Difusa política de servicios

La anulación de la concesión de los servicios de agua en el Distrito Federal y en el conurbano bonaerense a la empresa privada Aguas Argentinas y el retorno de estos a la administración estatal, han replanteado el tradicional debate cíclico sobre la prestación de los servicios públicos y la titularidad de ellos. Según el informe de la Auditoría General de la Nación, la concesionaria habría incumplido parte significativa de sus compromisos contractuales, no siendo “ejemplar” su comportamiento. Pero las observaciones de la AGN consignan igualmente que hubo reiterados incumplimientos del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss) y de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, a cuyo cargo estaba el control funcional de la empresa. La calificación de ese informe respecto del comportamiento estatal es de “muy desaprensivo y negligente”, abundando en otras consideraciones consecuentes con la decisión gubernamental. El caso de Aguas Argentinas, donde la concesionaria invoca fundamentalmente la congelación de las tarifas tras la pesificación y devaluación de la crisis, es mucho más complejo, en la medida que su manejo no permite aclarar cuál es el proyecto oficial sobre la administración de los servicios públicos. Esa situación tiene el antecedente del Correo Argentino, que también volvió al Estado por dificultades con su concesionario, y quedó bajo su administración después de haberse afirmado que ese traspaso sería transitorio.
La ambigua circunstancia, en la que en algunas ocasiones se ha descartado por el propio Presidente una política de reestatización de servicios y, por otra, quedan en poder del Estado importantes prestaciones, constituye un factor perturbador de la estabilidad requerida por el crecimiento económico. La historia de los servicios públicos en el país a partir de los años 40 está ligada a los avatares políticos e institucionales y a las variantes opciones privatista o estatal. Puede afirmarse con ello que las estatizaciones, en el corto plazo, de los servicios telefónicos, ferroviarios, eléctricos y de gas, dieron lugar en poco más de una década a considerables pérdidas de eficiencia para la economía y el bienestar general. Hechos irrefutables fueron que las empresas dejaran de difundir sus balances, quedando sin inversiones para satisfacer  la demanda de servicios y de la producción, y cargando sus pérdidas al costo fiscal de la Nación. En días como los actuales, en que tanto se invoca a la memoria de los años aciagos, no se advierte que se tengan presentes con el mismo empeño situaciones como las 100.000 solicitudes telefónicas sin satisfacer, los apagones eléctricos oficialmente regulados o los procesos anacrónicos de empresas públicas utilizadas también como fuentes de empleo.
Más allá de la calidad discutible de algunos contratos de concesión, los servicios se modificaron rápidamente, digitalizándose los teléfonos y duplicándose las líneas en mediano plazo; los cortes de energía desaparecieron al duplicarse la infraestructura generadora, y algo semejante ocurrió en otros sectores, demostrándose lo falaz de invocar la soberanía para justificar el atraso y los sacrificios impuestos a la sociedad. La sombra del Estado ineficaz denunciada por la Auditoria General de la Nación, a la hora de controlar, es tan sólo un testimonio entre la mayoría de los casos donde los contratos se han incumplido, juntamente con la falta de respuesta a la situación de las tarifas. El Gobierno, cercado por las consecuencias, deberá definir una política en el sector, que aleje los temores a la inversión, evitando así, por ejemplo, que el costo de los subsidios anunciados a la futura empresa estatal metropolitana de aguas, recaiga sobre todos los contribuyentes del país.