Tiempo de desafíos

Nubes oscuras, escenario tenso, perspectivas inciertas. El panorama de estos días cambió de cauce: el previsible torneo interno, que envuelve los menesteres de la Convención Constituyente y la pelea para alumbrar el nuevo Código Tributario, quedó de lado ante el duro golpe político que generó la tragedia de la familia Lebbos. El drama y el dolor por la desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo de la joven produjo una crisis de proporciones aún no determinadas en el Gobierno. Visiones contrapuestas acerca de la doctrina y del rumbo estratégico previstos para la seguridad interna, expresadas por los miembros de un gabinete heterogéneo y una evidente disputa jurisdiccional en la implementación de políticas de control en el transporte impactaron de lleno en la Casa de Gobierno. Con un golpe de autoridad, el gobernador buscó resolver la crisis, pero la preocupación se instaló en los amplios espacios del oficialismo. Habría que ver si tras las confirmaciones de funcionarios, los nuevos nombramientos y los llamados a la superación del problema se reinstala el cuadro de armonía que todos se esmeraban en mostrar.
En la Legislatura -especialmente en el bloque oficialista-, una caja de resonancia natural de las vicisitudes del poder, hay quienes se inquietan por la dinámica social que puede acarrear una demora en la resolución del caso. Pero hay legisladores que van más allá en el análisis y creen que este drama puede asemejarse al trasiego doloroso de Juan Carlos Blumberg o a la catástrofe de  la disco República Cromagnon. Recuerdan que Blumberg llevó  su noble causa a altos picos de activismo, concitó grandes adhesiones en su cruzada por el esclarecimiento de la muerte de su hijo, pero que progresivamente su protagonismo cayó a un segundo plano en la consideración pública. Y que Cromagnon -analizan- con el calvario de sus víctimas, con movilizaciones y con denuncias, terminó llevándose por delante nada menos que al jefe del Gobierno porteño. “Hubo declaraciones imprudentes y pocos reflejos esta vez; la reacción que sobrevino por el episodio de Joaquín Ferré (el caso de la polenta vencida) no apareció”, se despachó un legislador del oficialismo.
Ahora, este debate abierto en el seno del Gobierno ¿es en sí mismo un sinceramiento de posiciones ante cuestiones de fondo, acalladas o diluidas por el viento de cola que muestra la economía y que genera sensación de buen saber? ¿O es un traspié que comenzará a aclararse cuando avance la investigación para resolver el horrendo crimen? El tiempo hará lo suyo; la habilidad política deberá sortear este desafío.
Ha llegado también el momento de las definiciones en la Legislatura, especialmente porque se ha propuesto debatir en el recinto de sesiones, hacia fines de mes, el nuevo Código Tributario para Tucumán. La iniciativa oficial, a la que se incorporarían reclamos de los sectores empresarios y profesionales, tendrá despacho en la comisión de Hacienda en estos días y, a mitad de semana, será discutida en el bloque del justicialismo.
Hasta ahora, han trabajado técnicos del sector privado y asesores de los legisladores para compatibilizar la propuesta oficial y los aportes del sector privado. En ámbitos de la dirigencia empresaria y profesional esperan la decisión con inocultable interés, porque consideran que las nuevas normas tendrán efectos importantes en la evolución de la economía provincial. Han resaltado en las reuniones con los legisladores y en los distintos actos de difusión de sus propuestas que muchos de los artículos del Código impulsado por el Ejecutivo otorgan “superpoderes” a la Dirección de Rentas, incorporan gravámenes a actividades hasta ahora exentas y muestran ciertas aristas de inconstitucionalidad. Cautelosos e inquietos, aguardan el pronunciamiento final de la Cámara. “Hubo avances en el diálogo y estamos superando las diferencias, pero sobre todo buscamos evitar cualquier complicación jurídica en el texto”, aclaró un legislador del PJ.

