Empleo estatal "en negro"

En nuestra edición de ayer publicamos declaraciones del secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales del Interior. Este afirmó que en las municipalidades se paga “en negro” a un vasto sector, de nada menos que de 8.000 personas. Explicó que, en retribución por su trabajo, se les entregan subsidios sociales de $ 150, lo que, por cierto, les impide acceder a la correspondiente cobertura. Según ejemplificó el gremialista, el caso se da en 800 empleados, en Famaillá; en 400, en Concepción, y en 180, en Tafí Viejo, situaciones que habrían sido constatadas, dice, por una inspección de la Secretaría de Trabajo de la Provincia.
Acerca de tales apreciaciones, el secretario de Coordinación de Municipios y Comunas reconoció que hay empleados que no figuran en las nóminas de personal permanente de esas jurisdicciones, porque el Pacto Social impide incorporar nuevos efectivos. Pero que los casos sociales de desocupación existentes obligan a “darles ayuda a través de subsidios”. De todas maneras, dijo que la cifra mentada de 8.000 está por arriba de la realidad.
Pareciera sobreabundante recordar que existe una minuciosa reglamentación, que norma los requerimientos de la relación laboral con el Estado. El personal que trabaje en cualquier dependencia oficial puede ser permanente, temporario o contratado. En todos los casos, tiene que existir la partida presupuestaria correspondiente para ese sueldo, así como la autorización respectiva. Lo que quiere decir que no es legal ni regular pagar servicios laborales utilizando los fondos de ayuda social, que tienen otra finalidad. Esto, dejando de lado la situación de indefensión, en lo que a cobertura médica atañe, en los que quedan estos seudoempleados. En estos últimos tiempos, se insiste desde las esferas oficiales en la necesidad de terminar con el trabajo “en negro” en la actividad privada, que permite toda clase de abusos y manejos, y se exhorta a los patrones a “blanquear” la situación de quienes se encuentren en tales casos. También se pregona, desde hace ya bastante, el imperativo de transparencia en todo movimiento de fondos públicos. Resulta entonces paradójico que desde el Estado mismo, que tiene la específica función de velar por el cumplimiento de las leyes, se fomenten realidades que están en colisión directa con aquellas.
Nadie puede discutir la existencia de un cuadro socioeconómico angustioso, en gran parte de la población del territorio de Tucumán. Tampoco puede haber dudas sobre la necesidad de que el poder público acuda en socorro de las familias aquejadas por la pobreza y el desempleo. Pero ese auxilio no debe brindarse utilizando métodos que se hallen al margen de las normas, por todos conocidas, que encuadran la relación oficial de trabajo.
Pensamos que la Legislatura provincial podría estudiar la implementación de algún sistema que otorgue legalidad a casos como los que referimos. Es decir, diseñar una nueva forma de emplear mano de obra desocupada, pero con diferencias respecto del nombramiento o de la contratación tradicionales. Esto significaría terminar con ese trabajo en “negro” que no puede admitirse, y menos, en el personal del Estado, en cualquier nivel.
No interesa, para lo que tratamos, que los trabajadores en situación irregular sean 8.000, o mucho menos. No debe existir ninguno cuyos servicios se paguen con partidas destinadas a otros propósitos, y sin los registros definidos claramente por la ley. El vínculo entre el trabajador estatal y el poder público debe ser regular. Parece un contrasentido, repetimos, instar a los empresarios a blanquear sus nóminas, mientras el Gobierno reconoce que no hace lo mismo con las suyas. Conviene tenerlo muy en cuenta.