La decisión cayó como un balde de agua fría entre los gremios estatales. Ninguno esperaba que el PE elevara a $ 9.000 el tope salarial para sus funcionarios, pero todos reaccionaron rápidamente para exigir igual trato para con el resto del personal de la administración pública.
Dirigentes de distintos sectores advirtieron que el Gobierno tendrá que disponer el blanqueo de las cifras no remunerativas con las que se viene pagando parte de los salarios a los estatales . Advierten que está será la única forma de evitar que la sensación de injusticia se instale en las reparticiones públicas.
Isabel Ruiz, secretaria general de APEM, advirtió que medidas de este tipo generan resentimiento. “Los docentes tenemos que estar regateando permanentemente para que nos reconozcan nuestro trabajo y otros privilegiados obtienen beneficios extraordinarios de un plumazo. Es muy in justo˝,planteó.
César Zelarayán (ATEP) aseguró que se profundizará la desigualdad en la escala salarial de los trabajadores estatales. “Los maestros cobran parte de sus sueldos con vales alimentarios. El trato debería ser igualitario y los funcionarios tendrían que tener un criterio más solidario al momento de tomar este tipo de decisiones”, se lamentó.
Desde otro sector docente, Carlos Arnedo (UDT) se sumó a las críticas contra el incremento salarial concedido por el Ejecutivo a sus ministros y secretarios. “Se está consolidando un modelo con funcionarios ricos y trabajadores empobrecidos. La mejora salarial autorizada por el gobernador llega al 50%, cuando a los maestros les robaron parte de sus haberes para justificar una presunta mejora en sus ingresos. Es vergonzozo”, insistió el dirigente.
Buen argumento
Luis Arroyo (ATE) calificó de positiva a la decisión del Gobierno. “Esto demuestra que hay plata y que para incrementar salarios no hace falta un permiso de la Nación. El Ministerio de Gobierno se había comprometido a crear una comisión para discutir el tema en la segunda quincena de marzo. Ahora tenemos un buen argumento para justificar nuestros planteos˝, dijo.
Luis Albornoz (UPCN) advirtió que el decreto firmado por Alperovich deja muchas dudas. “¿Qué pasará con los directores y con los ítems que se vienen pagando en negro?”, se preguntó.
El sindicalista informó que esta semana solicitarán una nueva audiencia para discutir el blanqueo de las cifras no remunerativas. “El PE debe entender que esto no es sólo un problema de los trabajadores en actividad. También están involucrados los jubilados estatales”, manifestó.
Al igual que en Tucumán, la decisión se adoptó en un intento por blanquear la escala salarial poscrisis de los integrantes del Poder Ejecutivo.
La retribución mensual y por todo concepto que percibirá el jefe de Estado quedó establecida en el decreto nacional 685. El tope salarial anterior había sido fijado, en 2002, durante el fugaz paso por la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, en un intento por contener el gasto público tras la crisis socioeconómica de fines de 2001. Hace dos años, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, fue el encargado de justificar el incremento salarial del 100% para el personal político del Estado (sin contar los $ 2.000 que se perciben en concepto de desarraigo para funcionarios domiciliados fuera de la Capital Federal).
En aquella oportunidad, Fernández dijo a la prensa que se trataba de corregir el ingreso. “Seis mil pesos es una suma con la que se puede vivir tranquilamente”, acotó.
Posteriormente, otras provincias imitaron la decisión presidencial, reajustando los salarios de los funcionarios. A fines del año pasado, lo hicieron Córdoba (un incremento del 100%), Entre Ríos (45%) y Buenos Aires (11%).
Dirigentes de distintos sectores advirtieron que el Gobierno tendrá que disponer el blanqueo de las cifras no remunerativas con las que se viene pagando parte de los salarios a los estatales . Advierten que está será la única forma de evitar que la sensación de injusticia se instale en las reparticiones públicas.
Isabel Ruiz, secretaria general de APEM, advirtió que medidas de este tipo generan resentimiento. “Los docentes tenemos que estar regateando permanentemente para que nos reconozcan nuestro trabajo y otros privilegiados obtienen beneficios extraordinarios de un plumazo. Es muy in justo˝,planteó.
César Zelarayán (ATEP) aseguró que se profundizará la desigualdad en la escala salarial de los trabajadores estatales. “Los maestros cobran parte de sus sueldos con vales alimentarios. El trato debería ser igualitario y los funcionarios tendrían que tener un criterio más solidario al momento de tomar este tipo de decisiones”, se lamentó.
Desde otro sector docente, Carlos Arnedo (UDT) se sumó a las críticas contra el incremento salarial concedido por el Ejecutivo a sus ministros y secretarios. “Se está consolidando un modelo con funcionarios ricos y trabajadores empobrecidos. La mejora salarial autorizada por el gobernador llega al 50%, cuando a los maestros les robaron parte de sus haberes para justificar una presunta mejora en sus ingresos. Es vergonzozo”, insistió el dirigente.
Buen argumento
Luis Arroyo (ATE) calificó de positiva a la decisión del Gobierno. “Esto demuestra que hay plata y que para incrementar salarios no hace falta un permiso de la Nación. El Ministerio de Gobierno se había comprometido a crear una comisión para discutir el tema en la segunda quincena de marzo. Ahora tenemos un buen argumento para justificar nuestros planteos˝, dijo.
Luis Albornoz (UPCN) advirtió que el decreto firmado por Alperovich deja muchas dudas. “¿Qué pasará con los directores y con los ítems que se vienen pagando en negro?”, se preguntó.
El sindicalista informó que esta semana solicitarán una nueva audiencia para discutir el blanqueo de las cifras no remunerativas. “El PE debe entender que esto no es sólo un problema de los trabajadores en actividad. También están involucrados los jubilados estatales”, manifestó.
Hacia fines del año pasado, algunas provincias aplicaron reajustes
El 1 de junio de 2004, el presidente Néstor Kirchner elevó de $ 3.000 a $ 6.000 el tope salarial para los funcionarios que ocupan cargos políticos en la administración nacional, incluyendo al vicepresidente. Al igual que en Tucumán, la decisión se adoptó en un intento por blanquear la escala salarial poscrisis de los integrantes del Poder Ejecutivo.
La retribución mensual y por todo concepto que percibirá el jefe de Estado quedó establecida en el decreto nacional 685. El tope salarial anterior había sido fijado, en 2002, durante el fugaz paso por la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, en un intento por contener el gasto público tras la crisis socioeconómica de fines de 2001. Hace dos años, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, fue el encargado de justificar el incremento salarial del 100% para el personal político del Estado (sin contar los $ 2.000 que se perciben en concepto de desarraigo para funcionarios domiciliados fuera de la Capital Federal).
En aquella oportunidad, Fernández dijo a la prensa que se trataba de corregir el ingreso. “Seis mil pesos es una suma con la que se puede vivir tranquilamente”, acotó.
Posteriormente, otras provincias imitaron la decisión presidencial, reajustando los salarios de los funcionarios. A fines del año pasado, lo hicieron Córdoba (un incremento del 100%), Entre Ríos (45%) y Buenos Aires (11%).
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