30 Abril 2006 Seguir en 
BUENOS AIRES.- Buenas noticias para los abogados que aún litigan contra la Argentina ante el Ciadi: desde lo conceptual, decir que se necesita aplicar “cargos específicos” para abastecer Fondos Fiduciarios orientados a la construcción de obras de infraestructura de gas y electricidad, cuyo único nutriente es el bolsillo de los usuarios, y apuntalar con tanta vehemencia una ley tan controvertida como la que se votó esta última semana en el Senado, significa admitir lisa y llanamente que los concesionarios de servicios públicos tenían razón cuando pedían mayor tarifa para invertir.
Durante los últimos años, la pelea entre el Gobierno y los privados se zanjó siempre a favor del congelamiento de las tarifas, debido a la necesidad del Estado de mantenerlas aplastadas por razones inflacionarias (en la época de Segba y de Obras Sanitarias se las llamaba “tarifas políticas”), mientras que se fustigaba a las empresas por la falta de inversión. Con el tiempo, tras una desgastante tarea de ablande, muchas de ellas cambiaron de manos silenciosamente y pasaron a ser administradas por empresarios de la “nueva burguesía nacional” mucho más dóciles, mientras que otras decidieron salir del país de modo escandaloso, como Aguas Argentinas.
Situaciones al desnudo
Pero la discutida Ley también desnuda una segunda y más profunda situación, ya que los Fondos, adonde irán a parar los “cargos” que se les sumarán a las facturas, serán constituidos con dinero fuera del Presupuesto, que no tendrán un estricta fiscalización en su seguimiento, adjudicación y uso más que la pobreza de cierto control legislativo, a través de la fachada de una Comisión bicameral que preside un opositor, pero que tiene mayoría oficialista.
Probablemente, el manejo de toda la operatoria incentive en el imaginario popular (otro recuerdo ingrato de aquellos mismos viejos tiempos) sospechas derivadas de la altísima discrecionalidad que permite la nueva Ley, sumada a la ineficiencia crónica de los organismos estatales de contralor. La sociedad sabe de memoria que cuando la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Auditoría General de la Nación (AGN) o la Oficina Anticorrupción (OA) aparecen en la escena del crimen, es porque una vez más han llegado tarde y sólo para hacer la autopsia, antes que para prevenir y encauzar. El reciente escándalo de la aérea estatal Lafsa -denuncia penal de ñoquis y sobreprecios que se concreta un año después de la imputación de un legislador, cuando ya la compañía fue convenientemente desactivada- viene a ratificar plenamente esa presunción.
Así, los recelos sobre determinación de prioridades, lugares de ejecución, preferencias por los amigos, eventuales sobreprecios, adjudicaciones directas, admisión de mayores costos, etcétera, volverán a ponerse necesariamente sobre la mesa en el caso de los Fondos Fiduciarios, cada vez que se plantee la urgencia de una obra, como parte de un abrumador paquete largamente postergado que hoy se necesita activar rápidamente -otra admisión implícita de la Ley- para no seguir poniendo en riesgo el abastecimiento energético.
Pues bien, estas tres delicadas cuestiones de fondo que surgen tan claramente de la lectura del proyecto aprobado en el Congreso (correlación entre tarifas e inversión, discrecionalidad extrema y crisis energética en ciernes) han quedado escondidas, una vez más, por la cáscara de la situación, ya que la polémica -que tampoco es menor, por cierto- se centró en el bolsillo de los consumidores y sobre quiénes pagarán, cuánto, desde cuándo y durante qué plazo.
Con la lógica mediática de su dominio de la opinión pública, el Gobierno, tras la admisión de Néstor Kirchner de que la Argentina tiene “las tarifas más bajas de América del Sur” (aunque fue sólo un discurso político, los abogados agradecidos), centró su defensa en la cuestión tarifaria, mientras que la débil oposición política -salvo honrosas excepciones- cayó en la trampa y se dedicó de lleno a polemizar sobre si son o no aumentos encubiertos, seguramente por considerar este aspecto más rimbombante que la cuestión de la transparencia.
