Reprobable dualismo político

Como la ética y el diálogo, la autocrítica es una condición de solvencia cultural de la vida pública que distingue a una sociedad. Particularmente cuando se trata de las organizaciones políticas, por sus responsabilidades en la gestión del Estado, preservando sus instituciones. Durante largo tiempo, cuando las repetidas crisis institucionales comenzaron a interrumpir el rumbo histórico de la República, la autocrítica fue otra de las virtudes ausentes de nuestros grandes partidos, lo que contribuyó al desprestigio de las dirigencias con responsabilidades de gobierno. Ese nocivo fenómeno ha tenido crecientes manifestaciones, agravadas en los recientes años por las gravísimas imputaciones que no pocos discursos oficiales plantean contra ex funcionarios de gobiernos precedentes y del propio partido, eludiendo el deber de denunciar a esos correligionarios ante los organismos de conducta y disciplina. Tampoco estos últimos suelen actuar de oficio en tales eventualidades y solamente se conoce algún caso aislado en que lo hayan hecho, si bien se desconocen los resultados. La dualidad entre lo que se denuncia y la omisión del deber consiguiente, por parte del denunciante y de su partido, es otra de las razones causantes del fundado descrédito que padecen nuestras organizaciones políticas. En ese orden, debe recibirse con satisfacción que la UCR haya puesto en funciones a su Tribunal de Conducta y Disciplina, con el rango de máxima autoridad partidaria en materia de ética.
Distinta es la situación en el PJ, cuya conducción nacional está intervenida judicialmente, ante la prolongada gestión del consejo nacional por una comisión transitoria que lo mantuvo virtualmente clausurado a partir de los conflictos entre el menemismo, el duhaldismo y el kirchnerismo. El presidente Kirchner se vale mientras tanto del Frente para la Victoria, pero mantiene su afiliación al PJ, cuyas fuertes críticas por su protagonismo durante la década del 90 forman parte de sus discursos públicos. En esas ocasiones no faltan, a veces, imputaciones de orden penal o por graves daños al país e incumplimiento de deberes públicos, que, como se ha dicho, no se trasladan a los órganos de conducta partidarios; omisión que incluye los casos en que hay procesamientos por la Justicia. En la actualidad, por ejemplo, se está modificando la legislación laboral, acusando a la misma década del partido oficialista por una presunta acción predatoria de aquella. Por otra parte, se encuentran procesados ex senadores y funcionarios de la UCR y del PJ por los sobornos que en tiempos de la Alianza permitieron la sanción de la reforma laboral, sin que tampoco hayan actuado organismos disciplinarios de ambas agrupaciones.
En el caso de la UCR, es de esperar que el nuevo órgano de conducta y disciplina actúe para poner las cosas en su lugar. Lo mismo debería ocurrir en cuanto al PJ, pero aquí se trata de un problema más complejo, pues muchos de los colaboradores oficiales de la vilipendiada década del 90 lo son hoy del actual gobierno, inclusive en elevados niveles de gestión. No sólo del Poder Ejecutivo, sino igualmente en el Legislativo, donde el reciclaje oficialista ha llegado a conformar casos sin precedentes de carencias éticas en la historia parlamentaria. Esos comportamientos de nuestra clase política que convirtieron los partidos en aparatos manipulables sin la condición representativa que los legitima, son el fruto del deliberado bloqueo de todo intento de reforma desde la restauración constitucional. Frente a esa realidad, el único poder capaz de ponerle fin es el de la ciudadanía y su herramienta no es otra que el voto democrático. No ejercerlo responsablemente es tanto como desentenderse de la decadencia del país.