La caja de los milagros

BUENOS AIRES.- El Poder Ejecutivo ha sumado una facultad más, conferida por el Congreso mediante la ley que lo autoriza a aumentar, con aparente disimulo, las grandes tarifas energéticas mediante un nuevo fideicomiso sin control parlamentario. El procedimiento se agrava porque dicha fiscalización no estará a cargo de los destinatarios, sino del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. Es práctica en el fuerte y actual centralismo gubernamental que cuantiosos recursos sin control, amparados desde 2002 en la Ley de Emergencia Económica  -25.344 - no siempre sean utilizados con los fines formalmente asignados, tal cual ocurre como ejemplo más llamativo, con el desvío de los fondos previsionales de la Anses. La objeción más severa e inmediata está en el artículo 99 de la Constitución, cuando al establecer excepciones para los decretos de necesidad y urgencia, se incluye taxativamente el tema tributario. Naturalmente, la ley concesiva ha suscitado reacciones muy diversas, especialmente de juristas especializados que cuestionan no sólo su irregularidad, sino el hecho de que no menos de un centenar de fideicomisos exentos de control y por una suma de alrededor de diez mil millones, contribuyen a engrosar la caja autónoma del Gobierno. Después del presidente Kirchner, el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, es el mayor operador, hasta el momento, de los fondos “liberados” por las reiteradas delegaciones de facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo.

El horizonte electoral
Por su parte, la oposición política siente más aquella decisión, ante el lógico temor de que tales recursos se sigan incrementando y asignando libremente, cuando se acerca el proceso electoral. La respuesta indignada del oficialismo ha sido tanto del Presidente como de su esposa. En el primer caso, con un  lapsus muy notorio, al imputar a la década del 90 los reiterados y extensos apagones, y en el segundo, con el tácito reconocimiento de la senadora en el debate de la Cámara, de que no hubo otro camino ante la falta de propuestas de la oposición. Ese aumento de tarifas indirecto, como la proliferación de fideicomisos, forman parte de las objeciones que la Defensoría del Pueblo de la Nación está planteando últimamente. Sin embargo, estas tampoco parecen preocupar demasiado en el oficialismo, a tal punto que la ministra de Economía, Felisa Miceli, solamente ha calificado como probable la derogación de la emergencia económica en el presupuesto para 2007. La ley en cuestión, por cierto, establece que es el PEN el que debe determinar el momento de poner fin a ese paraguas político excepcional, tan contrastante desde hace mucho tiempo con las cifras macroeconómicas que frecuentemente difunde el Gobierno. (De nuestra Sucursal)