Flaquezas

Por Angel Anaya

01 Abril 2006
BUENOS AIRES.- La fragilidad institucional con que se desenvuelve frecuentemente la realidad política del país provoca, posiblemente, el más desdibujado perfil con que se lo observa desde el exterior, ya que no tanto aquí, por la habitualidad de las irregularidades. Nada menos que el ministro de Justicia acaba de dar cuenta, sin inmutarse, de ello, al hablar en la Primera Conferencia Nacional de Jueces ante el gran plenario de la magistratura nacional. El Gobierno -dijo Alberto Iribarne- considera que no es oportuno completar la Corte Suprema en estos momentos -donde hay dos vacantes- ni tampoco reducirla a siete miembros, respondiendo así al titular del tribunal Enrique Petracchi. Lo singular es que Kirchner dictó un decreto el año pasado fijando un mes para designar sustitutos, lo que no ha cumplido. El Presidente, agregó el ministro, puede dictar otro decreto con nueva prórroga. Es sabido que la inoportunidad mencionada alude a que los jueces actuales no tienen número suficiente para dictar determinados fallos que pueden perturbar al Gobierno. Otro ejemplo de fragilidad institucional se da en el conflicto sindical de Aerolíneas Argentinas, donde gravita el subsecretario de Transporte, Ricardo Cirielli, quien conserva el cargo de secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, aunque en uso de licencia. Una licencia tan liviana que la Oficina Anticorrupción se ha visto obligada, tras las repetidas protestas de la empresa, a comunicarle que no debe intervenir en el problema. Cirielli integra el equipo del poderoso Julio de Vido. También la Oficina Anticorrupción había denunciado en mayo de 2004, por peculado, al jefe del Ejército, general de división Roberto Bendini, en relación con una cuenta bancaria no oficial de $ 537.000, abierta con fondos presupuestarios, en colaboración con otras personas. En su testimonio judicial Bendini sostuvo que aunque no se cumplieron “las formalidades del caso”, la decisión no constituyó delito. La gruesa falta de criterio institucional sobre el manejo privado de dineros públicos llegó en esta oportunidad a esas alturas de gestión, y la semana próxima el jefe del Ejército deberá prestar atención a lo que resuelva el juez federal de Santa Cruz, Gerardo Caamaño, quien ha dispuesto igualmente de un análisis de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, además de un peritaje de la Gendarmería Nacional y el informe de la Sindicatura General de la Nación, que igualmente cuestionó la decisión del militar. La sorprendente operación financiera pretendió escapar de los efectos de la crisis sobre el presupuesto de la Brigada Motorizada de Río Gallegos, posponiendo responsabilidades institucionales en 2002-2003 para permitir el uso de recursos sin controles fiscales. El caso Bendini tiene por respuesta, en la sensible Casa Rosada, un extraordinario silencio que sólo rompe una especulación: ¿lo relevará Kirchner o esperará que solicite el retiro? (De nuestra Sucursal)




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