Por su parte, el Presidente defendió también la necesidad de conseguir financiamiento barato y de cobrarles esa tasa a los sectores que más pueden. Sin embargo, la ley no excluye a los consumos domiciliarios, aunque sí a los usuarios de menores recursos, mientras que desde el Ministerio de Planificación -el área que administrará todo el proceso, por lo que la norma ya ha sido bautizada la “Ley de Vido”- se aclaró que los cargos finalmente podrían llegar a afectar solamente a los beneficiarios de las obras, algo tan difícil de precisar cuando se trate de redes interconectadas, como lo será verificar la relación entre el uso del gas o de la electricidad de cada grupo familiar, frente a su composición e ingresos.
También desde Planificación se dijo que quienes paguen los cargos podrían recibir compensaciones “en especie”, punto que habrá que aclarar para saber si se trata de uno más de la madeja de subsidios cruzados que se disparan a diario y que enturbian el manejo de la economía, o si la promesa tiene que ver con alguna tasa de interés derivada de la probable securitización de los Fondos Fiduciarios. Este último resulta el punto más positivo de todo el culebrón, porque le generará oferta extra al mercado de capitales, aunque -dicho sea de paso- los banqueros están sufriendo, porque la masa de inversión local ya está saturada de estos instrumentos y porque el dinero que llega desde el exterior, aun para la compra de primeras emisiones de los Fondos, ha sido alcanzado por el encaje de 30%.
Más allá de este último aspecto tan puntual, con todos los demás lastres que surgen de la nueva Ley cabe una pregunta: ¿por qué entonces el Estado se esmeró como lo hizo para sacarla del Congreso a sangre y fuego, aun a costa de deteriorar su ya más que pobre papel institucional y dejarlo al borde del knock out, para hacer finalmente lo no que se les permitió hacer a los privados? O dicho de otra manera, ¿era necesario que el Estado ahogara a las empresas durante años, se peleara con todo el mundo y pusiera en riesgo el abastecimiento energético para llegar al mismo resultado, que también terminará siendo pagado por los consumidores?
Más allá de tener la potestad del manejo de la caja que se le ha endilgado desde la oposición, un acercamiento ideológico a la respuesta parece haberlo tenido el jueves la ministra de Economía, Felisa Miceli, en una de sus pocas apariciones públicas en un foro empresario: “ningún país del mundo tiene absoluta libertad de mercado ni absoluto estatismo”, dijo, para mofarse de las regulaciones del mercado de combustibles que impuso George Bush y para marcar una línea media ideal que claramente hoy no se cumple en la Argentina, ya que el fiel pendula esta vez hacia la preeminencia del Estado.
No por casualidad, la ministra, tan poco afecta a hacer anuncios, sugirió que el año próximo podría cesar la Ley de Emergencia Económica como respaldo del accionar estatal en materia de servicios públicos, justamente un día después de que se conseguía una Ley que avanza a mayor velocidad en el mismo sentido y que acentúa aún más su presencia.
Los acuerdos de precios
En esa misma reunión, también Miceli criticó a los que critican los acuerdos de precios y dejó una frase que pasó algo inadvertida, pero que vale la pena repasar: “Quienes creen que por no aplicar políticas ortodoxas, la estrategia del Gobierno se limita sólo a los acuerdos de precios, se equivocan”, explicó.
