En busca del milagro

BUENOS AIRES.- Cualquiera que sea el acuerdo a que puedan llegar los presidentes Kirchner y Vázquez acerca del diferendo sobre las plantas celulósicas de Fray Bentos, en la orilla argentina no se aceptará que estas se construyan y, en la uruguaya, que dejen de hacerlo. Todo lo demás es secundario, inclusive, que algún informe técnico suficientemente calificado asegure o no la calidad ambiental. Con esa certeza se maneja aquí en voz baja el resultado de la entrevista presidencial esperada, y en poco se diferencia de la información que se recibe desde Montevideo. Kirchner y Vázquez están muy conscientes de ello -se sugiere en la Casa Rosada-, pero sienten el tremendo peso histórico de preservar las singulares relaciones entre los dos países. Nuestro Presidente no tendrá un solo gesto amenazador contra los asambleístas entrerrianos para imponerles las papeleras que están rechazando a priori de cualquier acuerdo. El uruguayo, por su parte, se cavaría su fosa si dispusiera el fin del proyecto en marcha, algo que los juristas vecinos afirman que no puede hacer y que la oposición aprovecharía para llevarlo a la crisis. No puede eludirse que se trata del emprendimiento industrial mayor de la historia uruguaya, hasta el punto de transformar la región de su asiento con resultados sin precedentes en el país.

Un grave error
Uno de los problemas que más afectan a los dirigentes de la asamblea vecinal de Gualeguaychú es la resistencia de Kirchner a recibirlos para poder cambiar opiniones. Esos dirigentes hacen hincapié en que el problema de asegurar la calidad ambiental no es tan importante como el de garantizar eficientemente el control ulterior y regular de las plantas, cuya construcción se contrató al margen del estatuto del Río Uruguay. En nuestro país, afirman los asambleístas, la mayoría de las observaciones a las concesiones de servicios públicos privatizados se funda en el deficiente control de los entes reguladores estatales. Se trata de organismos donde abunda el clientelismo político y no se han tenido en cuenta las calidades profesionales de sus responsables. Si ese control debe ser binacional por la naturaleza del proyecto, el caso se agrava, como se ha visto, en la falta de consulta uruguaya y en la relativa intervención argentina cuando se firmaron los contratos con Botnia y Ence. El error más grave de los respectivos gobiernos en su momento -que no son los actuales de Kirchner y de Vázquez- pudo haber sido no promover una obra conjunta con las mismas o con otras empresas, donde participaran ambas orillas. Pero aquellos gobiernos, en ambos casos, atravesaban procesos políticos internos donde la inteligencia solamente se ocupaba de llegar al poder, sin pensar en el futuro. (De nuestra Sucursal)