Los medios audiovisuales, en crisis

Hace un año, el Fondo Nacional de las Artes resolvió proponer un movimiento recuperador de la cultura en los medios audiovisuales de comunicación. A tan valiosa iniciativa se sumaron academias e instituciones profesionales y empresarias, así como especialistas en el tema, con el propósito de poner fin al creciente deterioro de las programaciones. Con la denominación de “Compromiso ante la ciudadanía”, la campaña pretendía una reacción depuradora de los responsables de esos contenidos televisivos y radiales, amén de una acción fiscalizadora estatal eficiente por parte del Comité Federal de Radiodifusión  -Comfer-. A propósito de ello, el organismo regulador estatal reconoció, mediante una declaración formal,  “un incremento notorio y excesivo de programas que exponen una alta carga de sexualidad en sus contenidos, especialmente durante el horario de protección del menor”. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido desde entonces sin otra novedad sobre aquella iniciativa, como no sean las frecuentes multas impuestas por el Comfer a los responsables de una diversidad de graves violaciones a reglas precisas y que implicaron miles de multas que, por añadidura, se adeudan al organismo oficial en notorias actitudes de impunidad. Casos testimoniales son los de los productores Marcelo Tinelli y Susana Jiménez, por la aparición de menores de 14 años en sus programas; el primero, multado en 81 ocasiones, y la segunda, en 18, durante 2005, sin que ninguno haya abonado las multas hasta ahora.
Desde el punto de vista ético y moral, esos casos no son los más graves, pues la normatividad argentina se contradice con la internacional por su mayor severidad, pero la regla local está vigente y debe ser observada mientras no se la reforme. Otros testimonios al alcance de quienes encienden un televisor o una radio y cuyos estilos aplican la grosería degradante del lenguaje y la necesaria condición cultural, corren por cuenta de no pocos comentaristas y relatores que rebajan sus condiciones profesionales en demanda de audiencias que estimulan los resultados comerciales. En ese sentido, la olvidada campaña “Compromiso con la ciudadanía” convocaba a las empresas que no advierten el grave riesgo de contribuir a la corrupción de los usos del mercado, especialmente en esos programas reprobables. Contribuciones que no llegan, en la mayoría de los casos, a la programación con superiores niveles culturales. En este punto, la ética empresarial en nuestro medio deja mucho por desear. En mayor o menor grado, la televisión abierta rara vez escapa a esas observaciones y es problemático que pueda hacerlo sin pérdidas comerciales, dentro de un sistema competitivo perverso donde el medio de comunicación ha perdido en gran medida su condición ética. La crisis sufrida por la sociedad y con la que se pretende justificar esos comportamientos, no es válida como razón o causa, pues son los medios de comunicación mediante la palabra y la imagen los que deben contribuir con sus comportamiento al rescate de los valores afectados. El Estado tiene en este punto una responsabilidad ineludible que no asume debidamente; no sólo por ineficiencia del Comfer y la ley de radiodifusión y televisión, sancionada durante la dictadura y emparchada desigualmente en los años subsiguientes. También por la baja calidad de sus propios medios -con excepción del clásico y del folclórico- que no salen al exterior con la condición  y niveles adecuados. Medios públicos que, por lo demás, siguen siendo instrumentos al uso de los gobiernos de turno, generalmente a cargo de funcionarios sin condiciones profesionales y carentes de los recursos necesarios para su mejor funcionamiento técnico y cualitativo.