Cuatro de los cinco vocales de la Corte Suprema de Justicia (René Mario Goane, Antonio Gandur, Héctor Eduardo Area Maidana y Alberto José Brito) estudian si el alto tribunal es competente para entender en la acción de amparo que dedujo la ex camarista penal Alicia Freidenberg. La abogada pretende que la repongan en el cargo de vocal de la sala VI de la Cámara Penal, pues considera que la Legislatura la destituyó en forma arbitraria e ilegal el 13 de enero.
Con el patrocinio de los abogados Julio Rougés y José Agustín Ferrari, Freidenberg presentó la demanda el 6 de este mes. Inmediatamente, el escrito fue girado al ministro fiscal de la Corte Suprema de la provincia, Luis de Mitri, para que se pronuncie acerca de la competencia del tribunal para actuar en la causa. Pero De Mitri se excusó, como consecuencia del fuerte cruce que había mantenido con la ex camarista en diciembre.
Freidenberg había calificado de "mentiroso", "irresponsable" y "desgraciado" el informe que De Mitri había efectuado sobre los permisos de salida (de la cárcel) concedidos a Alberto Tolosa, que desencadenaron el juicio político en su contra, durante el cual De Mitri declaró por escrito, al igual que el presidente de la Corte, Alfredo Dato (por eso también se excusó). Tolosa, que había sido condenado a prisión perpetua por el asesinato del remisero Luis Cisterna, aprovechó una de las salidas y se fugó.
Maraña procesal
Como De Mitri se excusó, la causa pasó a manos de la fiscal de Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo, Elena Sangenis de Terraf, que aconsejó que la Corte se avoque a estudiar la demanda deducida por Freidenberg. En su dictamen, que no es vinculante, la funcionaria judicial argumentó que el artículo 4 del Código Procesal Constitucional (CPC) establece que el alto tribunal tiene competencia exclusiva para entender en las acciones de amparo entabladas contra actos lesivos del Poder Legislativo.
Los cuatro vocales de la Corte, menos Dato, que se excusó, ahora analizan la sugerencia de Sangenis de Terraf o si deben girar la causa a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Si el alto tribunal se declara competente, tendrá que estudiar el fondo de la cuestión. Freidenberg requirió ser restituida, pero para que ello fuera posible pidió que previamente sea declarado inconstitucional el artículo 51 del CPC. Este declara improcedente la acción de amparo contra las decisiones del Tribunal Juzgador de la Legislatura en los juicios políticos.
Con el patrocinio de los abogados Julio Rougés y José Agustín Ferrari, Freidenberg presentó la demanda el 6 de este mes. Inmediatamente, el escrito fue girado al ministro fiscal de la Corte Suprema de la provincia, Luis de Mitri, para que se pronuncie acerca de la competencia del tribunal para actuar en la causa. Pero De Mitri se excusó, como consecuencia del fuerte cruce que había mantenido con la ex camarista en diciembre.
Freidenberg había calificado de "mentiroso", "irresponsable" y "desgraciado" el informe que De Mitri había efectuado sobre los permisos de salida (de la cárcel) concedidos a Alberto Tolosa, que desencadenaron el juicio político en su contra, durante el cual De Mitri declaró por escrito, al igual que el presidente de la Corte, Alfredo Dato (por eso también se excusó). Tolosa, que había sido condenado a prisión perpetua por el asesinato del remisero Luis Cisterna, aprovechó una de las salidas y se fugó.
Maraña procesal
Como De Mitri se excusó, la causa pasó a manos de la fiscal de Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo, Elena Sangenis de Terraf, que aconsejó que la Corte se avoque a estudiar la demanda deducida por Freidenberg. En su dictamen, que no es vinculante, la funcionaria judicial argumentó que el artículo 4 del Código Procesal Constitucional (CPC) establece que el alto tribunal tiene competencia exclusiva para entender en las acciones de amparo entabladas contra actos lesivos del Poder Legislativo.
Los cuatro vocales de la Corte, menos Dato, que se excusó, ahora analizan la sugerencia de Sangenis de Terraf o si deben girar la causa a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Si el alto tribunal se declara competente, tendrá que estudiar el fondo de la cuestión. Freidenberg requirió ser restituida, pero para que ello fuera posible pidió que previamente sea declarado inconstitucional el artículo 51 del CPC. Este declara improcedente la acción de amparo contra las decisiones del Tribunal Juzgador de la Legislatura en los juicios políticos.







