La gran deuda preelectoral

Las recurrencias al pasado constituyen en nuestra política un rasgo esencial donde se pierden preferentemente de vista las lecciones de la historia para optar por la memoria ominosa que frustra el porvenir. Ejemplo de ello es el modo en que transcurren los asuntos públicos, frecuentemente interferidos por debates e irregularidades institucionales, donde la gran crisis de hace un lustro está presente como estrategia deliberada para el ejercicio del poder. Las últimas elecciones presidenciales se desarrollaron mediante un trámite irregular, de marchas y contramarchas, como consecuencia de aquel colapso que las precipitó y afectó la transparencia del proceso electoral. Ello impuso al presidente Kirchner una situación  de emergencia en demanda de su consolidación, con el compromiso de restablecer la calidad institucional y política. Sin embargo, desde entonces hasta la fecha sólo se han cumplido escasas promesas para recuperar la transparencia del sistema democrático, mientras el discurso oficial propone un “nuevo orden”, y atribuye a la oposición actitudes conspirativas que afectan las relaciones políticas. La frecuente reiteración de esa consigna sin abandonar la figura de la emergencia, en base a la cual el Congreso mantiene un número sin precedentes de facultades delegadas en el Gobierno, permite suponer que las elecciones del año próximo no aportarán transparencia a nuestro proceso democrático.
En mayo próximo, hará dos años que el Poder Ejecutivo se comprometió a remitir al Legislativo una amplia iniciativa sobre reforma política y del sistema representativo, que habrían de poner fin, entre otros, al modelo anacrónico de la lista sábana en los grandes distritos, así como al régimen de partidos que viene demandándose desde la restauración constitucional. Ese anuncio tan sólo se concretó en lo que concierne al financiamiento partidario, pero su cumplimiento ha sido irregular en las últimas elecciones legislativas. La baja calidad representativa de los partidos tiene su mejor testimonio en el oficialista, intervenido desde hace un año y afectado por el Frente para la Victoria, carente de organización nacional formal. Todo indica, pues, que los próximos comicios generales transcurrirán por los viejos cauces sin preocupación oficial alguna. Lo mismo puede afirmarse respecto del tratamiento discriminatorio del pasado en cuanto al proyecto de ley de acceso a la información pública, cuyo bloqueo por el oficialismo parlamentario lo dejó inhabilitado, sumándose a la incomunicación  del Presidente con la prensa. Ambas posturas de Kirchner guardan estrecha relación con su virtual abstención del diálogo con sectores políticos no afines.
Quizá la más grave omisión del oficialismo es el dictado de decretos de necesidad y urgencia (DNU) sin haberse reglamentado su tratamiento por el Congreso, ordenado hace 11 años en la reforma de la Constitución mediante un casuístico procedimiento. Precisamente, en mayo de 2000, la entonces diputada Cristina Fernández de Kirchner propuso mediante un proyecto ese paso que el oficialismo de entonces se negó a tratar y que el senador Rodolfo Terragno acaba de hacer suyo ante la pasividad de su autora. En todos los casos consignados, los modelos de ese pasado maldito pueden ser también útiles como recursos para la consolidación del poder. Ninguna de esas irregularidades, que no son las únicas, forman parte de propósito alguno para transparentar el horizonte electoral del país. Ello ocurre mientras nuestra sociedad demuestra todos los días que la dura lección de la crisis fortaleció su sentimiento de convivencia en libertad y está preparada para el diálogo y el consenso que restauren la confianza afectada por los poderes públicos.