La segunda etapa

Cuando Pablo Baillo asumió como ministro, al iniciarse la gestión de José Alperovich, aseguró que por primera vez se iba a considerar la seguridad como sistema y que la Provincia iba a tener un plan estratégico para combatir la delincuencia, que sería la base para los próximos 20 años. Hoy, a poco más de 27 meses de haber manifestado esas palabras, Baillo ya no está y su plan quedó por la mitad. En las calles de Tucumán hay una marea azul, muchas veces caotizada, pero que por lo menos está. El problema es que la segunda parte comenzó a partir de una tragedia. Como suele pasar, un hecho atroz, que debería haber estado previsto, teniendo en cuenta que se trata de un suceso criminal, hizo que todo se precipitara.
En el Ministerio de Seguridad Ciudadana hay ahora otro hombre, Mario López Herrera, abogado, como su antecesor, quien ya estaba trabajando en el área. La salida de Baillo, con infortunadas declaraciones en el medio y un enfrentamiento con el padre de Paulina, el hasta entonces también funcionario del Poder Ejecutivo, Alberto Lebbos, lo catapultó a un sillón que, en algunos casos, se parece a una silla eléctrica, y que además tiene rueditas: el movimiento es constante. El ex presidente del Colegio de Abogados se dio cuenta de que tenía que apostar fuerte, y Alperovich advirtió que debía respaldarlo. A poco más de una semana de haber asumido, firmó los ascensos que ya estaba reclamando la Policía y llevó a su ministro a Buenos Aires a entrevistarse con el titular de la cartera del Interior, Aníbal Fernández, un viejo conocido de Alperovich, quien dio la respuesta que ellos estaban esperando: sí.
El presupuesto 2006 para el Ministerio de Seguridad es de $ 190 millones. Unos 140 millones están destinados al pago de sueldos. El resto se destina al funcionamiento del Ministerio (que tiene otras áreas, además de la Policía).
En su viaje a la Capital Federal, Alperovich y López Herrera encontraron lo que fueron a buscar: capacitación y logística. Para lo primero se pondrán en manos de los mejores: la Policía Federal y la Gendarmería Nacional. En cuanto a la tecnología, ya se adquirieron algunos implementos, y para otros se pidió presupuesto. La idea es que Tucumán, tal como lo dijo López Herrera, deje de estar en la prehistoria en materia de seguridad.
Como una forma de diferenciarse de la gestión anterior, López Herrera lanzó sus propias ideas: cambios en la Ley Orgánica de la Policía, que obliguen a los policías a capacitarse si es que pretenden ser ascendidos, y la creación de la Dirección de Inteligencia Criminal. Sobre este último punto hay un dato que no deja de ser curioso. Esa dependencia fue creada el 31 de julio de 2001, cuando el gobernador Julio Miranda refrendó un convenio entre el Ministerio de Gobierno y Justicia y la Escuela Nacional de Inteligencia. Sin embargo, por cuestiones financieras -Alperovich era el ministro de Economía- el convenio nunca se concretó, y quienes fueron a capacitarse a Buenos Aires jamás pudieron aplicar lo que habían aprendido. Ellos -no eran más de cinco- ya fueron retirados de la fuerza.
La intención de López Herrera, así como todo lo que sirva para mejorar, es buena. Pero de nada serviría que todo quede en anuncios, y que a las modificaciones proyectadas no se las devore la urgencia.
El caso Lebbos desnudó las falencias de la Policía para resolver casos complejos. En esto vale la pena aclarar algo. Son situaciones extremas que pueden darse una o dos veces por año, por suerte, pero que suceden. Y merecen el mismo tiempo y tipo de investigación que los más simples. Los autores deben ser atrapados, juzgados y condenados, ya que un caso de homicidio impune representa mucho más que un expediente que duerme en una fiscalía. Detrás de eso, sobre todo hay una familia, destrozada, por la ausencia de la víctima.