Durante los próximos tres meses, el vicegobernador Fernando Juri compartirá su despacho de Rivadavia 25 con el ministro Juan Manzur. El funcionario será elegido mañana presidente de la Convención Constituyente, órgano que tendrá su sede donde está emplazado el recinto de la Legislatura.
En el edificio, ubicado al lado de la escuela Sarmiento, también funcionarán las comisiones permanentes de la Asamblea reformista. Para tal fin serán habilitados el salón que habitualmente los legisladores utilizan como comedor durante las sesiones y una sala contigua a la presidencia. Lo propio sucederá con dos dependencias que pertenecen al archivo parlamentario, las que serán acondicionadas para recibir a los convencionales.
Pedido de oficinas
Hasta el viernes, sólo José Páez (ASI) había solicitado oficinas para poder trabajar. La Legislatura no cuenta con espacio físico disponible para atender este requerimiento. Sin embargo, fuentes del oficialismo no descartaron que se habiliten algunas dependencias en la Caja Popular de Ahorros, tal como sucedió durante la Convención de 1990. Tampoco está descartado el alquiler de algunos locales, aunque esto está limitado por la disponibilidad de recursos.
En el reglamento interno, que será aprobado mañana, se pone en potestad del presidente todo lo vinculado a la administración del cuerpo, y se crea la figura del secretario ad hoc de la Convención. Este ejercerá la superintendencia de los funcionarios y empleados afectados al desarrollo del debate reformista. En referencia a las oficinas, se prevé que cada bloque dispondrá de las dependencias adecuadas dentro de las opciones disponibles.
Fechas comprometidas
El desarrollo de la Convención obligará a aceitar la programación de actividades en la Legislatura. Está previsto que este cuerpo vuelva a sesionar el lunes 27, por lo que la Asamblea no podrá ser citada para ese día. Tampoco podrá hacerlo el 1 de abril, cuando se realizará el acto de apertura del período ordinario de sesiones, con la presencia del gobernador. Con la labor de comisiones no habrá mayores dificultades, aunque también tendrán que ajustarse horarios y fechas. La mayoría del personal administrativo del Parlamento está afectada a tareas vinculadas a la reforma constitucional.
En una nota enviada al titular de la Convención, Diego Eduardo Vals y Eduardo Fernández, secretario y presidente del colegio con sede en Concepción, definieron fundamental prestar oídos a los planteos de todos los sectores de la sociedad.
“Los proyectos deberán abordar temas específicos, promover el debate y alentar acuerdos que se orienten a la presentación de propuestas concretadas y consensuadas. Tendrán además, el carácter de no vinculantes aunque deberían ser conocidas por todos los convencionales”, manifestaron los abogados del sur.
Vals y Fernández intentaron quitarle tensión político al debate abierto desde el lunes pasado. “Frente a quienes alientan relaciones de confrontación, los letrados de la comunidad sureña convocamos a estrechar vínculos de cooperación, sin deponer las naturales diferencias políticas, pero asumiendo el desafío de servir a la gente”, dice la misiva que fue girada a Olijela Rivas, presidenta provisoria del cuerpo.
Limitaciones
El dictamen de la mayoría en la comisión de reglamento no prevé que particulares puedan presentar proyectos para debate de la Asamblea. Los únicos habilitados para impulsar iniciativas son los convencionales, los que deben cumplir pautas estrictas para la su presentación.
En el edificio, ubicado al lado de la escuela Sarmiento, también funcionarán las comisiones permanentes de la Asamblea reformista. Para tal fin serán habilitados el salón que habitualmente los legisladores utilizan como comedor durante las sesiones y una sala contigua a la presidencia. Lo propio sucederá con dos dependencias que pertenecen al archivo parlamentario, las que serán acondicionadas para recibir a los convencionales.
Pedido de oficinas
Hasta el viernes, sólo José Páez (ASI) había solicitado oficinas para poder trabajar. La Legislatura no cuenta con espacio físico disponible para atender este requerimiento. Sin embargo, fuentes del oficialismo no descartaron que se habiliten algunas dependencias en la Caja Popular de Ahorros, tal como sucedió durante la Convención de 1990. Tampoco está descartado el alquiler de algunos locales, aunque esto está limitado por la disponibilidad de recursos.
En el reglamento interno, que será aprobado mañana, se pone en potestad del presidente todo lo vinculado a la administración del cuerpo, y se crea la figura del secretario ad hoc de la Convención. Este ejercerá la superintendencia de los funcionarios y empleados afectados al desarrollo del debate reformista. En referencia a las oficinas, se prevé que cada bloque dispondrá de las dependencias adecuadas dentro de las opciones disponibles.
Fechas comprometidas
El desarrollo de la Convención obligará a aceitar la programación de actividades en la Legislatura. Está previsto que este cuerpo vuelva a sesionar el lunes 27, por lo que la Asamblea no podrá ser citada para ese día. Tampoco podrá hacerlo el 1 de abril, cuando se realizará el acto de apertura del período ordinario de sesiones, con la presencia del gobernador. Con la labor de comisiones no habrá mayores dificultades, aunque también tendrán que ajustarse horarios y fechas. La mayoría del personal administrativo del Parlamento está afectada a tareas vinculadas a la reforma constitucional.
Desde el sur, piden que se eviten las rencillas
El Colegio de Abogados del Sur reclamó que el reglamento de la Convención contemple la participación de las organizaciones intermedias en el debate reformista. La entidad profesional propuso que, durante los días en los que no se realicen sesiones ordinarias, se habilite el recinto de la Legislatura para que se difundan y debatan los proyectos aportados por la sociedad tucumana.En una nota enviada al titular de la Convención, Diego Eduardo Vals y Eduardo Fernández, secretario y presidente del colegio con sede en Concepción, definieron fundamental prestar oídos a los planteos de todos los sectores de la sociedad.
“Los proyectos deberán abordar temas específicos, promover el debate y alentar acuerdos que se orienten a la presentación de propuestas concretadas y consensuadas. Tendrán además, el carácter de no vinculantes aunque deberían ser conocidas por todos los convencionales”, manifestaron los abogados del sur.
Vals y Fernández intentaron quitarle tensión político al debate abierto desde el lunes pasado. “Frente a quienes alientan relaciones de confrontación, los letrados de la comunidad sureña convocamos a estrechar vínculos de cooperación, sin deponer las naturales diferencias políticas, pero asumiendo el desafío de servir a la gente”, dice la misiva que fue girada a Olijela Rivas, presidenta provisoria del cuerpo.
Limitaciones
El dictamen de la mayoría en la comisión de reglamento no prevé que particulares puedan presentar proyectos para debate de la Asamblea. Los únicos habilitados para impulsar iniciativas son los convencionales, los que deben cumplir pautas estrictas para la su presentación.








