Por Redacción Política
19 Marzo 2006
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La investigación sumaria que lleva adelante el fiscal federal Carlos Brito en el juzgado de Felipe Terán está próxima a concluir. La labor está centrada en el caso de Yolanda Borquez, jubilada que gestionó el cobro excepcional de títulos públicos en default, que fue primero autorizado y luego bloqueado por el magistrado, ante un reclamo del Ministerio de Economía de la Nación. La suma final rondaba los U$S 5 millones.
El expediente en poder de Brito tiene ya tres cuerpos y fue iniciado por tentativa de defraudación en perjuicio del Estado nacional (ya el que cobro no llegó a concretarse). Es el caso más avanzado de los ocho que tiene bajo estudio, que abarcan tanto el juzgado de Terán como el de Jorge Parache.
Si bien el caso Borquez es el primero en haber sido abierto y el más avanzado, los otros trámites que están siendo analizados son previos en el tiempo de su ejecución original. Incluso, se completó el circuito y los demandantes (todos serían casos de personas de edad avanzada) llegaron a cobrar en dólares billetes sus títulos públicos, por montos menores a los U$S 500.000. Por ello, por medio de una investigación preliminar se intenta determinar si se cometió el delito de defraudación consumada contra el Estado.
A partir del episodio Borquez, se iniciaron acciones también en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que incluyó una auditoría sobre 112 expedientes. Precisamente, Terán deberá concurrir el jueves a la comisión de Acusación de ese organismo a efectuar su descargo (tiene la opción de hacerlo por escrito o por medio de un abogado).
El magistrado solicitó una prórroga de esta audiencia, pero fue rechazada por la comisión. Su presidente, el diputado radical Federico Storani, confirmó que se quiere determinar si hubo alguna clase de irregularidad. Para ello, podrían contar incluso con lo actuado por Brito.
El juez federal sigue ejerciendo todas sus potestades y está al frente de causas resonantes, como la presunta existencia de restos de detenidos desaparecidos en el llamado Pozo de Vargas (ver información en página 14).
El expediente en poder de Brito tiene ya tres cuerpos y fue iniciado por tentativa de defraudación en perjuicio del Estado nacional (ya el que cobro no llegó a concretarse). Es el caso más avanzado de los ocho que tiene bajo estudio, que abarcan tanto el juzgado de Terán como el de Jorge Parache.
Si bien el caso Borquez es el primero en haber sido abierto y el más avanzado, los otros trámites que están siendo analizados son previos en el tiempo de su ejecución original. Incluso, se completó el circuito y los demandantes (todos serían casos de personas de edad avanzada) llegaron a cobrar en dólares billetes sus títulos públicos, por montos menores a los U$S 500.000. Por ello, por medio de una investigación preliminar se intenta determinar si se cometió el delito de defraudación consumada contra el Estado.
A partir del episodio Borquez, se iniciaron acciones también en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que incluyó una auditoría sobre 112 expedientes. Precisamente, Terán deberá concurrir el jueves a la comisión de Acusación de ese organismo a efectuar su descargo (tiene la opción de hacerlo por escrito o por medio de un abogado).
El magistrado solicitó una prórroga de esta audiencia, pero fue rechazada por la comisión. Su presidente, el diputado radical Federico Storani, confirmó que se quiere determinar si hubo alguna clase de irregularidad. Para ello, podrían contar incluso con lo actuado por Brito.
El juez federal sigue ejerciendo todas sus potestades y está al frente de causas resonantes, como la presunta existencia de restos de detenidos desaparecidos en el llamado Pozo de Vargas (ver información en página 14).
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