Educadores de alta montaña

En la edición del viernes, informamos acerca de la falta de profesores en las escuelas rurales de nuestra provincia, especialmente en las de alta montaña. Según las autoridades de la Junta de Clasificación Media, tal situación no se debe imputar a la ausencia de plazas, sino a la falta de postulantes para ellas. Los docentes son remisos a aceptar horas cátedra en esos destinos, porque luego la percepción efectiva del sueldo se les hace difícil, con demoras que llegan a veces hasta un año y medio. Se estima que esa situación afecta a unos 5.000 docentes, que gestionan el cobro. Se ha acudido a recursos como llamar a educadores que no figuraban en el padrón, para cubrir asignaturas como Matemáticas y Lengua, ya que los empadronados no tenían interés en viajar a la alta montaña.
En nuestra nota, los profesores afectados ofrecen un variado detalle acerca de las penurias que deben soportar hasta que llegan a un cobro que, además, muchas veces viene disminuido por la errónea liquidación. Es un interminable y kafkiano trámite burocrático, con expedientes que deben ser movilizados personalmente por quienes los gestionan, lo que los obliga a faltar a sus trabajos y a gastar en los traslados. Requerimiento de gran cantidad de papeles, cobro en boletas con descuentos que no corresponden y cuyo reintegro demanda otra larga tramitación, etcétera, son algunos aspectos asombrosos de una realidad que, obviamente, conspira contra la educación normal en esas zonas de la provincia.
Parece difícil admitir que, en la época en que vivimos, caracterizada por la incorporación de los medios electrónicos a todo lo que signifique pagos y trámites en general, en el rubro que nos ocupa persista un cuadro que cualquiera hubiera creído superado décadas atrás. Como lo dice la directora general de Educación, no puede admitirse que un educador deba iniciar un expediente para cobrar su sueldo en tiempo y forma, y asegura que ello podrá superarse con el método de informatización de legajos que tiene en marcha: el denominado Sistema de Administración de la Gestión Educativa, al cual se están sumando todas las juntas. Es propósito oficial, dice, comenzar por la Junta Media, que es la que presenta, como vemos,  mayores complicaciones.
Es de esperar que estos recaudos se traduzcan en un mejoramiento integral del sistema administrativo de pagos. Porque es evidente que este no puede continuar operando de manera tan deficitaria. No debe olvidarse que los profesores que se desempeñan en esos establecimientos, ubicados en las zonas más alejadas de la ciudad, muestran a diario, además del esfuerzo educativo, la heroica disposición de realizar simultáneamente otras tareas a las que no están obligados. Como expresa una de las vocales de la Junta, muchas veces “deben cumplir funciones de padres sustitutos, contar con una moto enduro o alquilar un caballo para ir a dictar tres horas de clase”, a lo que se agrega “estar dispuestos a trabajar un año sin cobrar”. Es algo que no necesita demasiados comentarios.
El desinterés que se registra por los cargos en la alta montaña tiene, entre sus causas, ese conjunto de problemas a los que nos acabamos de referir. Bien se sabe, además, que es mucho más cómodo trabajar en los centros urbanos que en la campaña, por las comodidades y compensaciones que implica lo primero. Pero la docencia, como la Medicina, son de esas carreras cuyo ejercicio se nutre de la vocación del profesional y, cuando ella existe, no hay barreras que sometan al espíritu. No puede dudarse de que existen profesores dispuestos al trabajo duro en zonas difíciles. Pero el Estado no puede exigir,  a quien enseña o está dispuesto a hacerlo allí, condiciones de superhombre. Tiene que implementar los alicientes adecuados para que tales cargos sean cubiertos en su totalidad, y no queden los alumnos de alta montaña privados del derecho esencial de educarse.