El miedo que tienen esos sectores al látigo kirchnerista ha metido a los periodistas en una trampa: si se difunden sus cuitas "off the record" (sin mencionar sus nombres), la prensa pasa a ser funcional al lobby y si se los ignora, se priva a los lectores de saber por dónde discurren las dudas, las quejas y los reclamos de actores tan gravitantes. En línea con el mal menor, siempre es mejor saber de qué se trata.
La recepción previa a la comida de gala que el Gobierno le brindó a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en la Cancillería fue propicia para escuchar, por ejemplo, algunas definiciones tajantes de algunos empresarios, hechas muy a media voz, rodeados, como estaban, por medio Gobierno.
Allí se encontraban los más altos representantes de las cámaras y organizaciones empresariales más conocidas, algunos más locuaces que otros, pero todos con la misma cara de preocupación y estupor. Por el ánimo y las caras, más que de un coctail, las rondas que los agrupaban eran propias de un velorio y los pronósticos que se oían resultaban más que funestos. Tras la gota que rebasó el vaso, por la vuelta a la administración estatal de la empresa de aguas, se decía: "ya se terminó por este año la inversión privada en la Argentina". Los hombres de negocios mencionaban, además, una sucesión de hechos que los han golpeado por todas las bandas, en la imagen y en la rentabilidad: acuerdos de precios, cierre de la exportación de carnes, una serie de fallos antiempresarios y media docena de leyes en curso, incluida la de ART, que aumentarán los costos laborales, los cortes del gremio de los camioneros a plantas productivas, etcétera.
En sus análisis, algunos parecen estar convencidos también de que el avance del Estado sobre el sector privado se ha tornado imparable y que ese será el talón de Aquiles del plan económico, que terminará desbocando la inflación, por la necesidad de gastar recursos en inversiones estatales que ya los privados no querrán hacer. El episodio Aguas estaba esa noche en el candelero y sobre todo la posibilidad (el Gobierno galo recién se expidió el miércoles) de que Francia opere contra la Argentina en el G-7 y que siga alejando inversores, junto a rumores sobre eventuales reestatizaciones en los casos de Aerolíneas y de YPF.
El Gobierno hoy desmiente estos dos avances de modo tajante, ya que ambas son situaciones no muy sencillas de encarar porque España tiene algunas facturas que pasar al respecto. Sobre todo, por el clavo en el zapato que sigue siendo un funcionario (Ricardo Cirielli, subsecretario de Transporte Aerocomercial), a la vez sindicalista de un gremio combativo que quiere la reargentinización de la empresa aérea del Grupo Marsans y que deja a los turistas españoles, en particular, varados varios días en los aeropuertos.Ahora, se está hablando de un paro aeronáutico para Semana Santa, aunque el ministro del Interior se mostró más que activo para denunciar penalmente la agresión callejera a una familia por parte de dos activistas. Uno de ellos justamente pertenece al gremio de Cirielli y, además -pese al desequilibrio que se observó por televisión- es comandante habitual de un Jumbo.
"Es verdad que con el Correo nos engañaron a todos con la reprivatización en seis meses y al final se lo quedaron, pero no pudieron hacer volar dos aviones de Lafsa y ¿ahora, quieren manejar Aerolíneas?". La frase, que bien pudo haber sido dicha en la Cancillería por alguno de los absortos empresarios, es de la cosecha de un sindicalista que pertenece a un grupo de la CGT que está enfrentado a Hugo Moyano.
Los puntos en común entre hombres de empresa y gremialistas disidentes son aún mayores y de fondo. Las críticas y las preocupaciones se centran en la cuestión fiscal y en los múltiples subsidios que todos los días se dan a conocer y que salen de la misma bolsa. Comparten el temor a que cierto desmanejo en las cuentas se complique por una eventual caída de la recaudación y a que el déficit se reinstale, lo que obligaría a multiplicar la presión impositiva y llevaría, agregan, a un ostensible freno de la economía.
