“Esperemos que el fiscal (X de Instrucción penal) Guillermo Herrera siga como hasta ahora y que no se deje avasallar por las presiones a las que nos tiene acostumbrados el Poder Ejecutivo cada vez que la Justicia investiga a uno de sus funcionarios”. De esa manera se pronunció el legislador radical José Cano respecto de la investigación que el funcionario judicial lleva adelante contra el interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS), Mario Koltan, por el presunto pago de sobreprecios a la Asociación de Clínicas y Sanatorios para la provisión de medicamentos a los afiliados a la obra social estatal (Subsidio de Salud).
Si bien Cano efectuó una denuncia penal en agosto de 2004, cuando Pedro Gallo era el fiscal anticorrupción con asignación específica para investigar los delitos contra el Estado, el expediente llegó en diciembre de 2005 a manos de Herrera, y en febrero de este año este citó a Koltan para que declare como imputado, lo que hizo este mes.
“La actuación de Herrera fue clave luego de que la causa, en manos de Gallo, estuvo dormida un año y medio. Si no existe una Justicia independiente queda desvirtuado el rol de la oposición legislativa, que es el de controlar los actos de gobierno. En sólo dos meses de intervención, Herrera dio curso a la denuncia y permitió que Koltan ejerza su derecha de defensa”, manifestó el parlamentario.
Mañana, Cano se presentará en la fiscalía y aportará los resultados de un informe fechado en julio de 2004 por dos médicas auditoras del IPSS sobre los precios facturados por la Asociación de Clínicas y Sanatorios al Subsidio de Salud por la provisión de medicamentos a afiliados del IPSS durante una internación. El legislador sostiene que los valores cobrados excedieron largamente los vigentes en el mercado.
“Según la auditoría, el antibiótico denominado ‘Vancomicina’ era facturado a la obra social a un valor unitario de $ 157,82, cuando era adquirido por el sanatorio a un precio de $ 21,40. En consecuencia, fue facturado con una utilidad del 737%, lo que excede cualquier razonabilidad, en especial teniendo en cuenta que la finalidad del convenio no era facilitar a los sanatorios el ejercicio del comercio en el rubro farmacia, sino beneficiar a los afiliados del IPSS”, afirmó el legislador.
Mayor facturación
Mientras tanto, Herrera sigue abocado al análisis de la documentación que requirió, en particular la referida a la facturación de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, que -según Cano- ascendió de $ 600.000 a $ 1,1 millón como consecuencia del convenio celebrado con el IPSS.
El fiscal también solicitó información sobre el expediente pidiendo la nulidad del convenio celebrado entre el IPSS y la Asociación de Clínicas y Sanatorios que fue iniciado por el Colegio de Farmacéuticos ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Si bien Cano efectuó una denuncia penal en agosto de 2004, cuando Pedro Gallo era el fiscal anticorrupción con asignación específica para investigar los delitos contra el Estado, el expediente llegó en diciembre de 2005 a manos de Herrera, y en febrero de este año este citó a Koltan para que declare como imputado, lo que hizo este mes.
“La actuación de Herrera fue clave luego de que la causa, en manos de Gallo, estuvo dormida un año y medio. Si no existe una Justicia independiente queda desvirtuado el rol de la oposición legislativa, que es el de controlar los actos de gobierno. En sólo dos meses de intervención, Herrera dio curso a la denuncia y permitió que Koltan ejerza su derecha de defensa”, manifestó el parlamentario.
Mañana, Cano se presentará en la fiscalía y aportará los resultados de un informe fechado en julio de 2004 por dos médicas auditoras del IPSS sobre los precios facturados por la Asociación de Clínicas y Sanatorios al Subsidio de Salud por la provisión de medicamentos a afiliados del IPSS durante una internación. El legislador sostiene que los valores cobrados excedieron largamente los vigentes en el mercado.
“Según la auditoría, el antibiótico denominado ‘Vancomicina’ era facturado a la obra social a un valor unitario de $ 157,82, cuando era adquirido por el sanatorio a un precio de $ 21,40. En consecuencia, fue facturado con una utilidad del 737%, lo que excede cualquier razonabilidad, en especial teniendo en cuenta que la finalidad del convenio no era facilitar a los sanatorios el ejercicio del comercio en el rubro farmacia, sino beneficiar a los afiliados del IPSS”, afirmó el legislador.
Mayor facturación
Mientras tanto, Herrera sigue abocado al análisis de la documentación que requirió, en particular la referida a la facturación de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, que -según Cano- ascendió de $ 600.000 a $ 1,1 millón como consecuencia del convenio celebrado con el IPSS.
El fiscal también solicitó información sobre el expediente pidiendo la nulidad del convenio celebrado entre el IPSS y la Asociación de Clínicas y Sanatorios que fue iniciado por el Colegio de Farmacéuticos ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.







