNT, acerca de la seria lesión a la legitimidad del proceso constituyente, que ocasiona el hermetismo que rodea al cambio del estatuto jurídico de Tucumán. "De una convención constituyente totalmente secreta no puede emerger sino una Constitución ilegítima", precisó el catedrático. La sombra de una ley suprema signada por la primacía de una mayoría pasajera ronda otra vez en Tucumán. La resistencia que siguió a la puesta en vigencia de la Constitución del 90 -fruto de la hegemonía bussista- puede repetirse ante la experiencia que acometió el alperovichismo.
Sospechas cruzadas
La súbita arremetida del gobernador contra el diputado Esteban Jerez a causa de la paralización de las obras de Lomas de Tafí agitó más el oleaje político. Se creyó, en algunos ámbitos, que Alperovich había detonado una bomba de humo para distraer a la ciudadanía de los efectos erosivos del caso Lebbos. No fue así, sin embargo. Cuando el jueves disparó contra su ex competidor por la gobernación en 2003, Alperovich ya sabía de los pasos de Jerez por la Procuración General de la Nación. Esteban Righi, jefe de ese organismo, le informó el miércoles a Jerez que los expedientes iniciados por el fiscal federal general Guillermo Gómez, a partir de sus denuncias, se encauzaban judicialmente.
Al subsecretario de Vivienda de la Nación, Luis Bontempo, que es un asiduo visitante de Tucumán, lo investigará en Buenos Aires el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, por requerimiento del fiscal Luis Comparatore. Canicoba Corral viene de procesar al secretario de Agricultura y Ganadería, Miguel Campos, por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público por los manejos de la cuota Hilton de exportación cárnica.
A Bontempo, Jerez lo acusó de haber desviado cupos de vivienda de Neuquén y de San Luis en favor de Tucumán. Según el ex fiscal anticorrupción, Bontempo incurrió en malversación de fondos públicos y, por ello, podría convertirse en el segundo funcionario procesado de la era kirchnerista. Optimismo no le falta a Jerez.
La segunda denuncia de este llegó al juzgado de Jorge Parache, a requerimiento del fiscal federal Carlos Brito. Jerez focalizó sus cañones en el interventor del Instituto de la Vivienda, Gustavo Durán, a quien responsabiliza de haber elevado el precio de las viviendas, apartándose del mecanismo de las licitaciones públicas. Jerez estimó que las unidades costarían entre $ 38.000 y $ 78.000, lejos de las posibilidades de los adquirentes de escasos recursos, destinatarios de los planes. El presupuesto original era de $ 30.000. Las versiones de sobreprecios abundan en el mundo político. En Buenos Aires determinaron no girar fondos hasta que las situaciones se diluciden en el fuero federal. Lo concreto es que la guerra de dichos y réplicas derivó en una sorprendente reedición del duelo Alperovich-Jerez, que ya parecía anclado definitivamente en la prehistoria.
Ganadores y perdedores
¿Quién capitalizó el interrogatorio al ministro Mario López Herrera? No hay respuestas unívocas. En la Legislatura se arguyó que si se rechazaba el informe, prejuzgaban sobre la acción del funcionario en el caso Lebbos. En esa Cámara están radicados dos pedidos de juicio político -uno de ellos a López Herrera-, sobre cuya suerte deben definir los propios legisladores. Una segunda explicación hace hincapié en la dependencia financiera del Poder Legislativo, que no estaría en condiciones de soportar el corte de recursos por la Casa de Gobierno. En medio de ese fuego cruzado, se valoró como un gesto de fortaleza política el haber llevado al ministro al recinto, pese a la inusual presión ejercida por la concurrencia del gabinete en pleno a la Legislatura. La pulseada con el PE está abierta.
La única precisión que dio Manzur trasunta la inquietud del poder político por evitar la caída de la reforma constitucional. "Sí". De ese modo, contestó a una pregunta de LA GACETA sobre si se habían extremado las precauciones para bloquear eventuales demandas judiciales. El cuidado que se tendrá aun con la colocación de las comas en la redacción de los artículos, como dijo el prusiano conductor de la convención, revela el espanto que genera la sola referencia a una hipotética intervención de la Corte Suprema de Justicia en el asunto. Manzur es, en ese sentido, un obediente ejecutor de las instrucciones de la Casa de Gobierno. Sin embargo, existen indicios de que el oficialismo aceptará más de una propuesta del proyecto preparado por el alperovichista partido Participación Cívica, donde recalaron conspicuos radicales seducidos por el kirchnerismo.
