Procedimiento peligroso

Hace dos días, a propósito de la manifestación de remiseros que presionaba a la Legislatura cuando esta trató el régimen para su actividad, dedicamos un editorial a reflexionar sobre lo peligroso que resultaba el ejercicio de la “democracia directa” (ver “Presiones que no pueden aceptarse”, LA GACETA 26/3). Es decir, hablamos de las actitudes de grupos que se arrogan el derecho de operar sobre las cuestiones públicas, obviando el principio constitucional de que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”, y pasando por encima de las normas y procedimientos que rigen para todo ciudadano, a la hora de peticionar ante las autoridades, o de pugnar por la adopción de determinadas decisiones.
La información de nuestra edición de hoy suministra un ejemplo donde se reitera algo bastante similar. En San Pedro de Colalao, el domingo, en el transcurso de una discusión, un hombre recibió heridas que, rato después, terminaron con su vida. Según la Policía, el autor del hecho fue detenido. En protesta por la lentitud de los peritos policiales y la demora en el traslado de la víctima al CAPS, un grupo de vecinos se dirigió al local de la comuna. Procedieron a incendiarlo, además de arrojar piedras contra el CAPS. Dijeron que la dilación para asistir al herido era culpa del delegado comunal, quien no cumplió su promesa de que hubiera un chofer de ambulancia disponible durante 24 horas. Y afirmaron que, fuera de la temporada veraniega, se carece de toda seguridad. Ayer, la protesta continuó con el corte de la ruta en el acceso a la villa, por personas que planteaban la renuncia del delegado.
Es decir que, en síntesis, el repudio hacia la actitud policial y comunal respecto de un hecho de sangre se manifestó en el incendio de un edificio del Estado, y los daños, en otro, así como en el corte de una carretera. O sea, en tres actos que constituyen otros tantos delitos.
Es evidente que no puede admitirse, por ninguna causa, que un sector de la población de San Pedro de Colalao considere que las vías de hecho son el camino adecuado para cuestionar actitudes oficiales. Muy otros son los procedimientos que en esos casos marca la ley. Debieron haberse seguido, sin perjuicio de una protesta popular, pero sin vandalismos. Si se aceptara como normal la clase de movilización que se registró, ello equivaldría a admitir que la ley constituye letra muerta, y que cualquier situación se puede encarar de acuerdo con el libre capricho de quienes se sientan afectados o disconformes .
Repugnan al sistema democrático, que encuadra nuestra vida institucional, acontecimientos como el comentado. El descontento puede exteriorizarse de muchas maneras, pero no a través de las depredaciones, que ingresan, como es obvio, en el terreno por demás peligroso de la “ley de la selva”. Vivimos en un Estado donde, en teoría, funcionan los tres poderes y todos sus organismos. A ese Estado debe recurrir la ciudadanía, frente a realidades que considere injustas, para solicitar las correcciones del caso. Pero nadie puede sentirse autorizado para utilizar métodos como los que sobresaltaron la tarde del domingo colaleño.
El poder público debe encargarse  de restablecer el cauce normal de las cosas, en esa localidad de Tucumán. Urgen medidas que dejen clara la vigencia de los resortes legales, a los que deben dirigirse las personas para pugnar en defensa de sus intereses, o para exponer sus agravios. Puesto que el fortalecimiento de la democracia se proclama, de modo recurrente, como un anhelo general, corresponde concientizar a la población acerca de su correcto ejercicio. Que no pasa, por cierto, por actitudes de furia contra los edificios públicos.