Desde el lado monetario, la suba mínima pero persistente de las tasas de interés y la actividad del BCRA para absorber fondos parecen darle la razón. No obstante, la situación fiscal mueve a cierta cautela de los especialistas en relación con el mediano plazo, no sólo por los fondos extrapresupuestarios o por los subsidios, sino porque, al ritmo actual, el superávit fiscal primario para este año podría ser inferior al de 2005 (3,26% versus 3,5%, según el Cippec). En tanto, una nueva luz amarilla se ha encendido en el horizonte de las empresas: Guillermo Moreno ha pasado del control de precios al control de costos, y algunos hombres de negocios sugieren que pronto hará control de utilidades de modo directo. “Ese día entrego la llave”, le dijo a DyN un empresario del sector turismo que estuvo con él negociando durante la semana. Cuando eso ocurra, el péndulo de la Argentina habrá llegado otra vez a su máximo recorrido y Miceli deberá reconsiderar su tan marketinera frase. (DyN)
Durante los últimos años, la pelea entre el Gobierno y los privados se zanjó siempre a favor del congelamiento de las tarifas, debido a la necesidad del Estado de mantenerlas aplastadas por razones inflacionarias (en la época de Segba y de Obras Sanitarias se las llamaba “tarifas políticas”), mientras que se fustigaba a las empresas por la falta de inversión. Con el tiempo, tras una desgastante tarea de ablande, muchas de ellas cambiaron de manos silenciosamente y pasaron a ser administradas por empresarios de la “nueva burguesía nacional” mucho más dóciles, mientras que otras decidieron salir del país de modo escandaloso, como Aguas Argentinas.
Situaciones al desnudo
Pero la discutida Ley también desnuda una segunda y más profunda situación, ya que los Fondos, adonde irán a parar los “cargos” que se les sumarán a las facturas, serán constituidos con dinero fuera del Presupuesto, que no tendrán un estricta fiscalización en su seguimiento, adjudicación y uso más que la pobreza de cierto control legislativo, a través de la fachada de una Comisión bicameral que preside un opositor, pero que tiene mayoría oficialista.
Probablemente, el manejo de toda la operatoria incentive en el imaginario popular (otro recuerdo ingrato de aquellos mismos viejos tiempos) sospechas derivadas de la altísima discrecionalidad que permite la nueva Ley, sumada a la ineficiencia crónica de los organismos estatales de contralor. La sociedad sabe de memoria que cuando la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Auditoría General de la Nación (AGN) o la Oficina Anticorrupción (OA) aparecen en la escena del crimen, es porque una vez más han llegado tarde y sólo para hacer la autopsia, antes que para prevenir y encauzar. El reciente escándalo de la aérea estatal Lafsa -denuncia penal de ñoquis y sobreprecios que se concreta un año después de la imputación de un legislador, cuando ya la compañía fue convenientemente desactivada- viene a ratificar plenamente esa presunción.
Así, los recelos sobre determinación de prioridades, lugares de ejecución, preferencias por los amigos, eventuales sobreprecios, adjudicaciones directas, admisión de mayores costos, etcétera, volverán a ponerse necesariamente sobre la mesa en el caso de los Fondos Fiduciarios, cada vez que se plantee la urgencia de una obra, como parte de un abrumador paquete largamente postergado que hoy se necesita activar rápidamente -otra admisión implícita de la Ley- para no seguir poniendo en riesgo el abastecimiento energético.
Pues bien, estas tres delicadas cuestiones de fondo que surgen tan claramente de la lectura del proyecto aprobado en el Congreso (correlación entre tarifas e inversión, discrecionalidad extrema y crisis energética en ciernes) han quedado escondidas, una vez más, por la cáscara de la situación, ya que la polémica -que tampoco es menor, por cierto- se centró en el bolsillo de los consumidores y sobre quiénes pagarán, cuánto, desde cuándo y durante qué plazo.
Con la lógica mediática de su dominio de la opinión pública, el Gobierno, tras la admisión de Néstor Kirchner de que la Argentina tiene “las tarifas más bajas de América del Sur” (aunque fue sólo un discurso político, los abogados agradecidos), centró su defensa en la cuestión tarifaria, mientras que la débil oposición política -salvo honrosas excepciones- cayó en la trampa y se dedicó de lleno a polemizar sobre si son o no aumentos encubiertos, seguramente por considerar este aspecto más rimbombante que la cuestión de la transparencia.