Temperatura en ascenso
De lo que se filtró, hay un aspecto que le llamó la atención al obispo de Concepción, monseñor José María Rossi. Se trata del atinente a la reelección consecutiva por dos períodos que se habilitará para Alperovich. Con el período en marcha, el gobernador administraría durante 12 años la provincia. En cambio, quien lo suceda en 2015, sólo podría aspirar a un período más, o sea ocho años en total. ¿Por qué es así? , les preguntó a un grupo de convencionales que lo entrevistó. Uno de los alperovichistas sólo atinó a decir que esto era sólo en beneficio del Gobierno. Al dignatario le pareció, entonces, que se dará un trato desigual a los partidos en el esquema de alternancia en el poder. Alperovich está en la línea reeleccionista sin término, que impera en otros distritos y tras las huellas de Carlos Menem.
La polémica que signa a la revisión de la Carta del 90 subió otro escalón en las últimas horas. El jurista Daniel Sabsay se despegó de la paternidad que le adjudicaban respecto del plan alperovichista. "No participé de ninguna forma en la elaboración del proyecto oficial de reforma", aseveró. Gregorio Badeni, el otro experto al que se relacionó cierta vez con la autoría intelectual de la agenda reformista, también terminó peleado con el gobernador José Alperovich. La trifulca estalló a propósito de las divergencias entre ambos sobre la implantación del derecho de réplica en el nuevo cuerpo constitucional. Badeni tachó la inclusión de ese instituto, que apadrina Alperovich, por comportar una censura a las críticas contra los funcionarios políticos.
Sabsay alertó a un selecto auditorio en la Facultad de Derecho de la UNT, acerca de la seria lesión a la legitimidad del proceso constituyente, que ocasiona el hermetismo que rodea al cambio del estatuto jurídico de Tucumán. "De una convención constituyente totalmente secreta no puede emerger sino una Constitución ilegítima", precisó el catedrático. La sombra de una ley suprema signada por la primacía de una mayoría pasajera ronda otra vez en Tucumán. La resistencia que siguió a la puesta en vigencia de la Constitución del 90 -fruto de la hegemonía bussista- puede repetirse ante la experiencia que acometió el alperovichismo.
Sospechas cruzadas
La súbita arremetida del gobernador contra el diputado Esteban Jerez a causa de la paralización de las obras de Lomas de Tafí agitó más el oleaje político. Se creyó, en algunos ámbitos, que Alperovich había detonado una bomba de humo para distraer a la ciudadanía de los efectos erosivos del caso Lebbos. No fue así, sin embargo. Cuando el jueves disparó contra su ex competidor por la gobernación en 2003, Alperovich ya sabía de los pasos de Jerez por la Procuración General de la Nación. Esteban Righi, jefe de ese organismo, le informó el miércoles a Jerez que los expedientes iniciados por el fiscal federal general Guillermo Gómez, a partir de sus denuncias, se encauzaban judicialmente.
Al subsecretario de Vivienda de la Nación, Luis Bontempo, que es un asiduo visitante de Tucumán, lo investigará en Buenos Aires el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, por requerimiento del fiscal Luis Comparatore. Canicoba Corral viene de procesar al secretario de Agricultura y Ganadería, Miguel Campos, por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público por los manejos de la cuota Hilton de exportación cárnica.
A Bontempo, Jerez lo acusó de haber desviado cupos de vivienda de Neuquén y de San Luis en favor de Tucumán. Según el ex fiscal anticorrupción, Bontempo incurrió en malversación de fondos públicos y, por ello, podría convertirse en el segundo funcionario procesado de la era kirchnerista. Optimismo no le falta a Jerez.
La segunda denuncia de este llegó al juzgado de Jorge Parache, a requerimiento del fiscal federal Carlos Brito. Jerez focalizó sus cañones en el interventor del Instituto de la Vivienda, Gustavo Durán, a quien responsabiliza de haber elevado el precio de las viviendas, apartándose del mecanismo de las licitaciones públicas. Jerez estimó que las unidades costarían entre $ 38.000 y $ 78.000, lejos de las posibilidades de los adquirentes de escasos recursos, destinatarios de los planes. El presupuesto original era de $ 30.000. Las versiones de sobreprecios abundan en el mundo político. En Buenos Aires determinaron no girar fondos hasta que las situaciones se diluciden en el fuero federal. Lo concreto es que la guerra de dichos y réplicas derivó en una sorprendente reedición del duelo Alperovich-Jerez, que ya parecía anclado definitivamente en la prehistoria.
Ganadores y perdedores
¿Quién capitalizó el interrogatorio al ministro Mario López Herrera? No hay respuestas unívocas. En la Legislatura se arguyó que si se rechazaba el informe, prejuzgaban sobre la acción del funcionario en el caso Lebbos. En esa Cámara están radicados dos pedidos de juicio político -uno de ellos a López Herrera-, sobre cuya suerte deben definir los propios legisladores. Una segunda explicación hace hincapié en la dependencia financiera del Poder Legislativo, que no estaría en condiciones de soportar el corte de recursos por la Casa de Gobierno. En medio de ese fuego cruzado, se valoró como un gesto de fortaleza política el haber llevado al ministro al recinto, pese a la inusual presión ejercida por la concurrencia del gabinete en pleno a la Legislatura. La pulseada con el PE está abierta.
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