La radiografía asusta toda vez que se realiza un nuevo diagnóstico sobre la realidad socioeconómica. Más aún cuando se grita, a los cuatro vientos, que lo que hoy sobra en el país es el dinero en el Estado. Esta holgura fiscal sucede gracias a que la Argentina pasa un ciclo económico fenomenal, con un sostenido incremento en el Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, los indicadores fiscales y macroeconómicos no logran ocultar la otra realidad; no la de la economía pura, sino la social. Y allí surgen los interrogantes y los cuestionamientos: ¿cómo puede ser que en un país en crecimiento no disminuyan al mismo ritmo que la economía, otros índices más visibles, como lo son los de pobreza y los de desempleo?
La proclamada redistribución de la riqueza, por ahora, se queda sólo en los aspectos enunciativos, y las acciones de Estado no resultan eficientes para quebrar tantos años de desigualdad entre las clases sociales del país.
De los propios informes oficiales, difundidos periódicamente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se desnudan las asimetrías. Un hogar pobre, en la escala de medición más baja, tiene ingresos mensuales cercanos a los $ 223, mientras que el promedio de ingresos de un hogar considerado rico llega a los $ 5.416, es decir, 24 veces más que aquel.
Tucumán llegó a tener casi dos tercios (530.000 personas) de su población urbana por debajo de la línea de pobreza, a inicios de 2003. Los planes sociales sirvieron para sacar de la indigencia a gran parte de los desocupados, que no sólo fueron los que más sintieron los efectos de la crisis de fines de 2001, sino también los olvidados por el Estado durante la década pasada.
Las últimas mediciones de pobreza indican que el semáforo oficial sólo pasó del rojo al amarillo. En el Gran San Miguel de Tucumán hay 369.000 personas que no logran reunir los casi $ 800 mensuales para cubrir sus necesidades alimentarias y los servicios mínimos para sobrevivir (salud y educación). Pero ese resultado marca sólo una parte de la fotografía. En el interior tucumano la situación social no es diferente de la del gran aglomerado. Se calcula que hay otros 150.000 comprovincianos que no pueden subir un peldaño más en la escala social.
La hora del cambio
Los datos del Indec también confirman la inveterada postergación del norte argentino. La mitad de los 3,4 millones de habitantes de los aglomerados urbanos de esta parte del país reviste la condición de pobres.
Por ahora las respuestas de coyuntura para equiparar la situación de cada región pasan por medidas de neto contenido político. La distribución de fondos federales para obras en las provincias, con el fin de generar más empleos, o la asistencia social (subsidios o servicios básicos) son dos de las herramientas a que apela el Gobierno federal como parte de la postergada reparación histórica del norte.
Las cuestiones de fondo quedan de lado. La Nación, por más que el clima económico sea favorable, no se atreve a discutir un nuevo esquema de reparto de la coparticipación con las provincias para corregir las asimetrías. Tampoco hay medidas fiscales profundas que alientan la descentralización de la inversión, con el fin de generar fuentes de empleo genuino. A su vez, los gobernadores resultan ser rehenes de la Casa Rosada y no levantan la voz, en conjunto, para reclamarle al Estado nacional la famosa reparación.
La pobreza no es únicamente un problema de los pobres, sino un desafío para todos los que luchan por la justicia social y por un crecimiento sostenible, desarrollando plenamente el potencial de los ciudadanos en materia de productividad y de consumo. Que esta cita del informe "Superar la pobreza mediante el trabajo", de la OIT, puede servir de guía para las políticas de Estado.