Sin embargo, el proceso de convergencia ideológico está matizado por las discusiones paritarias que ya están a punto de caramelo. En este renglón los empresarios están bien cerca del Gobierno, convalidando apenas la inflación (12%) o algún escalón extra que no pase de 15%, pero las demandas gremiales superan claramente el 30%.
"Puede ser 20% para todos y una suma fija no remunerativa que mejore más a los de abajo", consienten desde el lado sindical, no sin antes recalcar que esa práctica no está contemplada en la ley y que el Gobierno es su principal transgresor. Y ponen el caso Santa Cruz como último ejemplo, lo que disparará reclamos en otras provincias, que deberá saldar probablemente la bendición presidencial y que servirá, una vez más, para seguir disciplinando gobernadores, también a costa de los aportes del Tesoro nacional.
Contratante bobo
Ante empresarios y sindicalistas disconformes, cierta historia que parece condenar a muchos de ellos siempre genera dudas por saber si los reclamos que se escuchan al unísono son efectuados de modo sincero, en defensa de la prolijidad en las cuentas, o si es porque esos subsidios hoy no los alcanzan. Al fin y al cabo, el esquema de la "Patria contratista" que cebó la bomba hasta los 80 y que esta semana denunció Ricardo López Murphy que se reinstala en la Argentina a partir del caso Aguas, necesitó por entonces del concurso de un "contratante" bobo (el Estado) y de muchos "contratados".
La creación de Aguas y Saneamiento Argentinos (AYSA) es sólo la frutilla del postre de lo que se estaba construyendo -o en previsión de una eventual falta de inversión privada o por ideología, o para tener la sartén por el mango- desde el Ministerio de Planificación, para que la inversión y sus licitaciones las encare el Estado, aunque con la administración y ejecución de los privados. Ese esquema ya tiene varias manifestaciones al respecto entre las privatizadas y el de AYSA es un escalón superador, sólo porque no hubo privados dispuestos a quedarse con las deudas de Suez y sus acciones.
Ahora el Estado, como administrador se plantea el mismo dilema que antes tenían los privados: ¿de dónde saldrán los fondos para encarar la gestión? En este punto, la gente del gremio que conducirá la compañía estatal no ha sido tan tajante ni crítica con el proceso de privatización, porque ellos mismos fueron parte. Más bien son realistas, en todo caso sabiendo que también son responsables, al menos en el 10% de su participación accionaria, de la aparición de los nitratos que marcó el fin de la concesión. De allí que se hayan apurado a responder, tal como hacía Suez y los demás socios: "o de la tarifa o de los aportes del Estado". Pero un aumento de la tarifa plena es casi impensado, salvo que se genere un "cargo específico" como el tan criticado SUMA de Aguas Argentinas o como el que se aprobó en una ley que ya tiene media sanción de Diputados, que no irá a las empresas sino a un Fondo destinado a apuntalar la inversión en gas y electricidad.
Y en este caso, con un condimento clave de tono altamente discrecional, que también muestra cómo las cosas son de un color cuando se es juez y cómo cambian cuando se es parte: ese "cargo" podrá ser cobrado en las facturas desde el mismo momento en que se plantee el proyecto por parte del Estado, en línea con aquel pecado que antes se les criticaba tanto a los concesionarios, cultores del "cobro primero y hago después".
Entonces, quedará una vez más recurrir al Tesoro, método que además genera una injusticia distributiva, ya que los que llenan sus piletas de natación se beneficiarían más que los que tienen sólo casas modestas, y otra de carácter geográfico, ya que los habitantes de Mar del Plata o de Tucumán pagarán por el agua que se consume en la Capital Federal y el GBA. De alguna manera, y en el extremo, si no alcanza para todo habrá plata para el agua que se les estará restando a otros servicios esenciales, o a las jubilaciones o a los planes sociales. (DyN)
