Aseguran que es ilegal la concesión de 200 maquinitas

La concesión directa otorgada por el Estado a la empresa Iviza SA, para que refaccione el Casino a cambio de la explotación de 200 tragamonedas, aparece envuelta en un conflicto que involucra a funcionarios, a dirigentes gremiales y a empresarios. El presidente de la cordobesa Video Drome SA, Jorge San Martín, denunció que el proyecto de Iviza SA, autorizado por la Caja Popular de Ahorros (CPA) en diciembre, es similar al que su firma presentó en octubre.
Fundó su planteo en un acta compromiso firmada el 28 de octubre con el secretario adjunto de la Asociación de Empleados del Casino, Jorge Guillermo Avellaneda. En una carta documento enviada al interventor de la CPA, Osvaldo Jaldo, San Martín asegura que las autoridades provinciales estaban al tanto del preacuerdo entre Video Drome SA y los trabajadores.
"Siguiendo los lineamientos que le dio el Poder Ejecutivo a la asociación, respecto de la búsqueda de una empresa, se había seleccionado a nuestra empresa. La asociación le hizo conocer un proyecto de inversión de mi representada, consistente tanto en el remozamiento del inmueble como en la introducción de equipos de máxima tecnología para la explotación de juegos de azar electrónicos", adujo San Martín.
Aseguró que el proyecto en ejecución por Iviza SA se basa en la iniciativa por él presentada. "Es prácticamente igual al proyecto propuesto por nosotros y la asociación. Entendemos, desde el punto de vista jurídico, que esta elección se encuentra viciada de nulidad porque esboza un claro apartamiento de los sistemas naturales de contratación del Estado y fue consumada con una celeridad digna de un estado de emergencia. Mi parte no ahorrará esfuerzos en demostrar la ilegalidad de la adjudicación", aseguró.
La Caja Popular, en tanto, desestimó las críticas de Video Drome SA mediante carta documento. "Atento a la inexistencia de compromiso legal, acuerdo preliminar o precontractual con la CPA, la intimación es improcedente, falaz y maliciosa. Asimismo, desconocemos la autenticidad, la legitimidad, la veracidad y el contenido de cualquier acta suscrita con la Asociación de Empleados del Casino", expresó.
Consultado, Jaldo reconoció la intimación recibida, pero sostuvo que de manera institucional nunca se tuvo en cuenta un proyecto presentado por Video Drome SA. "Ya rechazamos legal y administrativamente los planteos", respondió. El funcionario recordó, además, que la CPA posee la potestad absoluta para la administración, la explotación y la autorización de toda actividad lúdica.