La vieja Policía

Salió fortificado el sistema, dijo el vicegobernador, Fernando Juri, al cabo del interrogatorio que la Legislatura hizo al ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, sobre lo ocurrido con la investigación del asesinato de Paulina Lebbos. También el gobernador, José Alperovich, quedó satisfecho con el papel que cumplió  su ministro frente a un tema en el que el Gobierno tenía que reconocer la mala praxis de la Policía. Pero, aunque la Cámara logró evitar un debate “político-partidario” (como dijo Juri) sobre la seguridad, quedaron varias cosas en el tintero. La primera de ellas fue remarcada por Alberto Lebbos, padre de la víctima, cuando dijo que esos errores policiales formaban parte -según él- de una trama de encubrimiento, y volvió a insistir en que deben caer las cabezas de la estructura de seguridad.
El Gobierno registró un triunfo en el hecho de que no se haya votado la interpelación, ya que se anularon las interpretaciones políticas del tema, pese a que el ministro se sometió al interrogatorio de los opositores.
Pero esta lectura no tiene nada que ver con lo que se expuso en la cámara. Lo más inquietante ha sido el pavoroso desfile de irregularidades descripto por las mismas autoridades policiales, y llevado a cabo en una comisaría (Raco) considerada casi un modelo por el jefe de Policía, Hugo Sánchez. El funcionario policial dijo que no entendía por qué los policías actuaron fuera de la ley pero explicó que “por prudencia” no se procedía enérgicamente contra estos oficiales y se esperaba el resultado de la investigación judicial. Los actos de esta comisaría “modelo” dieron lugar a que el mismo legislador opositor Alejandro Sangenis pudiera desarrollar una teoría sobre una conspiración policial en el caso Lebbos.
Esta exposición cruda de las prácticas policiales sirvió para mostrar que, ya sea por ingenuidad negligente para adulterar las pruebas, o en el marco de un encubrimiento cuyas razones aún se desconocen, estos agentes forman parte de la nueva Policía que -según Sánchez- hizo bajar los índices de inseguridad en la zona de Raco. La mirada de los funcionarios frente a estos “errores” parece ser la de otras épocas en las que no importaban los procedimientos, sino los resultados. Muchos policías terminaron procesados en otros tiempos por prácticas reñidas con la ley en busca de resultados. No ha sido un dato menor que la principal pista que está siguiendo en este momento la Policía es la confesión (en la Brigada de Investigaciones) de un presidiario, mencionado en una causa por robo de autos, con uno de los barrabravas sobre los que se tienen sospechas. El mismo fiscal Carlos Albaca está desconfiando de la validez de esta pista.
La pregunta que sigue es si esta muestra de trabajo policial se extiende al resto de la fuerza. ¿Sólo estos policías fallan? ¿Es el modelo de seguridad el que está fallando? ¿Puede producirse un cambio con una fuerza militarizada, acostumbrada a trabajar sin control y con total impunidad sobre sus métodos? En este sentido, quedó en claro en la exposición del ministro que los funcionarios civiles no manejan la política de seguridad, sino que es la Policía misma la que lo hace. El jefe expuso durante cuatro horas, y López Herrera durante dos. Sánchez era quien conocía el tema, no López Herrera, pese a que está en el área de Seguridad Ciudadana desde hace seis meses y pese a que él mismo se calificó de ser un experto en el asunto.
El Gobierno se debería estar preguntando qué hacer con la Policía. ¿Cirugía mayor, como en Buenos Aires, donde se la departamentalizó y se descabezó la jefatura? El sistema no está fortificado, como dice Juri. El modelo investigativo que se sigue no funciona y, aun si Lebbos no tuviera razón y no hubiera una trama de encubrimiento, el riesgo de que ocurran otras tragedias con este modelo es demasiado alto como para dejar las cosas como están.