Una citación especial
Los 27 legisladores leales al Gobierno han sido convocados por nota a una reunión en la sede de la Federación Económica de Tucumán (FET), el martes. En ese encuentro, la dirigencia de la comunidad empresaria y profesional quiere plantear las razones de la cruzada que llevan adelante. “Nos dieron la razón especialmente en los puntos más conflictivos; justamente, los que cedían facultades al director de Rentas. Así que ellos van a compatibilizar estos reclamos con el proyecto original, pero hay todavía puntos difíciles; por eso queremos hablarles para que tomen conciencia de lo que van a votar”, explicó una fuente empresaria.
Desde los profesionales, aseguran que se mantendrá firme en el nuevo digesto la decisión de eliminar la exención impositiva de las producciones primarias; por ejemplo, la producción del limón o de la frutilla. Y afirman que van a gravar con Ingresos Bruto y Salud Pública (2,5%) a los establecimientos educacionales privados que no acrediten el 10% del total de alumnos inscriptos en forma gratuita. “Esto va a significar un aumento de la presión impositiva y una suba en los costos de las empresas; podría llegar a generarse una inflación local y es probable que los institutos privados tengan que trasladar los nuevos gastos a las cuotas”, relató un experto que participa en las negociaciones.
Hay empresarios que consideran que toda esta movida tributaria genera inseguridad jurídica y que va a contramano de las necesidades de inversión de la provincia.Y creen que estas iniciativas, emparentadas con la decisión del presidente Néstor Kirchner de prohibir (o castigar) la exportación de carne vacuna para sostener el precio, lindan con lo absurdo. “Si la Provincia quiere crecer, las autoridades no pueden seguir presionando con impuestos. Estas medidas no son motivadoras de nuevas apuestas y no se cuidan las inversiones que ya están”, planteó un importante hombre de negocios.
Desde el Gobierno, el análisis es distinto. Se considera que el Código es la mejor herramienta para avanzar en el combate contra la evasión impositiva, especialmente la proveniente de las transacciones “en negro”. Advierten que esta reforma ayudará a enfrentar eventuales presiones salariales, porque Tucumán está al borde del cumplimiento de la ley de Responsabilidad Fiscal que fija un tope de gasto para el ejercicio.
Una buena noticia, con todo, no ha podido ser aprovechada en propiedad. El Indec dio a conocer los índices definitivos del espectacular rendimiento de la economía argentina. El Producto Bruto Interno  (PBI) ha crecido un 9,2% durante 2005. El informe da cuenta de una superación de los parámetros de 2003 (8,8%) y de 2004 (9%), y progresivamente viene avanzando cifras de la marcha de los distintos sectores. Tucumán registra también índices evidentes de recuperación de su economía, que se tradujeron en datos de mejoras en los niveles de empleo y de pobreza, entre otros. No ha conseguido, sin embargo, medir con la lógica estadística su Producto Bruto Geografíco (PBG), la estimación similar al PBI que permite obtener una radiografía bastante próxima a la realidad económica. El último registro aproximado de la situación es de 2000, con valores de 1993. En otras palabras, nadie sabe responsablemente cuál es la situación real de la economía de Tucumán. Hay datos parciales, relevamientos sectoriales y trabajos aislados de economistas sobre las distintas actividades, pero este déficit que desquicia a expertos y pone en trance cualquier investigación se mantiene desde hace mucho tiempo. Es un desmanejo estructural que la Dirección de Estadística de la Provincia ha venido enfrentando en los últimos años. Con un mejor presupuesto y una tarea ordenada y sistemática, ahora el organismo se ha desperezado del atraso en que había caído. En línea con el Indec, trabaja en una serie de indicadores, programas y encuestas que acercan al conocimiento la realidad profunda de la provincia. Pero un expediente en el que se solicita una partida extra por $ 50.000 al año para contratar un especialista que se dedique a elaborar esos datos capitales se demora en los largos ámbitos de la burocracia administrativa. Aunque parezca extraño, en esta época de abundancia financiera, el debate sobre las prioridades es una cuenta pendiente.