Por su parte, el Presidente defendió también la necesidad de conseguir financiamiento barato y de cobrarles esa tasa a los sectores que más pueden. Sin embargo, la ley no excluye a los consumos domiciliarios, aunque sí a los usuarios de menores recursos, mientras que desde el Ministerio de Planificación -el área que administrará todo el proceso, por lo que la norma ya ha sido bautizada la “Ley de Vido”- se aclaró que los cargos finalmente podrían llegar a afectar solamente a los beneficiarios de las obras, algo tan difícil de precisar cuando se trate de redes interconectadas, como lo será verificar la relación entre el uso del gas o de la electricidad de cada grupo familiar, frente a su composición e ingresos.
También desde Planificación se dijo que quienes paguen los cargos podrían recibir compensaciones “en especie”, punto que habrá que aclarar para saber si se trata de uno más de la madeja de subsidios cruzados que se disparan a diario y que enturbian el manejo de la economía, o si la promesa tiene que ver con alguna tasa de interés derivada de la probable securitización de los Fondos Fiduciarios. Este último resulta el punto más positivo de todo el culebrón, porque le generará oferta extra al mercado de capitales, aunque -dicho sea de paso- los banqueros están sufriendo, porque la masa de inversión local ya está saturada de estos instrumentos y porque el dinero que llega desde el exterior, aun para la compra de primeras emisiones de los Fondos, ha sido alcanzado por el encaje de 30%.
Más allá de este último aspecto tan puntual, con todos los demás lastres que surgen de la nueva Ley cabe una pregunta: ¿por qué entonces el Estado se esmeró como lo hizo para sacarla del Congreso a sangre y fuego, aun a costa de deteriorar su ya más que pobre papel institucional y dejarlo al borde del knock out, para hacer finalmente lo no que se les permitió hacer a los privados? O dicho de otra manera, ¿era necesario que el Estado ahogara a las empresas durante años, se peleara con todo el mundo y pusiera en riesgo el abastecimiento energético para llegar al mismo resultado, que también terminará siendo pagado por los consumidores?
Más allá de tener la potestad del manejo de la caja que se le ha endilgado desde la oposición, un acercamiento ideológico a la respuesta parece haberlo tenido el jueves la ministra de Economía, Felisa Miceli, en una de sus pocas apariciones públicas en un foro empresario: “ningún país del mundo tiene absoluta libertad de mercado ni absoluto estatismo”, dijo, para mofarse de las regulaciones del mercado de combustibles que impuso George Bush y para marcar una línea media ideal que claramente hoy no se cumple en la Argentina, ya que el fiel pendula esta vez hacia la preeminencia del Estado.
No por casualidad, la ministra, tan poco afecta a hacer anuncios, sugirió que el año próximo podría cesar la Ley de Emergencia Económica como respaldo del accionar estatal en materia de servicios públicos, justamente un día después de que se conseguía una Ley que avanza a mayor velocidad en el mismo sentido y que acentúa aún más su presencia.
Los acuerdos de precios
En esa misma reunión, también Miceli criticó a los que critican los acuerdos de precios y dejó una frase que pasó algo inadvertida, pero que vale la pena repasar: “Quienes creen que por no aplicar políticas ortodoxas, la estrategia del Gobierno se limita sólo a los acuerdos de precios, se equivocan”, explicó.
Desde el lado monetario, la suba mínima pero persistente de las tasas de interés y la actividad del BCRA para absorber fondos parecen darle la razón. No obstante, la situación fiscal mueve a cierta cautela de los especialistas en relación con el mediano plazo, no sólo por los fondos extrapresupuestarios o por los subsidios, sino porque, al ritmo actual, el superávit fiscal primario para este año podría ser inferior al de 2005 (3,26% versus 3,5%, según el Cippec). En tanto, una nueva luz amarilla se ha encendido en el horizonte de las empresas: Guillermo Moreno ha pasado del control de precios al control de costos, y algunos hombres de negocios sugieren que pronto hará control de utilidades de modo directo. “Ese día entrego la llave”, le dijo a DyN un empresario del sector turismo que estuvo con él negociando durante la semana. Cuando eso ocurra, el péndulo de la Argentina habrá llegado otra vez a su máximo recorrido y Miceli deberá reconsiderar su tan marketinera frase. (DyN)
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